Respecto a la resolución informada por el Poder Judicial de la Federación de los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 de un Tribunal Colegiado sobre el caso Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) manifiesta:

La PGR no ha sido notificada hasta este momento; sin embargo, realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho.

No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación.

Respecto a las acusaciones de tortura, la Procuraduría, a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas Carpetas de Investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los Derechos Humanos y el debido proceso.