La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), participó en el lanzamiento nacional del informe “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México” realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) México, que tiene como objetivo visibilizar los costos del embarazo en adolescente para la sociedad y el gobierno.

Durante la presentación del documento, la secretaria general del Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez, anunció que, con la finalidad de atender el embarazo en la adolescencia, se trabaja en una segunda fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) basada en los avances actuales y recomendaciones de una evaluación externa realizada por consultoras expertas del Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial) de la Unión Europea, que incluye un nuevo andamiaje institucional, ejes de acción más articuladores y territorializados, a fin de lograr mejores resultados y ajustarse a las prioridades de la nueva administración.

 

La titular del consejo informó que la dependencia a su cargo se ha dado la tarea de estimar el número de adolescentes entre 15 y 19 años que podrían presentar necesidades insatisfechas de anticoncepción, así como estimaciones para proyectar el impacto de la pandemia en la fecundidad en general y de este sector. De tal manera que, en un escenario moderado, de incremento del 20 por ciento, potencialmente se sumarían 145 mil 719 embarazos no deseados adicionales, y 21 mil 575 jóvenes menores de 19 años.

 

Además, refrendó el compromiso del Gobierno de México para defender los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, incluido el derecho a recibir una educación integral en sexualidad establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el apoyo que se brinda a las y los jóvenes a través de las Becas Benito Juárez para que puedan continuar con sus estudios.

 

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, detalló que en el Proigualdad 2020-2024, hoja de ruta para articular los esfuerzos y trabajos de toda la Administración Pública Federal (APF) en materia de igualdad de género, ha quedado establecido como uno de sus objetivos prioritarios mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derecho.

 

Señaló que es fundamental trabajar en la educación integral en sexualidad, adecuar contenidos para fortalecer las capacidades de autocuidado y autonomía de las niñas en las escuelas, impulsar estrategias para fomentar que las adolescentes, jóvenes madres y embarazadas continúen sus estudios, y generar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 

En su oportunidad, la directora de Planificación Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), Yolanda Varela Chávez, agregó que los Servicios Amigables para Adolescentes se encuentran disponibles en las 32 entidades federativas y buscan nuevas formas para llegar a este grupo de la población al fortalecer los servicios de tele-medicina, con un enfoque particular para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS).

 

Mencionó la importancia de visibilizar el impacto que tiene el embarazo en niñas de 10 a 14 años, dado que en este grupo etario es resultado de violación sexual.

 

 

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Boletín No. 270/2020