El marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es momento para visibilizar a las niñas y las adolescentes, y robustecer la percepción de su condición de personas con derechos humanos que el Estado debe garantizar y proteger frente a las situaciones conflictivas de vida y desarrollo que a diario enfrentan en sus ámbitos familiares, comunidades y escuelas.
Durante décadas la situación de niñas y adolescentes fue objeto de olvido y negligencia oficial, pero en años recientes se abrió paso un cambio cultural que en el marco del reconocimiento de su necesidad de justicia y respeto frente a las condiciones que les impiden vivir una vida en libertad, equipara a la niñez y adolescencia femeninas con las mujeres adultas.
El proceso de garantía institucional de los derechos humanos de niñas y adolescentes se aceleró a partir de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014, que mandata la creación de un Sistema de Sistemas integrado por personas funcionarias en los tres niveles de gobierno, por representantes de la sociedad civil y por quienes son expertas en el tema, a fin de generar políticas públicas necesarias para garantizar su atención integral en temas como salud, educación, vida libre de violencias, lucha contra la pobreza y no discriminación por razones de género, entre otras.
Desde la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en 2015, articulado por su Secretaría Ejecutiva, adscrita a la Secretaría de Gobernación, se ha subrayado la magnitud de los retos a enfrentar que han derivado del rezago ancestral que sufre este sector de la población, y se ha insistido en que la experiencia demuestra que el esfuerzo interinstitucional es mucho más eficiente cuando los acuerdos y los compromisos se asumen desde las más altas esferas de decisión política y después permean a las autoridades de primer contacto en territorio.
En el tema de violencia, actos como lo son el acoso sexual, el feminicidio, la trata de personas, las desapariciones, la pobreza y la discriminación por razones de género -entre otros-, se han incrementado en perjuicio de las niñas y las adolescentes y, por ello, desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema nacional se insiste en la necesidad de que las actividades interinstitucional e intersectorial se desarrollen con la adecuada coordinación y articulación, así como a través de las 32 Secretarías Ejecutivas estatales y las 1,855 municipales instaladas, lo que ha hecho eficiente la aplicación de Plan de Acción de México 2019-2024 en la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez en gran parte de las comunidades municipales.
Para el fortalecimiento de la protección y garantía de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por su condición de género, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna nacional articula el esfuerzo diario por convertir todas las políticas en acciones que se apliquen en territorio, por demostrar con experiencia que ese es el mejor medio para revertir los rezagos y las brechas que por décadas las han afectado.