Quiero empezar por agradecer al senador Guillermo Tamborrel, por permitir este espacio de análisis y reflexión sobre la situación actual y los desafíos en materia de políticas públicas, que se presentan hoy con los Adultos Mayores en México.

Este foro representa una oportunidad para sumar esfuerzos como sector público y generar acuerdos y estrategias a nivel local y nacional, sobre el nuevo panorama demográfico que enfrenta nuestro país, que es el envejecimiento de la población.

En México hemos tenido avances en materia de políticas públicas, planes y programas enfocados a la protección de las personas adultas mayores, en ámbitos en los que se encuentran vulnerables. La mayor parte de las acciones se encaminan a establecer la igualdad en el ejercicio de derechos, tanto en la salud, como en seguridad económica y en general, a su bienestar y calidad de vida.

La institucionalización de la temática de la población adulta mayor en México se remonta a 1979, cuando se crea el Instituto Nacional de la Senectud, mejor conocido como INSEN. Posteriormente, en el año 2002, cambia su nombre a INAPLEN, Instituto Nacional de las Personas en Plenitud, y se incorpora a la Secretaría de Desarrollo Social, como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En ese mismo año se da un paso importante en materia legislativa, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, mediante la cual se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, al que se le confiere la rectoría de las políticas públicas para la atención específica a la población de 60 años de edad o más.

El INAPAM se crea con el objeto general de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas que repercuten directamente a este sector de la población.

Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores proporcionó al Instituto la autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Sin embargo, en materia jurídica tenemos como meta este año constituir, terminar el trabajo del Reglamento de dicha Ley, que provea los lineamientos y los ordenamientos legales para el aseguramiento del ejercicio efectivo de los Derechos de los Adultos Mayores.

Cabe destacar, que el avance en materia legislativa fue fundamental, porque se establecieron las obligaciones del Estado y del resto de la sociedad, para progresar en el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores.

En este sentido, en INAPAM estamos trabajando en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para el diseño del Programa Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objeto de garantizar que los adultos mayores conozcan y puedan ejercer plenamente sus derechos.

Este programa plantea la posibilidad de conformar grupos de adultos que sean voceros y difusores de sus propios derechos, entre los adultos mayores.

Desde su creación el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha impulsado acciones que fomentan el desarrollo integral de las personas adultas mayores y su participación e inclusión en la esfera económica y social de la vida colectiva.

No obstante, la acelerada transición demográfica hacia el fenómeno del envejecimiento de la población impone enormes retos y desafíos, no sólo para el Estado mexicano, sino para la sociedad civil en general.

Y esta Reforma que el diputado Emilio nos ha reiterado es necesario que sea aprobada en este Senado.

El envejecimiento poblacional es resultado del desarrollo de las ciencias médicas y sus efectos en el mejoramiento de la salud de las personas, reducción de la mortalidad y aumento de la expectativa de vida, así como de transformaciones socioculturales que explican la reducción de las tasas de natalidad y de fecundidad.

De acuerdo con cifras del INEGI, viven en México 10.8 millones de adultos mayores y según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en el año 2050, el 30% de la población mexicana será adulta mayor.

Estamos hablando de más del triple en los próximos 40 años.

Es importante considerar que el envejecimiento de la población en nuestro país aumenta dentro de un contexto caracterizado por crisis económica, desigualdad social, una creciente participación en el mercado informal de trabajo y una baja cobertura de los sistemas de protección social.

Por tanto, uno de los principales retos de nuestro país consiste en adoptar políticas públicas que se adecúen y respondan al nuevo panorama demográfico.

Desde esta perspectiva, es importante señalar cuatro ejes que determinan la situación actual y los desafíos que presenta el Estado mexicano en temas de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores.

Primer eje: CULTURA DEL ENVEJECIMIENTO.

En el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores estamos promoviendo y trabajando para construir una Cultura del Envejecimiento, específicamente para resarcir las diferencias sociales marcadas por la edad y combatir el desprecio, el despojo y la segregación del adulto mayor, que desafortunadamente sigue existiendo en el país.

La construcción de una cultura del envejecimiento hace alusión al predominio de la educación, la protección, la comprensión, el cariño, la aceptación, el respeto y la dignificación de las personas adultas mayores, en el marco de una relación intergeneracional.

En este sentido, uno de los grandes desafíos nacionales que corresponde a todas las dependencias de gobierno, empresas y sociedad civil, es atender la construcción de una nación con cabida para todos, donde las personas independientemente de su edad o de otras diferencias sociales, tengan las mismas oportunidades para hacer efectivo el pleno respeto y ejercicio de sus Derechos Humanos y libertades fundamentales.

Esta Cultura del Envejecimiento plantea el reto de promover y ejecutar políticas públicas que tengan la capacidad de conciliar las necesidades e intereses de los adultos mayores con todos los demás grupos de la sociedad para avanzar hacia una plena integración social. Es importante que pensemos a largo y mediano plazo, si sembramos semillas de igualdad, de equidad, de dignidad y de respeto, las nuevas generaciones de adultos mayores cosecharán una mejor calidad de vida.

Segundo eje: SEGURIDAD ECONÓMICA.

La política dirigida a los adultos mayores respecto al tema de seguridad económica, como un componente fundamental de su calidad de vida, representa uno de los principales retos, si no es que el principal.

En este sentido, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores coordina, promueve y ejecuta acciones para sensibilizar a las empresas en materia laboral para la contratación de personas adultas mayores.

Del año pasado a la fecha hemos conseguido más de 11 mil 500 empleos para personas adultas mayores en el Inapam.

Desde el año 2007, existe un incentivo fiscal para aquellas empresas que contratan adultos mayores y consiste en la deducción adicional a las previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permite disminuir de los ingresos del contribuyente un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a los adultos mayores.

Hemos hablado y establecido relación con varias empresas que hoy nos ofertan empleos para adultos mayores y muchas de ellas, aún conociendo que pueden tener una ventaja fiscal para hacerlo, valoran muchísimo más la experiencia, el respeto, la generosidad, la respuesta de un adulto mayor cuando se le da la oportunidad de sentirse útil, que las ventajas fiscales que puedan obtener.

Asimismo, a través del Fondo “Tercera Llamada” el INAPAM otorga apoyos económicos para proyectos productivos a fin de promover y fomentar el auto-empleo para generar mejores y mayores ingresos económicos a la población adulta mayor con iniciativa.

Se han implementado cursos de capacitación en coordinación con otras instituciones públicas, como Nacional Financiera (NAFIN) y Financiera Rural, con el objetivo de proporcionar elementos necesarios para que las personas adultas puedan administrar mejor su dinero, elaborar un plan de negocios o en otros casos, iniciar algún proyecto de desarrollo económico.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Instituto celebra convenios con empresas y prestadores de servicios para obtener descuentos y beneficios a favor de la economía de las personas adultas mayores.

De la misma manera, se realiza año con año la Expo INAPAM Empleo y Servicios para las Personas Adultas Mayores. Este evento tiene como propósito ofrecer vacantes y nuevas oportunidades de re inserción al mercado laboral.

Todas estas acciones contribuyen en gran manera a la protección de la seguridad económica de los adultos mayores. No obstante, las cifras que arroja el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, nos alertan que todavía hay mucho trabajo por hacer.

El informe indica que 43% de la población adulta mayor viven en pobreza de moderada a extrema y que 8 de cada 10 adultos mayores tienen alguna carencia social, pero 4 de cada 10 ya viven en esa condición.

Asimismo, el INEGI presenta en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre del 2010, que 2 millones 252 mil personas de la población adulta mayor en México laboran en el sector informal y tan sólo 1 un millón 458 mil pertenecen al sector formal del mercado laboral.

Aunado a ello, la baja cobertura de los sistemas de protección social nos exige reformular mecanismos de provisión económica que garanticen ingresos para todos y un nivel de vida digno. Y no me refiero únicamente a generar políticas encaminadas a mejorar los niveles de cobertura de los sistemas de pensiones; sino a la capacidad de ampliar la base contributiva a través de la creación de empleos y la prolongación de la vida laboral de los adultos mayores.

Tercer eje, ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

La promoción de la salud constituye una de las estrategias de mayor impacto en la mejora de la calidad de vida de la población adulta mayor. En INAPAM coordinamos y ejecutamos acciones que fomentan el envejecimiento activo, el cual se refiere al proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental con el objeto de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez.

Anualmente se celebran Encuentros Deportivos y Culturales en los municipios, estados y a nivel nacional, con el propósito de estimular y activar la capacidad psicomotriz y favorecer la condición corporal de los adultos mayores que participan.

Además, en cumplimiento a la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, el INAPAM promueve la formación de Clubes y Centros Culturales con la finalidad de generar espacios de participación y fomentar la organización y capacitación de los adultos mayores, al tiempo que propicia su permanencia activa en la comunidad.

No obstante,-mi querido Senador, Diputado, les pido su apoyo- el presupuesto que hasta hoy se ha asignado en materia de promoción de la salud para adultos mayores no ha sido suficiente. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, menos del 2% de los países latinoamericanos incluyen en sus metas la promoción de la salud para la población de 60 años y más.

Por esta razón, uno de los principales retos que enfrenta México es el desarrollo de una estrategia nacional que impulse la responsabilidad propia del adulto mayor y de la sociedad en general, en el cuidado de su salud. Cabe destacar, que la implementación de políticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en nuestro país, traerá consigo un significativo ahorro para los sistemas de salud y una mejora en la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Cuarto eje: RETOS EN MATERIA LEGISLATIVA

Otro de los desafíos más importantes en tema de Derechos Humanos de los adultos mayores, es que las normas legales que los protegen, no siempre se traducen en una cobertura real.

Si bien los derechos de la vejez han sido reconocidos dentro de un marco jurídico, lo cierto es que existe una amplia brecha entre la situación de jure y de facto, que obedece en parte a la inexistencia de mecanismos de exigibilidad.

Por otro lado, la exigibilidad también depende del presupuesto público, ya que en la legislación existente, no se hace alusión de las fuentes de financiamiento para proteger los derechos reconocidos de los adultos mayores. Por esta razón se restringen las posibilidades de acción del INAPAM para ampliar los niveles de protección de los derechos en la vejez. No por ello se han incumplido las obligaciones pero si se ha limitado su alcance como órgano rector de políticas públicas a favor de los adultos mayores.

Finalmente, cabe mencionar que la superación del reto demográfico dependerá esencialmente de que logremos avanzar hacia la construcción de una sociedad más cohesionada, democrática e incluyente, donde exista una completa consideración de las necesidades de este sector de la población como un asunto de agenda nacional.

Para ello es necesario desarraigar la concepción de que los problemas de la vejez son de orden privado y empezar a tener una mayor conciencia como Nación de que los retos que impone el nuevo panorama demográfico, dependen principalmente de una labor y solidaridad colectiva.

¡Todos unidos, podemos hacer la diferencia!

Gracias.