Este suceso fue el resultado de la implementación de la Ley Expropiación de 1937 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana aplicado a las compañías petroleras extranjeras que en ese momento tenían el control de la industria petrolera.
Con este decreto estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, lo que permitió a los diferentes gobiernos tener recursos económicos adicionales a los que provienen de los impuestos, productos, derechos o aprovechamientos.
Durante estos últimos años, la industria petrolera y sus ingresos han sido la fuente principal de ingresos para las finanzas públicas y por ende el motor de la actividad económica del país.
En nuestro país, la actividad petrolera se concentra en los siguientes estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz; siendo solo tres entidades en donde se concentra mayor actividad de extracción de hidrocarburos (Campeche, Tabasco y Veracruz) y en donde se genera la mayor parte de los ingresos que anualmente se reparten entre los gobiernos locales del país.
Sin embargo, ante la caída de los precios del petróleo y para obtener resultados favorables, es necesario coordinar estrategias entre los gobiernos federales, estatales y municipales para impulsar la Reforma Energética, lo cual ayudará a aprovechar nuestros recursos energéticos de forma eficiente, sustentable a fin de crear las condiciones para el progreso y desarrollo de la población mexicana.