La fuerza y relevancia de esta segunda versión del Protocolo radica en el consenso interinstitucional de la construcción, homogeneización y utilización del concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual se diseñó tomando como referencia la normativa de origen nacional –incluido su marco jurisprudencial- e internacional.

La pertinencia y momento de elaboración de esta herramienta se enmarca en un contexto político-electoral de alta envergadura. Para 2018, los retos y desafíos de las instituciones mexicanas electorales y administrativas en sus distintos ámbitos pondrán a prueba el nuevo marco de operación y coordinación entre el ámbito local y el federal.