Las mujeres con alguna discapacidad aún viven una doble discriminación, la social y la institucional, son invisibles en las estadísticas oficiales y en las investigaciones académicas; son una población excluida y la violación a sus Derechos Humanos son una constante y más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia.
En mayo de 2008, México ratifico la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece la protección y aseguramiento de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y con la reforma de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 2011, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de género
Según datos del INEGI (2010) las mujeres con discapacidad representan el 51.1%, es decir más de la mitad de los 7.7 millones de personas con discapacidad en México.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010), el 37% de las personas entrevistadas indican que sólo en parte se respetan los derechos de las mujeres con discapacidad y el 35% de las personas entrevistadas indican que nunca se respetan los derechos de las mujeres con discapacidad.
El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, preocupado y ocupado ante esta situación que viven las niñas y mujeres con discapacidad, en el PND 2013-2018, incluye de manera transversal la equidad de género y en las líneas de acción, a las personas con discapacidad, para ir eliminando las brechas de desigualdad que aún persisten.
El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, incluye en sus líneas específicas el tema de niñas y mujeres con discapacidad y por primera vez de manera transversal, se realiza un trabajo interinstitucional para desarrollar programas y políticas públicas específicas para las niñas y mujeres con discapacidad, para difundir los derechos, desarrollar sus capacidades y habilidades para que puedan obtener un trabajo digno, atender, prevenir y eliminar la violencia que viven las niñas y mujeres con discapacidad, el acceso a la justicia con perspectiva de género y el acceso a la salud especializada.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsa un cambio de paradigma en donde las mujeres con discapacidad ya no son vistas como mujeres enfermas y dependientes, hoy son mujeres que se les reconocen sus derechos humanos.
Son pocos los avances y muy grandes los retos, pero por primera vez, se tienen políticas públicas que atienden la problemática de las niñas y mujeres con alguna discapacidad, que les permitirá tener un desarrollo en igualdad de condiciones y a obtener una mejor calidad de vida.