• Nadie debe coaccionar o condicionar la prestación de un servicio o aplicación de un programa gubernamental
Para que los servidores públicos conozcan sus responsabilidades ante la ley y las sanciones a las que podrían hacerse acreedores en caso de cometer un delito electoral, en el Registro Nacional (RAN) se llevó a cabo el curso Estrategia Protección de Recursos en Época Electoral (EPREE), impartido por personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Ante servidores públicos del RAN, el Coordinador de esta Estrategia institucional, Enrique Sanromán de la Torre, explicó que la violación de las leyes electorales considera la inhabilitación o destitución para ocupar un empleo o cargo; la imposición de 200 a 400 días de multa, así como cárcel dos a nueve años, para quien cometa cualquiera de los siguientes delitos:
1.- Coaccionar o amenazar a subordinados para asistir a mítines y otros eventos de proselitismo, o para que voten por uno u otro por un candidato, partido político o coalición
2.- Condicionar la prestación de un servicio o aplicación de un programa gubernamental con fines políticos.
3.- Destinar, utilizar o permitir la utilización de recursos públicos con fines políticos.
4.- Apoyar a partidos políticos en horario laboral.
5.- Solicitar a los subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a precandidato, candidatos políticos, coalición o agrupación política.
6.- Abstenerse de entregar sin causa justificada, información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con fines de fiscalización.
En el curso “Estrategia Protección de Recursos en Época Electoral”, se explicaron los principales cambios contemplados en la Reforma Político Electoral aprobada en 2013 y las nuevas reglas de competencia electoral.
Se hizo referencia a las acciones que desde la SEDATU se realizan a través del Comité de Seguimiento del EPREE para garantizar en tiempo y forma la suspensión de difusión de propaganda gubernamental, adelanto en la entrega de apoyos de programas sociales, suspensión de reuniones masivas, y verificación y resguardo vehicular 48 horas antes del evento, entre otras.