La construcción de presas en el planeta ha puesto en estado crítico no sólo a las principales cuencas fluviales del mundo donde han degradado la biodiversidad y la calidad del agua, sino también a las microcuencas, con los mismos resultados.
Los cinco continentes comparten experiencias similares, por lo cual también en varios países de América Latina, entre ellos México, comunidades originarias se movilizan por la defensa de sus ríos y, por añadidura, de sus territorios, de los que son despojados, y miles de personas han perdido tierras sagradas, patrimonio y cultura, al ser obligadas a migrar.
La crisis que hoy enfrentan las principales cuencas del orbe la advertía décadas atrás una veintena de naciones que convocaron en marzo de 1997 al primer Encuentro Internacional de Afectados por las Represas, en Curitiba, Brasil, y acordaron conmemorar el Día Internacional de Acción por los Ríos cada 14 de marzo.
El objetivo ha sido levantar la voz contra proyectos de gestión de agua destructivos, como las represas, recuperar el bienestar de sus cuencas hidrográficas y exigir una gestión equitativa y sostenible de sus ríos.
Hasta años recientes se pensaba en los beneficios de una presa grande, mediana o pequeña para el riego agrícola, el abastecimiento de los centros urbanos e industriales, o la generación de energía, pero nunca se previó el daño irreversible a los ecosistemas y a las comunidades originarias que perdían manantiales y ríos, y veían devastados sus bosques y selvas, perdidos sus territorios con su belleza paisajística y la biodiversidad, lo que al final se revierte contra la sociedad en su conjunto, urbana y rural.
Gustavo Castro Soto, autor de El agua y los ríos amenazados en México, advertía en 2007 que las grandes presas del país, y en general de América Latina, construidas 40 años atrás se acercaban al final de su vida, que era de 50 años, punto que los gobiernos nunca consideraron al construir una presa, y dejaron la solución a la administración que le tocara afrontarlo después.
En su libro, Castro Soto explica que el desmantelamiento de presas representa costos millonarios para eliminar tanta sedimentación que rebasa las posibilidades tecnológicas o presupuestales. Afirma que tampoco se propusieron medidas de mitigación de desastres o planes de evacuación para cuando la presa colapse. Por tanto, para el modelo de producción –que se impulsó en ese lapso-- no sólo habría que generar más presas, sino renovar las existentes.
A lo largo de los últimos decenios, nuevas voces han surgido para revertir la compleja problemática de los ríos y las presas, elefantes blancos instalados en todo el mundo, que reclaman la aplicación de alternativas viables y amigables con el medio ambiente y con las personas asentadas en los entornos riparios.
En 1985 surgió International Rivers (IR), una organización ambientalista y de derechos humanos que combate las represas destructivas y sus efectos colaterales en más de 60 países. En 2014 IR publicó El estado de los ríos del mundo, “una base de datos interactiva en línea que ilustra el papel que las represas han desempeñado para empobrecer la salud de los ríos del mundo, y cómo décadas de construcción de presas han puesto a muchas de las principales cuencas fluviales en soporte vital”.
Hacia la democratización del agua
México incursiona hoy en una nueva visión del manejo del agua y de defensa de los ríos. Víctor M. Toledo, responsable de la política ambiental del país, ha expresado: “En la Semarnat no vamos a permitir una presa más, aunque en algunos estados hay algunos intentos. Es una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Aclara que se busca concluir la construcción de las presas que ya estaban en proceso y tenían que terminarse, pero siempre con la aprobación de la ciudadanía. Hay varios casos como el de La Parota, en Guerrero, en los cuales, si la población consultada no acepta la presa, ésta no se construye, porque ya es una tecnología obsoleta.
Precisa que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que forma parte de la Semarnat, cuenta con 200 personas expertas haciendo investigación de punta para el tema del agua y para su manejo integral, que es algo totalmente diferente a las presas. Hay que captar agua de lluvia, dar preferencia al uso doméstico, a la ciudadanización del agua, y al final quedarán la industria y otros objetivos.
Otras presas o proyectos de presas en México han llevado a una amplia movilización ciudadana. Es relevante el caso de El Zapotillo, donde están frenadas las obras de construcción desde hace varios años.
En las “Jornadas hacia una Gestión Integral del Agua en Jalisco, Guanajuato y México: Alternativas para el abastecimiento del agua en sustitución de la Presa El Zapotillo”, la Semarnat participó con el propósito de demostrar la viabilidad social, ambiental y económica de alternativas para el abastecimiento del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, León y los Altos de Jalisco, en sustitución del Sistema Zapotillo -Acueducto Zapotillo León- Presa El Purgatorio. (Comunicado, 30/JUL/2019)
Se analizaron tres opciones: 1) Extracción de agua por un sistema integral de pozos: alternativa para El Zapotillo; 2) Implementación como política pública de sistemas de captación de agua de lluvia; 3) Reparación de fugas y redes de distribución del agua en la zonas metropolitanas de Guadalajara y León.
La reorientación es necesaria porque “con el avance de la tecnología una presa es una especie de mastodonte pesado que ya no funciona. Es necesario demostrar que se puede hacer una gestión integral del agua”, señala Toledo Manzur, y agrega que la Ley General del Agua no responde a las necesidades actuales del país: “Se ve claramente que enormes flujos de agua se van a la minería, al fracking, a las grandes empresas agrícolas, cerveceras, refresqueras y aquellas fábricas que buscan la plastificación de este recurso”. (Comunicado, 12/NOV/2019)
La política ambiental del gobierno de la Cuarta Transformación va dirigida hacia la democratización del agua, y la Semarnat se mantiene muy vigilante de los usos del agua en todo el país, ha expuesto, el titular de la dependencia federal, y reiterado que “la domesticación de la naturaleza nos obliga a organizarnos, a consensuar, a tomar decisiones democráticas y a generar nuevas formas de gobernanza”.
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