El ordenamiento territorial y la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de ejidos, comunidades y zonas urbanas es una tarea estratégica de primer orden que responde a los principios de honestidad y transparencia del gobierno de la República para mejorar las condiciones de la población rural y urbana de nuestro país.
En estos términos se expresó el Titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón, durante la firma del Convenio Marco de Colaboración que, en presencia del Coordinador del Sector Agrario, Román Meyer Falcón, se llevó a cabo con el Director General del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), José Alfonso Iracheta Carroll, y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez.
Este instrumento tiene por objeto establecer las bases de coordinación para reforzar las tareas de regularización, titulación y certificación de derechos de los núcleos agrarios para que quienes aún carezcan de ello, tengan certeza jurídica y seguridad documental sobre su patrimonio.
Asimismo, el convenio establece que las instituciones agrarias participarán de manera conjunta, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, en los procesos de expropiación de tierras de carácter social y en el ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares en las áreas urbanas del país.
