Comunicación Social INPI
Comunicado 09/22
Ciudad de México, a 16 de febrero 2022.
- Hace llamado a todas las fuerzas políticas, para que se asuma un compromiso colectivo y se apruebe esta reforma, porque no sólo es la palabra del Gobierno de México, sino la visión de los pueblos y comunidades.
La Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano debe concretarse en los mejores términos y condiciones políticas; “es un asunto de humanidad elemental, no podemos seguir negando a nuestros pueblos el reconocimiento de sus legítimos derechos y reclamos. Ha llegado la hora de que los pueblos indígenas y afromexicano estén debidamente reconocidos en la Constitución de nuestro país”.
Así lo afirmó el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, al hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos, para que se asuma un compromiso colectivo para hacer realidad esta reforma, porque no se trata sólo de la palabra del Gobierno de México, sino fundamentalmente la visión de los pueblos y comunidades.
“Estamos hablando de una reforma integral, que propone reformar 16 artículos de la Constitución, tanto en su apartado dogmático como orgánico, por eso también es transversal. Sobre todo, es una reforma intercultural porque se nutre de las visiones de nuestros pueblos y comunidades, de las diversas perspectivas culturales que tenemos a lo largo y ancho del territorio mexicano”.
Al presentar una ponencia bajo el tema “La Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, en el marco del foro Pueblos Indígenas en México a 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, destacó el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público en el contenido de la iniciativa.
Refirió que se busca transitar de esta visión de que los pueblos son objetos, o en el mejor de los casos, sujetos pasivos de las políticas y programas de gobierno, al hecho de que sean considerados como sujetos titulares de un conjunto de derechos reconocidos, fundamentalmente en el derecho internacional.
La libre determinación y autonomía
Durante las mesas convocadas por la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, en el patio central de la antigua casona de Xicoténcatl, sede histórica del Senado de la República, destacó que la reforma plantea que los pueblos tengan la capacidad jurídica para determinar libremente su condición política y proveer su propio desarrollo económico, social y cultural.
Hay relación intrínseca entre el hecho de que los pueblos sean considerados como sujetos de derecho público, con su libre determinación, explicó al participar como ponente de la mesa 2, junto con la Diputada Irma Juan Carlos y la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, Presidentas de las Comisiones de Pueblos Indígenas en las Cámaras de Diputados y Senadores.
Con la moderación del Diputado Alfredo Vásquez Vásquez, Secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas, Regino Montes precisó que el derecho a la libre determinación se encuentra consagrado en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece lo siguiente:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.”
Señaló que esta frase, que es un consenso universal, debe figurar también en el texto de la Constitución, porque a partir de esto es que se podrán determinar, por lo menos, tres niveles de ejercicio de la autonomía indígena:
El nivel comunitario que es el básico y el nivel municipal –donde, por cierto, en nuestro país tenemos en proceso de construcción diversos municipios indígenas como los 417 de usos y costumbres que hay en Oaxaca, en Cherán, Michoacán; Ayutla de Los Libres, Guerrero y Oxchuc en Chiapas–.
Finalmente, añadió, lo más importante del ejercicio de la autonomía, son sus implicaciones en el ámbito regional, que los pueblos puedan reconstituirse a través de comunidades, de asociaciones entre municipios, para que puedan tomar sus decisiones regionales.
Indicó que otro tema de importancia planteado en la reforma constitucional, es el reconocimiento de las tierras, territorios y recursos naturales, lo que es fundamental, porque parte de las problemáticas que hoy viven los pueblos tienen que ver con el despojo, de ahí la importancia de reconocer el territorio indígena y que los pueblos tengan bajo su control y administración sus tierras y recursos naturales.
El derecho a la consulta previa, libre e informada, el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva de las comunidades y el reconocimiento de los derechos del pueblo afromexicano, son otros de los tópicos de la propuesta de reforma.
El proceso de consulta para la reforma
El director del INPI informó que se inició el proceso de diálogo y consulta en el año 2019, en el que se desarrollaron 60 foros de consulta para escuchar la voz y la opinión de los 68 pueblos indígenas del país, para que sobre esa base pudieran edificarse los principios y criterios para elaborar la propuesta de reforma constitucional.
Del mismo modo, dijo, fue convocado un Comité Técnico de Expertos, mujeres y hombres con conocimientos y experiencias en la materia, para que hicieran sus aportaciones en la construcción del proyecto de iniciativa, el cual fue avalado por unanimidad en otras 60 asambleas regionales de seguimiento en 2021.
“Se ha llevado a cabo un proceso amplio de consulta y de diálogo para integrar la propuesta de iniciativa de reforma constitucional, misma que las representaciones de los pueblos indígenas, a través de los Gobernadores Tradicionales del Pueblo Yaqui, entregaron el pasado 28 de septiembre al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Vícam Pueblo, Sonora”.
Adelfo Regino estimó que el Titular del Poder Ejecutivo Federal pueda ser el conducto, para que la iniciativa pueda llegar a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.
La urgencia de la Reforma Indígena
A propósito de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el Congreso de la Unión organizó este foro con el objetivo de promover el debate sobre la necesaria y urgente reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas del país, a fin de promover las modificaciones necesarias.
El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de la Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Josefina Bravo Rangel.
La mesa 1 se desarrolló con el tema “Aportes de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígenas de la COCOPA”, en la que participaron Jaime Martínez Veloz, integrante de la primer COCOPA; Gonzalo Ituarte, Vicario de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas; y el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, representante del Congreso de Chiapas.
En la mesa 3 participaron, bajo el tema “El impacto y consecuencias del levantamiento Zapatista”, la Senadora Sasil de León Villard y la diputada Gabriela Sodi Miranda, integrantes de la Comisión Bicameral; así como Francisco Agustín Urbina Pérez, representante de Propietarios Rurales Desplazados de la zona de conflicto de Chiapas.