DOI: 10.24850/b-imta-perspectivas-2020-07 Descarga PDF
Desde tiempos antiguos, las naciones, regiones y ciudades se han empeñado en incrementar la capacidad de los sistemas para compensar los impactos de sequías e inundaciones y atender al mismo tiempo demandas de agua en competencia.
Dados estos retos, no sorprende que las decisiones en torno al agua se centren en la formulación e implementación de planes para modificar ríos, aprovechar acuíferos y tratar las aguas residuales por medio de obras públicas de gran escala diseñadas para proteger bienes de la sociedad y el riego, y para apagar la sed de las grandes urbes, generarando así beneficios económicos de regiones enteras. A pesar de que algunas de estas metas han cambiado con el tiempo, esta aproximación a las decisiones del agua ha persistido durante los años, lo que se explica a través de un fenómeno inercial en nuestro pensamiento, que limita la exploración de nuevas avenidas.
Sin embargo, con el pasar de los años, esta tendencia y paradigma comienza a cuestionase por otros factores. Las urgencias provocadas por los extremos climáticos y el creciente clamor social por decisiones más incluyentes y democráticas han dado lugar a un nuevo paradigma. Uno que está caracterizado por dos amplias estrategias:
Primero, tenemos la tesis central de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH), que incorpora nuevas formas de provisión y manejo de agua, como la reutilización, la captación de agua de lluvia, las medidas no estructurales para la gestión de inundaciones, los esquemas de adaptación a la sequía, medidas de conservación y aproximaciones con base en infraestructura verde. Desde el punto de vista de la toma de decisiones, la GIRH considera que el agua que se ahorra o conserva con la implementación de estas medidas es potencialmente una nueva fuente de abastecimiento. Por ello, esta estrategia es altamente dependiente del conocimiento del ciclo hidrológico y del clima. Sin embargo, considera exclusivamente al agua como un recurso que puede ser estudiado y dominado técnicamente, soslayando su dimensión socioambiental y la importancia que este tiene para las comunidades que habitan en territorios donde se encuentran ríos y acuíferos.
Por esta razón, nace en el mundo un segundo enfoque que da lugar a un paradigma que fomenta una mayor participación ciudadana. Esta inclusión de la sociedad se incorpora no sólo en el entendido de que facilita la adopción de alternativas innovadoras en el territorio, sino como una causa socialmente justa en sí misma. Por ejemplo, el punto de partida para entender el significado de las demandas sociales durante la Revolución Mexicana, no fue la exigencia de parcelas de labor exclusivamente, sino siempre y enfáticamente de tierras, montes y agua; en una palabra, territorio.
El agua es parte de ese territorio y de la identidad local. A través de ella se vinculan los valores culturales, éticos y morales de las comunidades del país y del planeta entero. Por esta razón, se necesitan formas más efectivas de participación ciudadana, porque su punto de partida surge de una premisa ética: cualquier persona que quiera debe incluirse en las decisiones, al menos en los niveles adecuados para su vida personal. Este argumento de inclusión implica que diferencias de raza, etnicidad, ingreso y género no deben ser barreras para ejercer influencia sobre la distribución y protección del agua.
La participación, el compromiso y la inclusión no solo son buenas y deseables para la sociedad, en el sentido de que estas maximizan las oportunidades de todos los grupos relevantes, sino también lo son para el medio ambiente y empoderan a todos y cada uno de los miembros de la comunidad para convertirse en guardianes del agua y para opinar sobre su situación futura.
El gran reto es la construcción de una gobernanza del agua, basada en el interés social o público, que considere equidad, justicia, inclusión, participación e innovación en todas las etapas de la política pública, lo que implica un entendimiento de las formas en las que se construyen socialmente las escalas espaciales del territorio y los hidropaisajes. Desde luego, no hay un conjunto de medidas disponible para resolver esta encrucijada, ni una solución simple a este problema.
La inclusión y la participación son vías importantes para construir acuerdos. Esto implica reconocer que no hay grupos sociales, élites, o expertos que tengan el monopolio del conocimiento del agua, lo cual abre la puerta a una participación amplia e incluyente, que pueda implementar soluciones adaptativas a los problemas hídricos (por ejemplo, soluciones de pequeña escala, incrementales y reversibles si fallan) y permita asegurar que todas las formas de control sobre el agua se atemperen a través de la justicia y la responsabilidad social. Si existiera algún grupo de interés que se sintiera excluido del proceso de toma de decisiones, podría, a través de un proceso democrático, buscar consensos y evitar un conflicto.
En todo el mundo, el diseño de un marco de trabajo que acomode estas aspiraciones sigue siendo un reto formidable. A pesar de ello, existen ejemplos de esfuerzos colaborativos en regiones pequeñas y cuencas donde las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos trabajan de manera conjunta para diseñar soluciones, identificar fuentes de financiamiento y compartir información.
No existe una panacea global para atender todos los conflictos sociohídricos. Pero está claro que toda persona debe ser bienvenida en las mesas de discusión donde se debatan las decisiones importantes. Los expertos de disciplinas técnicas y sociales deben acercarse a las comunidades y permitir la expresión de sus preocupaciones éticas, culturales y sociales relacionadas con el agua y su manejo.
Este es quizá el reto de nuestro tiempo. Los riesgos del fracaso de lograr lo anterior nunca habían sido tan grandes, pero depende de todos nosotros asegurar el éxito, o al menos intentarlo. Las generaciones futuras y el medio ambiente cuentan con nosotros para lograrlo.
El IMTA trabaja de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la ciudadanización de la política ambiental y participamos juntos en todas las mesas de díalogo con las comunidades afectadas; ignoradas en el pasado. Por ejemplo, en el Plan de Justicia Yaqui, en Sonora, y en la Restauración de la Zona de Tula, en Hidalgo, dando así los primeros pasos para la construcción de nuevos acuerdos y de un nuevo México.
Contribución de Adrián Pedrozo Acuña.
Perspectivas IMTA Núm. 7, 2020.
