En marzo de 2008, entró en vigor la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), el único tratado internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, y que fue actualizado en 2016 por los países miembros del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, entre ellos, México.
Gracias a todo este proceso de fortalecimiento y difusión de la OIJ, el Pacto Iberoamericano de Juventud incorpora en su segundo acuerdo, el compromiso de los países con el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes, mediante el impulso a la ratificación y promoción de dicha Convención. Este instrumento jurídico puede abordarse desde dos perspectivas.
La primera de ellas, remite a su naturaleza de documento jurídico que insta a los Estados de la región a comprometerse con la garantía de los derechos de las personas jóvenes. La segunda, por su parte, enfatiza al carácter práctico del instrumento, en tanto permite el conocimiento, el ejercicio y el disfrute pleno de todos sus derechos por parte de las personas jóvenes.
Desde esta doble perspectiva, la Convención se ha convertido en norma legal de obligatorio cumplimiento para los Estados que la han ratificado, así como en un documento orientador para la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que puede ser aplicado tanto por gobiernos como por ciudadanos.
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