El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección) condena enérgicamente el asesinato de Julián Carrillo Martínez, defensor de derechos humanos de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, integrante de la organización Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y beneficiario de este Mecanismo de Protección. Según la información recibida, el Sr. Carrillo Martínez fue atacado en la noche del día 24 de octubre por individuos que portaban armas de alto calibre. De la misma manera, este Mecanismo expresa su más sentido pésame a la familia de Julián Carrillo.
Previamente, tanto Julián como otros integrantes de la comunidad y de ASMAC habían sido víctimas de numerosas agresiones, destacándose incluso asesinatos de otros defensores de derechos humanos de la comunidad. Actos como este representan un atentado directo contra un país de libertades y debilitan el Estado de Derecho, al cual periodistas y personas defensoras de derechos humanos contribuyen con su valiosa labor a lo largo de todo el territorio.
Debido a la situación de riesgo que históricamente han enfrentado las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, y especialmente los líderes indígenas que defienden sus tierras y territorios, se adoptó en acuerdo entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, un Plan de Contingencia de Chihuahua, en el cual organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales, estatales y municipales, coordinadas por el Mecanismo de Protección, estamos trabajando con el fin de combatir causas estructurales que ponen en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado. Dichas causas impactan directamente en la seguridad de estos sectores de población, y sus consecuencias deben ser abordadas integralmente por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para lograr revertir la preocupante tendencia que confirma el estado de Chihuahua, y de forma muy particular el municipio de Guadalupe y Calvo, como una de las regiones del país donde la defensa de derechos humanos implica mayor riesgo.
Es preocupante y muy lamentable que se haya producido este homicidio tras la reciente resolución del Tribunal Superior Agrario, en la que, como un hecho sin precedentes, después de 20 años de lucha en el sistema judicial, se reconocieron los derechos territoriales a la comunidad rarámuri de Choreachi, también del Municipio de Guadalupe y Calvo, para que sus habitantes puedan ejercer su autonomía y libre determinación, otorgándoles la calidad de propietarios de su territorio por haber demostrado su propiedad inmemorial. Esta sentencia, lejos de representar un peligro para quienes luchan por las mismas causas, debería sentar un precedente a otras comunidades indígenas como Coloradas de la Virgen, Repechike y Mogotavo.
Desde el momento en el que se tuvo conocimiento del asesinato del Sr. Carrillo Martínez, el Mecanismo de Protección ha estado en contacto con las autoridades estatales, para averiguar sobre las medidas de protección implementadas, así como con las y los integrantes de la organización y familiares para revisar y mejorar estrategias de protección y garantizar la efectiva procuración de justicia en este caso. La protección desde las entidades federativas y fuerzas de seguridad pública, en coordinación con la federación, así como la investigación de los hechos para la detención de los culpables, es indispensable para enfrentar los retos de la debida protección de pueblos originarios, colectivos y comunidades de difícil acceso.
Firmas:
Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad.
Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Patricia Colchero Aragonés, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Alberto Xicoténcatl Carrasco, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo.
Araceli Domínguez Medina, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo.
Lucía Lagunes Huerta, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo.
Steffan Markus Zimmer, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo.
Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Integrante del Consejo Consultivo.
Maurilio Santiago, Integrante del Consejo Consultivo.
Atziri Elizabeth Ávila López, Integrante del Consejo Consultivo.
Elsa Leonor Ángeles Vera, Integrante del Consejo Consultivo.
Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, Integrante del Consejo Consultivo.