Las políticas públicas que se han instrumentado en México en los últimos años, enfocadas al crecimiento económico, han provocado la reducción del ingreso y su concentración inequitativa, trayendo como consecuencia la degradación de las condiciones de vida de la población, siendo la dimensión alimentaria una de las principales afectadas.
Esas políticas han sido guiadas por la estrategia de globalización neoliberal del sistema capitalista, buscando un crecimiento económico que produce la distribución desigual del ingreso, favoreciendo su concentración en espacios y sectores determinados.
El sistema agroalimentario globalizado, promotor de la trasnacionalización de los procesos productivos, de distribución y consumo alimenticios, es considerado una de las causas principales de la crisis mundial en cuestión, de la cual es consecuencia la actual inseguridad alimentaria.
Se debe considerar en este marco que la perspectiva de crecimiento desde la cual se generan estas políticas públicas, fundadas en un modelo de desarrollo capitalista que considera productiva cualquier actividad que genere un aumento en la economía, representada en este caso por el Producto Interno Bruto (PIB), no toma en cuenta la distribución del ingreso en la población, que actualmente destaca por su inequidad.
Entre las distintas definiciones que se ofrecen para comprender el concepto de seguridad alimentaria, es interesante recoger sus aspectos más determinantes, que lo ubican como el derecho de los individuos para conservar su capacidad particular de producción de alimentos básicos, tomando en cuenta la diversidad cultural y productiva de cada comunidad.
La realidad es que México vive una crisis estructural en el sector primario, ocasionada por la apuesta de adquirir alimentos en el extranjero y dejar de consumir lo que producimos localmente, que termina importándose a otras naciones. Ante esto, el país se ha convertido en un gran importador alimentario con una fuerte dependencia en términos de nutrición.
Como parte de este régimen de globalización, los recursos naturales para la producción de alimentos sufren una explotación y mercantilización a cargo de las empresas trasnacionales, que, con el objetivo de cumplir con sus necesidades expansivas y de acumulación, han convertido al hambre en un negocio y en una herramienta política y de dominación de la población.
Dentro de este contexto productivo, otro factor perjudicial que en nuestro país ha abonado a la situación de pobreza alimentaria, ha sido el aumento de los precios a nivel internacional, que deriva en el costo de la canasta básica y dificulta, en su asociación con el escaso nivel de ingreso de la población rural, el acceso de este sector a un aspecto tan vital como es la garantía del alimento.
La situación actual de la pobreza en México, paradójica en territorios capaces de producir alimentos suficientes para la totalidad de su población, requiere una reflexión desde las distintas perspectivas de la pobreza rural, donde se tome en cuenta la heterogeneidad del territorio, con sus particularidades culturales, teniendo presente las relaciones entre los individuos y su entorno natural, y, de esta manera, devolviéndoles a los pueblos la autonomía productiva y de consumo, que definen a la soberanía alimentaria.
Como se mencionó, las zonas con mayor riqueza natural y biodiversidad son también aquellas donde se observan cifras más altas de pobreza y marginación. El abandono de estos territorios por las políticas públicas del país, enfocadas en acciones que en lugar de resolver el problema desde su raíz recurrieron a acciones asistencialistas, han ocasionado el rezago actual en que se encuentran estas regiones.
La riqueza de las comunidades rurales les otorga a éstas gran potencial para volverse el centro de generación de estabilidad y desarrollo del campo, como plantea el enfoque productivo del programa Sembrando Vida.
Esta estrategia desarrolla la generación de empleos y el impulso de la soberanía alimentaria, cuyo éxito surgirá a partir de la autoproducción de los alimentos y el cuidado de sus propias tierras, con lo que se quiere aumentar el bienestar de las comunidades.
Este programa prioritario del Gobierno de México, que deja de lado las prácticas asistencialistas, busca como uno de sus principales objetivos la solución de la pobreza alimentaria del país abarcando sus distintos puntos de origen.
Propone incrementar la productividad del campo, convirtiéndolo en el principal banco de alimentos del país, para lograr satisfacer las necesidades básicas de la población, tomando en cuenta sus particularidades regionales y culturales, y partiendo desde una perspectiva de sustentabilidad.
Sembrando Vida surge como una alternativa de transformación estructural para resolver los principales problemas que han originado la crisis social que vive nuestro país. Su labor le concede gran importancia y urgencia a la solución tanto de la inseguridad alimentaria que afecta los sectores más vulnerables del territorio mexicano como a otros de los problemas centrales que lastiman el país, como es el desempleo, la destrucción medioambiental y la migración.
Como alternativa ante esta realidad de profunda desigualdad social, el impulso de la soberanía alimentaria representa un avance significativo para modificar esta situación, sobre todo tratándose de un problema de coartación de derechos humanos tan fundamentales como es el acceso de la población al alimento.