Atendiendo a los principios de responsabilidad y uso eficiente de los recursos públicos, el Presidente de la República anunció la enajenación del denominado avión presidencial (TP01, José María Morelos y Pavón) e instruyó identificar todas aquellas aeronaves que cumplieran con dos criterios básicos: 

  1. Aeronaves cuyo uso estuviera dedicado a la transportación ejecutiva de servidores públicos, que no cumplieran funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias, y que no tuvieran una función clara en beneficio de la ciudadanía. 
  2. Aeronaves que por sus características no estuvieran en servicio y generaran gastos derivados del resguardo, mantenimiento y operación.