El salario mínimo, documentos del #AGNMex explican su origen

El origen del salario mínimo se remonta a 1896, al reconocerse que el jornal que recibían los trabajadores de Nueva Zelanda y Australia, en especial mujeres y jóvenes, resultaba ser insuficiente para sí y para sus familias, lo que llevó a las autoridades de aquellos países a establecer un salario mínimo.

En el caso de México, el salario que recibían los campesinos y obreros no era mucho más justo, puesto que la gran mayoría de las personas recibían un salario miserable que hacía visible el estado de explotación al cual era sometida la clase trabajadora en aquella época. A esta terrible situación se sumaban prácticas que ponían en riesgo la libertad de los trabajadores, como fue el caso de las tiendas de raya (1877-1915) ubicadas en las haciendas y fábricas, las cuales obligaban a las personas a comprar los recursos básicos al mismo patrón, lo que llevaba a contraer una deuda que incluso podía ser hereditaria.

Otro de los principales problemas fue la falta de una autoridad o ley que regulara la relación laboral entre trabajador y patrón, ocasionando muchas veces que los contratos de trabajo no fueran respetados por el jefe, quien para alcanzar una mayor plusvalía reducía el salario de los trabajadores, mientras que al mismo tiempo aumentaba la jornada laboral.

No obstante, esos mismos abusos que el obrero y obrera mexicana llegaron a recibir motivaron a su paulatina unión y organización para enfrentar las adversas condiciones de trabajo que el incipiente capitalismo imponía en nuestro país. Estos diversos movimientos tendrían como base el socialismo y anarcosindicalismo como fue el caso de las personas generalizadas bajo el “ismos” de magonistas, conocidas así por tener entre sus filas a los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Este grupo denunció, a través del periódico Regeneración, los abusos a los cuales el trabajador mexicano se encontraba sometido tanto por el Estado como por las empresas.

Fue precisamente en el último número de la quinta época de Regeneración, publicado el primero de julio de 1906, que apareció el Manifiesto a la Nación del Partido Liberal Mexicano[1], en donde se delineó el proyecto programático e ideológico del Partido Liberal Mexicano, el cual reconoció que entre las más graves y urgentes necesidades del pueblo se encontraba el regular y mejorar las condiciones laborales del país, puesto que:

Gracias a la dictadura de Porfirio Díaz, que pone el poder al servicio de todos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más  miserable; en dondequiera que presta sus servicios, es obligado a desempeñar una dura   labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos. El capitalista soberano impone sin apelación las condiciones del trabajo, que siempre son desastrosas para el  obrero…[2]

Entre las consideraciones que postulaba el manifiesto para alcanzar una mejor situación laboral para el proletariado fue el establecer un salario mínimo de 1 peso; tanto para el obrero como para el campesino, los cuales recibían un jornal entre 75 y 25 centavos, respectivamente. En las regiones del país en donde la vida fuera más cara o los trabajadores ya estuvieran recibiendo 1 peso como salario, se debía de aplicar un salario mayor para que todos pudieran gozar los mismos beneficios de la ley.

Estas reformas laborales y sociales promovidas por el Partido Liberal Mexicano no lograron concretarse, ya que los levantamientos que maquinaron sus integrantes en 1906 y 1908 fracasaron en su intento de derrocar al viejo régimen, llevando a prisión a varios miembros del PLM. Sin embargo, esto no marcó el final de la lucha del proletariado en México, volviendo a estallar con el inicio de la Revolución Mexicana.

Al sumarse el obrero y campesino a la lucha revolucionaria, se exigió a las diversas facciones a llevar a cabo verdaderas reformas sociales que pusieran fin a las miserables condiciones en las cuales se encontraba la clase baja, tal fue el caso del Ejército Constitucionalista quien el 09 de abril de 1915 estableció el acuerdo de Los salarios mínimos[3], esto como parte del pacto entre la Casa del Obrero Mundial y el general Álvaro Obregón, quien a cambio de contar con el servicio de los Batallones rojos, cuerpos militares conformados por obreros, se comprometía a elevar determinados derechos laborales.

Tiempo después, el Congreso Constituyente de 1917 puso en discusión la intervención que el Estado Mexicano tendría en la protección o tutela del derecho laboral de las personas, puesto que uno de los vacíos legales que la Constitución de 1857[4]  había tenido fue la ausencia de leyes sobre el trabajo y el contrato laboral, solamente interviniendo la Ley en aquellos contratos que tuvieran por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre por causas de trabajo. Ante tal situación, se reconoció la necesidad de llevar a cabo importantes reformas al artículo 5 de la antigua Constitución, así como establecer bases constitucionales para normar la legislación laboral, sólo así la Revolución Mexicana podía satisfacer y cumplir las urgentes necesidades del proletariado, fijando con precisión los derechos que le correspondía en sus relaciones contractuales con el capital.

Como resultado, la Constitución de 1917[5] estableció en su artículo 123 las facultades que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados tenían para expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, mismas que regirían el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. Entre los puntos que debían legislar se encontraba el tema del salario mínimo, el cual debía de ser suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como proveedor o proveedora de familia.

Los años posteriores a la Revolución Mexicana la organización de las diversas asociaciones de trabajadores fue fundamental para consolidar el derecho al salario mínimo, que, junto con la mediación del Estado, a través de la Ley Federal del Trabajo y la Comisión de los Salarios Mínimos, se buscó que las empresas respetaran este derecho contractual.