A inicios de abril de 1833, el general Antonio López de Santa Anna y el médico Valentín Gómez Farías asumirían el cargo de presidente y vicepresidente de la República Mexicana, respectivamente. A la ceremonia de la toma de posesión del cargo sólo asistió el vicepresidente; pues un malestar afligió al entonces presidente. Desde ese momento, Valentín Gómez Farías asumió de manera interina el mando del Poder Ejecutivo en cuatro ocasiones.

Durante los periodos de su administración impulsó diversas reformas encaminadas a contrarrestar la fuerza de dos grupos de poder que desde el proceso de la Independencia de México se habían consolidado ante el Estado, estos eran: el ejército y el clero, siendo este último el sector más afectado por las nuevas reformas; al asumir Gómez Farías una postura anticlerical con el fin de contrarrestar la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos y sociales, para transitar hacía un Estado laico.

Las leyes que se establecieron en aquellos años fueron de diversos asuntos entre ellos la educación. Precisamente, uno de los primeros decretos del gobierno fue la nacionalización de los bienes del Duque de Monteleone (18 de abril de 1833), que permitió destinar una parte de las rentas de la Hacienda de Atlacomulco, concedida por el emperador Carlo V al conquistador Hernán Cortés, a la educación pública, dejando en claro que uno de los objetivos del gobierno de aquella época era garantizar la educación a todos los mexicanos para formar una nueva generación de ciudadanos.

Para lograr tal meta era necesario que el Estado se hiciera cargo de la instrucción y no la Iglesia, organismo que por varios años había estado a la cabeza del sistema educativo. Por tal motivo el 26 de octubre de 1833 se expidió las Leyes y reglamentos para el arreglo de la Instrucción Pública en el Distrito Federal, las cuales marcaron el final de la Universidad de México, al conocerse que sus principales dirigentes habían sostenido una posición reaccionaria en contra de las políticas anticlericales del gobierno.

La nueva Dirección General de Instrucción Pública asumió a su cargo todos los establecimientos públicos de enseñanza; los depósitos de los monumentos de artes, antigüedades e historia natural; los fondos públicos consignados a la enseñanza, y todo lo perteneciente a la instrucción pública pagada por el gobierno.

Entre sus facultades, a nivel distrito y federal, se encontraba el designar a todos los profesores de enseñanza; la vigilancia del desempeño dentro de los establecimientos de instrucción pública; el establecimiento de reglamentos; la designación de grado de Doctor; la suspensión de directores, subdirectores y profesores que tuvieran un mal desempeño de sus deberes, y la administración de los fondos destinados a la educación.

Entre las dificultades que presentó la Dirección General de Instrucción Pública estuvo la falta de recursos económicos para la operación de las distintas escuelas del país. Tal como se documenta en el expediente 8/26 de la caja 200 del fondo documental de Gobernación sin sección, resguardado en el AGN, varias escuelas requerían desde útiles escolares hasta inmuebles para operar, como fue el caso de la Escuela de Primeras Letras que se estableció en la Villa de Guadalupe Hidalgo, Ciudad de México, la cual solicitó ante la Dirección General de Instrucción Pública que se le designa un lugar para ubicar el colegio tanto de varones como de mujeres.

La situación se llegó a complicar más cuando se dio a conocer que el espacio escogido dentro del Palacio del Cabildo había sido negado a los vecinos para levantar la escuela, situación que fue denunciada por los mismos padres de familia, quienes manifestaron al inspector de las escuelas primarias, Agustín Buenrostro, la actitud negativa que habían asumido los clérigos de la Villa de Guadalupe, quienes se negaban a colaborar con el gobierno anticlerical de Valentín Gómez Farías, asegurando que “Primero les quitarían el pescuezo, que dar el palacio para escuelas”. A pesar del actuar de la autoridad eclesiástica, la Escuela de Primeras Letras para niños se pudo establecer dentro del barrio de la Villa de Guadalupe y la de niñas en el barrio de Necatitlan sobre el antiguo callejón de Santa Gertrudis.

Este no fue el único logró de la Dirección General de Instrucción Pública sobre la Iglesia, pues otros tantos colegios que se encontraban en manos del clero tuvieron que pasar o someterse a la autoridad laica de la Instrucción Pública como fue el caso de San Juan de Letrán, Santa Cruz Tlatelolco, San Gregorio y San Ildefonso, entre otros. Cabe señalar que esto no significó la secularización de los colegios; ya que la educación contemplaba tanto la enseñanza del catecismo religioso como la enseñanza básica. Asimismo, se carecía de un cuerpo de maestros laicos y anticlericales que pudieran asumir tan colosal reto, por lo cual varios de los profesores designados en aquella época siguieron siendo del antiguo sistema educativo, no obstante, la Dirección General de Instrucción Pública dio paso a la creación de las primeras escuelas normales con vía a formar docentes cocientes de su función social.

En pocas palabras, la reforma educativa planteada por el gobierno de Valentín Gómez Farías resultó radical en algunas cuestiones, mientras que en otros puntos buscó llegar a un acuerdo con el poder de la Iglesia, reconociendo que los recursos, colegios y profesores se encentraban en manos de ellos. Sin embargo, la actitud reaccionaria tanto del ejército como de la Iglesia pusieron un alto al primer proyecto liberal del Estado Mexicano; mandando al exilio a Valentín Gómez Farías, quien como liberal mantuvo una lucha constante contra la facción conservadora.