Artículo publicado en el periódico El Universal, martes 19 de mayo 2015
El reto es impulsar la productividad y la competitividad
Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público
El pasado 7 de mayo entró en vigor la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido
de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional tras su
aprobación, por un amplio consenso, en el H. Congreso de la Unión. La Ley
reglamenta los artículos 25 y 26 apartado A de nuestra Constitución Política y
establece que le corresponde al Estado elaborar y conducir una política nacional
de fomento que propicie un mayor crecimiento económico.
La Ley llega en un momento oportuno para complementar los avances que
representan las reformas estructurales. Como sociedad, debemos romper la
inercia del bajo crecimiento que nos ha acompañado por más de tres décadas.
Desde inicios de los años noventa México ha venido consolidando un sólido marco
de políticas macroeconómicas y financieras que ha permitido construir un entorno
de estabilidad, requisito indispensable para el crecimiento económico. No
obstante, este entorno no ha sido suficiente para dar un impulso sostenido y
dinámico a la economía mexicana. Entre 1980 y 2014, México creció a una tasa
media anual de 2.4%, casi la mitad de lo observado en las economías emergentes
y en desarrollo (4.6%). Como resultado, los niveles de bienestar de la población no
han crecido al ritmo que demandan las familias mexicanas, y más de la mitad de la
población aún vive en la pobreza.
Ante ello, el gobierno del Presidente Peña Nieto ha impulsado una ambiciosa
agenda de reformas que han transformado estructuralmente la base institucional
de la economía mexicana y que están dirigidas a eliminar obstáculos a la
productividad y competitividad del país, algunas de las cuales han comenzado ya
a rendir frutos tangibles. La actual administración ha destacado, en particular, la
importancia de promover un crecimiento vigoroso y al mismo tiempo incluyente, lo
que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ha llamado democratizar la
productividad.
Para elevar la productividad, base del crecimiento de toda economía, es necesario
que el Estado implemente una política proactiva y con visión de largo plazo que
impulse de manera deliberada una transformación de nuestra economía.
Desde principios de los años noventa hemos avanzado en reforzar el
funcionamiento de los mercados. El ejemplo más palpable ha sido la liberalización
comercial y la participación destacada de nuestro país en los mercados globales.
Las reformas a los sectores energético, de telecomunicaciones, financiero y a la
competencia económica se suman a estas políticas de carácter transversal que
incidirán en una mayor competitividad de la economía en su conjunto. De manera
complementaria, sin embargo, se requiere ahora un mayor énfasis en políticas que
atiendan las necesidades específicas de las distintas regiones del país, así como
políticas de carácter sectorial que promuevan un cambio estructural hacia
actividades e industrias de alta productividad y la transformación de los sectores
tradicionales de la economía.
La nueva Ley de Productividad y Competitividad fortalece el marco legal e
institucional para que el Estado establezca una política nacional de fomento
económico con tres características fundamentales. En primer término, una política
con permanencia y visión de largo plazo, al establecer la obligación de que el
Gobierno de la República, tanto el actual como los gobiernos futuros, cuenten con
un programa que de manera explícita incorpore acciones para apuntalar la
productividad y la competitividad. Asimismo, aunada a una modificación, también
aprobada, a la Ley de Planeación, la política nacional de fomento económico
deberá considerar un horizonte de planeación de hasta 20 años, removiendo con
ello el sesgo sexenal que históricamente ha limitado la conducción de la política
económica.
Como segunda característica, la Ley de Productividad y Competitividad reconoce
que el diálogo activo entre los distintos actores sociales es fundamental para
identificar oportunidades, construir consensos y diseñar políticas públicas para el
desarrollo productivo. Con tal fin, la Ley fortalece al Comité Nacional de
Productividad, órgano consultivo del Ejecutivo Federal creado en mayo de 2013,
donde concurren los sectores laboral, empresarial y académico. Ahora, el
Presidente de la República fungirá como presidente honorario del Comité, mismo
que gozará de nuevas atribuciones y cuyas recomendaciones tendrán un mayor
peso e incluso carácter vinculatorio. Más aún, aquellas recomendaciones
vinculantes o que hayan sido aceptadas, contarán con convenios de seguimiento y
matrices de compromisos con acciones e indicadores concretos de desempeño.
Tercera, para garantizar la eficacia y rendición de cuentas en esta materia, se
establece que el Gobierno Federal deberá cuidar que los programas
presupuestarios y proyectos de inversión estén en línea con los objetivos que
estable la Ley, para lo cual se revisará continuamente la operación, consistencia y
efectividad de los mismos. Asimismo, se deberán enviar informes semestrales al
Congreso de la Unión sobre los avances y resultados de la política nacional de
fomento económico.
Es claro que la promulgación de la Ley de Productividad y Competitividad, por si
sola, no garantiza un vuelco en la tendencia de crecimiento de la economía
mexicana. La nueva Ley fortalece los cimientos de la política de fomento
económico y pone en el centro la necesidad de elevar la productividad y la
competitividad, como base del crecimiento de la economía. Con base en ello, el
Ejecutivo Federal, apoyado por los trabajadores, los empresarios, el sector
académico y por la sociedad en su conjunto, redoblará los esfuerzos para que
dicho crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para todos los
mexicanos.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 18 de mayo de 2015
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