Invitado por el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del Despacho de la SFP, Julián Olivas Ugalde; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó a los presentes cuáles serán las implicaciones administrativas y penales que tendrán los servidores públicos que estén en activo y quienes ya no lo estén, si incurren en una inejecución de sentencia de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de Amparo.
Por su parte, Olivas Ugalde destacó que la importancia de conocer los alcances de la nueva Ley, tiene que ver con que en las modificaciones aprobadas recientemente por el Legislativo se establecen mayores responsabilidades de los servidores públicos al momento del cumplimiento de las sentencias de Amparo.