La Procuraduría General de la República reitera que la investigación sobre los lamentables hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del año pasado, permanece abierta y se sigue trabajando en ella ya que su esclarecimiento es una prioridad para el Estado Mexicano, contando con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el marco de la prórroga conclusiva de su gestión solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició el pasado treinta y uno de octubre.

 

La PGR enfatiza que acordó con el GIEI, la realización de un nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, mismo que contará con la participación de un grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional, quienes comenzarán su trabajo en las próximas semanas. Debe referirse que el interés de realizar este nuevo estudio obedece a la necesidad, indicada en el propio informe del GIEI de septiembre de este año, de contar con un análisis exhaustivo en esta materia para que se establezca una posición científica definitiva al respecto.

 

Igualmente, se expresa que es indispensable agotar el estudio de todos los elementos que requieren analizarse en este evento, sin adelantar ninguna conclusión, como puede ser la revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos.

 

La institución reafirma su respeto al trabajo del GIEI en los términos del acuerdo de asistencia técnica firmado con la CIDH en noviembre de 2014, para la elaboración de: a) planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; b) análisis técnico de las líneas de investigación; c) análisis técnico del plan de atención integral a víctimas de los hechos y d) propuestas de políticas públicas para atender la problemática de la desaparición de personas.

 

El desarrollo de las acciones de coadyuvancia técnica para estos hechos del GIEI son valoradas, en ejercicio de la autonomía del Ministerio Público de la Federación y en cumplimiento de la atribución constitucional de investigar los delitos en materia federal.

 

Esta representación social reitera su compromiso con el desarrollo de una investigación exhaustiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación y diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables sin escatimar las acciones, recursos humanos y materiales, que se requieran.