Muchas gracias.

Señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado, señor Presidente de la Comisión.

Señores senadores, miembros de la Comisión, señores ministros, señores magistrados.

Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del IFAI.

Señor Diputado Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Déjenme, primero que nada, darles las gracias por haberme hecho el honor de invitarme a compartir con ustedes un informe que, a los ojos de todo mundo, es un informe de muchas construcciones, de mucho trabajo.

Ha sido un año de intenso trabajo legislativo y para mí, en lo personal, el trabajo de la Comisión de Justicia de ambas Cámaras, obviamente, es absolutamente imprescindible en un momento en que el país requiere de precisión, tanto en la elaboración de las leyes como en su aplicación.

Todos sabemos que el derecho y, por consecuencia, el estado que genera tiene como propósito la regulación de la conducta humana, pero esto lo define sólo la parte mecánica, el medio.

Que tiene una profundidad cuyo objetivo es mucho más amplio, mucho más importante y mucho más trascendente.

De lo que se trata es que la conducta humana esté ligada a los propósitos de justicia, de la equidad, de la paz y del bienestar, pero además, el propósito y los fines deben estar a su vez medidos y acotados porque no pueden darse a cualquier precio.

Porque estas normas de conducta o para que estas normas de conducta sean capaces de definir los límites de la actuación de todos los actores del Estado, base fundamental del Estado de Derecho.

Y esto sólo es posible cuando estos límites y estos propósitos se sustentan claramente en el mayor consenso, es decir, son aceptados por la sociedad a la que van destinados.

De no tener ese contexto o ese consenso sustancial, se genera inconformidad, inquietud, incumplimiento, si es que no se anulan las principales acciones y eficacia que deben tener estas disposiciones que nos damos los ciudadanos para lograr, justamente, estos propósitos.

Esa es la tarea central de los legisladores, pero para el alcance pleno de sus logros no es sólo la tarea de los legisladores. Decía el Senador Camacho, el acatamiento pleno de estas normas es función de nosotros, de quienes estamos investidos de una autoridad, de quienes en la pinza fundamental del Estado de Derecho estamos obligados a actuar sólo en aquello que nos fija y precisa la ley, y que este es el único camino posible de seguir.

Espero también en la otra pinza, la que cierra, esta posibilidad de existencia de la ley como norma está la parte que señala que el ciudadano puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley.

Y para esto es fundamental la aceptación de la sociedad en el territorio en el que se determina un estado de sus normas jurídicas, que es la que le dan consistencia de tal. Enorme tarea de legisladores, de funcionarios y de ciudadanos.

Hoy en el siglo XXI no podemos permitirnos deteriorar avances claros como los que hemos tenido en los últimos tiempos, pero tampoco mantener fallas históricas.

Estamos obligados a ubicarnos en nuestro tiempo sin perder la percepción de nuestra realidad. El cambio no se puede plantear ni como premisa ni como bandera, porque el cambio es natural, el cambio es inexorable.

Es muy difícil si nos ponemos a pensar a encontrar algo que no cambia, cosa viva e incluso la que no lo es. Es muy difícil encontrar, repito, algo que no cambia, hablar simplemente del cambio sin darle destino, sentido y ruta es hablar de nada, pero dejar el cambio al azar, a la circunstancia del momento es irresponsable.

Los estados modernos, prácticamente todos, hemos establecido sistemas para darle destino al cambio, cuyo principio y origen hemos dejado en cuerpos plurales diversos, que recogen, o debieran recoger en representación de esa pluralidad, los puntos de consenso, la razón de las razones.

En este país son ustedes, los legisladores, quienes tienen esta delicada y esencial tarea para poder decirnos Estado moderno, ha hecho el Poder Legislativo de este país en los últimos tiempos un enorme esfuerzo de construcción legislativa que buscan esa finalidad, pero lo que nos falta es todavía mayor que lo logrado.

Estamos construyendo en este momento un sistema de justicia que pretendemos corrija estas fallas estructurales y sea capaz de acercarse con mayor eficiencia a nuevas formas que conduzcan al Estado, al ideal planeado.

Pero hemos definido la generalidad, hemos construido el esquema, necesitamos la profundidad, las ventajas de una sociedad que crece en tamaño, en dificultades y en aciertos hace mucho más compleja la regulación de la conductas, y desde luego, mucho más complejo al Estado.

Nos obliga a precisiones y adecuaciones que por esa complejidad curiosamente deben ser simples y claras.

Definimos ya, la necesidad de transparencia en los procesos, de protocolos de conducta, de certeza y nos falta precisión y esa es la tarea, que ustedes ya señalaron, tienen para la segunda etapa, en las leyes secundarias en cuanto a las tareas específicas de cada órgano.

Ustedes han aprobado ya la minuta de un nuevo Código de Procedimientos Penales único para todo el país, enorme avance que ejemplifica con claridad lo antes planteado, un solo Código en lugar de 33 y con la suficiente flexibilidad para que las diferencias naturales de cada región tengan espacio.

Pero como todo lo nuevo, como todo cambio, requerirá de normas nuevas que precisen tareas, que definan con claridad no sólo la autonomía, por ejemplo de la Fiscalía, sino sus alcances.

No sólo la ubicación de los cuerpos policiacos, sino la coordinación y comunicación de éstos con el Ministerio Público, el papel de los defensores de oficio y también el papel de los litigantes particulares.

Les hemos dado a los jueces mayor discrecionalidad en el ejercicio de su función con el propósito de logar que la ley y la justicia caminen por rumbos paralelos, pero la discrecionalidad debe estar unida a la responsabilidad, al conocimiento y fundamentalmente a la vocación por la justicia.

Ello, nos obliga a encontrar las fórmulas para que esta discrecionalidad se convierta en un instrumento de justicia real y no vaya a caer en la arbitrariedad o el estímulo a la impunidad.

Tenemos que quitarle a la justicia la venda tradicional que hemos puesto en los ojos de su representación, para que ésta sea capaz de ver, para resolver con conocimiento. En síntesis, tenemos que encontrar los caminos más simples para asegurar el propósito fundamental del Estado: la justicia.

Una enorme parte de esa tarea ustedes la inician, la tarea completa, compete a autoridades y a ciudadanos también, por ello, en este tema no caben banderas, colores de identidad, parcialidad, improvisación, intereses mediatos o consignas.

Esta sí es tarea de todos, afrontémosla con la idea clara de que no estamos trabajando para hoy, de que no estamos trabajando para alguien, de que lo que estamos haciendo es construir un mejor futuro, que ese futuro que estamos construyendo esté a la altura de la única medida posible, la aspiración universal a una vida mejor.

Muchas gracias.