Primera intervención.

MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO; LA SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Como bien lo dijo Jorge Emilio Iruegas, México tiene regulado en su Constitución la figura del arraigo, limitado para casos de delincuencia organizada, está regulado como una medida excepcional -lo mencionó la abogada- bueno, se trata para cumplir tres grandes fines, uno, proteger valores superiores, la vida de personas y bienes; segundo, proteger el éxito de la investigación, y asegurar que no se fugue el indiciado.

Sobre esta medida se pronunció la Suprema Corte hace unos meses sobre la limitante de que los estados no pueden legislar en materia de arraigo, entonces se deja a la Federación y lo considera así la Corte, la libertad de legislar en esta materia.

Simplemente quiero dar datos duros sobre la forma en que se ha sido congruente con esta posición que ha fijado el gobierno mexicano, el propio procurador ha dicho que México tiene plena voluntad de que esta sea una medida excepcional, dadas las circunstancias que enfrentamos delicadas en materia de seguridad.

Para dar datos duros, en el 2011 los arraigados fueron 2 mil 550 y en 2013, son 630, es decir, hubo una reducción del 75 por ciento de las personas arraigadas. Al día de hoy, en el Centro Federal de Arraigos hay 35 personas arraigadas, y esto desde luego solamente son para casos excepcionales en materia de delincuencia organizada.

Gracias.

Segunda intervención.

A ver, el arraigo denominado así, en muchos países existe en el sistema, existe en muchos países, evidentemente no lo llaman arraigo, pero es una medida de restricción impuesta por la autoridad investigadora. Hay países inclusive en los que no hay un control judicial.

En México hay control judicial de esta medida, está limitada a un cierto tiempo, que son 40 días, prorrogables por otros 40 días. Está limitada a casos de delincuencia organizada, y la finalidad que debe buscarse, y esto tiene que hacerlo un Ministerio Público, es que debe ser para proteger la vida de personas, su integridad, bienes, bienes jurídicos, garantizar el éxito de la investigación y evitar el riesgo de fuga.

Como bien dice el abogado, hay una reforma constitucional que se aprobó en la Cámara de Diputados, está pendiente de ser analizada y discutida en el Senado, pero esto es un gran avance porque se eleva el estándar que debe probar el Ministerio Público, la autoridad investigadora, ante el Juez, para que se otorgue el arraigo. Se reduce a más de la mitad el término para el otorgamiento del arraigo, en lugar de ser un máximo de 80 días con la prórroga, ahora sería un máximo de 35 días; y sigue siendo una medida excepcional para casos de delincuencia organizada y donde tiene que ser autorizada por la autoridad judicial; y además, se agrega que debe ser o puede ser supervisada por órganos protectores de derechos humanos. Esto me parece que es un gran avance en cuanto al uso de esta medida.

Y esto va aparejado de una señal que el Estado Mexicano ha venido manejando en cuanto al uso de este arraigo. Ya no se detiene para investigar, ya no se arraiga para empezar una investigación, se arraiga por circunstancias especiales que en el curso de una investigación la autoridad ministerial considera que es mucho más oportuno, precisamente para salvar la vida de la víctima, para proteger el éxito de la investigación, se arraiga a la persona, a fin de no lastimar otros derechos, incluyendo el del indiciado.

Como dije, hoy por hoy hay 35 personas arraigadas, lo que significa que este es un cambio dramático, drástico, respecto a lo que se venía haciendo en años anteriores.

Yo quiero insistir en que esta medida, cuando se discutió en 2008, fue ante un escenario en donde la autoridad tenía que hacer frente a una grave situación de delincuencia y de violencia, es una medida que desde luego estamos tratando de que se restrinja a casos muy delicados, como son las investigaciones en materia de delincuencia organizada.

Como bien se dijo aquí, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que aplicará para todos los demás delitos no lo contempla porque esa figura no va a estar prevista para otros casos.

Quisiera hacer una última precisión, para el caso de los estados, la Corte lo que dijo es, analizó un artículo transitorio de esa reforma en 2008 y lo que analizó es si los estados podían legislar en materia de arraigo, y bueno, podían tener la figura de arraigo a nivel estatal, ya llegó a la conclusión que no, no pueden legislar; los únicos que pueden legislar es el Congreso de la Unión a nivel federal.

Ahora, lo que sigue en debate y a discusión y está pendiente en la Corte, es si durante el régimen transitorio, en lo que la Federación transita al nuevo sistema de justicia penal se puede aplicar el arraigo para delitos graves, eso es lo que queda pendiente de discusión.

En principio, regla general para delincuencia organizada, pero para delitos graves, que son un catálogo más amplio, se está en definición, porque el transitorio, esa es la parte que está en debate en la Corte. Pero es muy claro que los estados no podrán aplicar más la figura del arraigo a nivel estatal.