•        La aprehensión se otorgó por la probable responsabilidad en la alteración del Registro Federal Electores.

•          Los Autos de Formal Prisión por falsedad en datos personales y el uso de credencial electoral apócrifa.

Como resultado de una denuncia presentada por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), así como de las investigaciones realizadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se obtuvo un mandato de captura en contra de una persona como probable responsable de la alteración del Registro Federal de Electores, así como dos Autos de Formal Prisión en contra de igual número de inculpados por falsedad en información y uso de credencial de elector apócrifa.

La orden de Aprehensión fue librada por un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y se concedió por conducta tipificada en el artículo 411 del Código Penal Federal.

Al inculpado se le atribuye haber acudido el 5 de abril de 2011, a la oficinas del IFE en la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Electores con un nombre y fecha de nacimiento falsos, lo cual alteró su veracidad.

Respecto de los Autos de Formal Prisión, el primero dictado por un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, donde se le comprobó haberse presentado el 10 de febrero de 2011, ante un módulo de atención ciudadana correspondiente a la Delegación Benito Juárez, y proporcionar, bajo protesta de decir verdad, datos que no le corresponden en relación a su identidad.

 

Al comprobar los hechos, estos fueron considerados pruebas suficientes por lo que se decretó el Auto de Formal Prisión por su probable responsabilidad en la comisión de delito Electoral Federal previsto y sancionado por el Código Penal Federal.

En el segundo caso, se notificó el auto de formal prisión dictado por un Juez de Distrito en el estado de Baja California, en contra de una persona a la que se le atribuye haberse presentado a la Embajada de México en El Salvador con una credencial para votar, supuestamente expedida por el entonces IFE.

Al verificar la autenticidad del documento se percataron de que dicha credencial se expidió con datos falsos, por lo que se acreditó su probable responsabilidad en la comisión de dos delitos Electorales Federales: uno por la falsedad de datos y la otra por el uso de una credencial electoral apócrifa, en la hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la expedición ilícita de credenciales para votar.