Como parte de una política institucional de reducir la medida cautelar del arraigo, la Procuraduría General de la República (PGR) disminuyó durante el presente año el uso dicha figura jurídica en un 90.36 por ciento, respecto de las cifras reportadas en 2012.

 

A partir de 2013 se ha registra un decremento sostenido, en los que se ha utilizado el arraigo en casos estrictamente necesarios, evitando con ello criterios subjetivos que propicien excesos en su utilización.

 

A diferencia de 2012, año en que se arraigaron a 861 personas, en 2015 únicamente se contabilizan 83 personas en las que se ha utilizado dicha medida cautelar, como parte de la estrategia para la investigación de los delitos.

 

El arraigo constituye una medida extraordinaria para cuando se han agotado los plazos ordinarios establecidos constitucionalmente y se considera necesaria la aplicación de esa figura con la finalidad de allegarse de un número mayor y más sólido de elementos para consignar.

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