En el contexto de los procesos electorales que se realizaron este año en varias entidades federativas, la Procuraduría General de la República recibió solicitudes de varios partidos políticos para que se les informara si algunos de sus candidatos tenían antecedentes de actas circunstanciadas o averiguaciones previas, donde se les vinculara con actos ilícitos o con grupos del crimen organizado.

En su momento, todas estas peticiones fueron atendidas, señalando que como lo establecen los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución, la atribución del Ministerio Público de la Federación es investigar y perseguir delitos del orden federal, previa denuncia o querella que se presente al respecto, en la que se narren los hechos que se consideren delictivos.

Respecto a las investigaciones en curso, la Procuraduría argumentó que la legislación federal establece la reserva de la información contenida en los expedientes, por lo cual la Institución se encuentra impedida para proporcionar información relacionada con dichas indagatorias.

Como se informó en su momento a los representantes de los partidos políticos que lo solicitaron, la PGR reitera que no se encuentra dentro de sus atribuciones verificar los antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular, ni algún otro requisito de elegibilidad que señala las leyes respectivas.