Gracias señor Secretario. 

Con su permiso señor Presidente. 

Señores integrantes e invitados a este Consejo Nacional de Seguridad Pública: 

La Constitución General de la República señala que el Ministerio Público de la Federación es el órgano del Ejecutivo encargado de la persecución de los delitos del orden federal y al que le corresponde acreditar la responsabilidad de los inculpados. 

Seguir con toda regularidad los juicios para que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos y otras facultades, entre las que destaca su papel de representante de la sociedad. 

En este papel me permito referir a ustedes lo que considero un breve diagnóstico general de la situación que guarda la procuración de justicia a nivel federal con un antecedente. 

Durante muchos años, este país no requirió ni de estructuras profundas ni de coordinaciones porque su nivel de delincuencia era muy similar al promedio mundial, fue la emergente, el emergente surgimiento de una delincuencia con poder y dinero el que propició que esa misma emergencia generara que los gobiernos en cada uno de esos momentos, y me refiero a todos, y desde hace mucho tiempo, tuviesen que actuar en base a la coyuntura y empezar a actuar respondiendo ante la circunstancia que generaba el conflicto. 

Esto propició las condiciones del diagnóstico que voy a leer. 

En las instituciones encargadas de las tareas de seguridad pública, procuración y procesamiento de información, de información estratégica, obviamente, en las que padecen una desarticulación que impide la correcta y eficaz coordinación, es imprescindible para enfrentar con éxito sus funciones, e impide también contar con objetivos claros y resultados medibles, lo más grave, es que sucede lo mismo al interior de estas. 

Y esto, provoca una clara desvinculación entre la integración de la investigación y su planteamiento ante las autoridades judiciales lo que, conforme a las cifras que acaba de leer el señor Secretario de Gobernación, nos muestra que se abona brutalmente la impunidad. 

La Procuraduría General de la República, arrastra a través de los años, de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad actual porque fue condicionándose como lo dije antes, de manera desordenada para responder a la coyuntura, provocando hoy una fragmentación descoordinada que bloquea y desfasa el ejercicio de su función en el detrimento claro del cumplimiento de sus funciones. 

La emergencia de la coyuntura, provocó también este efecto de crecimiento, en algunos casos desproporcionados y en otros desconfigurado, pero siempre ausente de objetivos generales, permanentes, sistémicos. 

A todo esto y a efecto de lo mismo, se produjo un incremento en la calidad de policías y ministerios públicos, en la prisa, no logró la calidad de sus elementos ni en el mejoramiento de los procedimientos con por lo menos la suficiencia para enfrentar una delincuencia creciente en posibilidades y recursos. 
La reforma constitucional de 2008 ordenó las líneas genéricas para la modificación del sistema de justicia penal, dando ocho años para su implementación, a la fecha, en el ámbito general, los avances son insuficientes. 

Esfuerzos de capacitación se estrellan ante la ausencia de definición precisa que tendrán que hacer las leyes que reglamenten el modelo constitucional conforme a las condiciones de la realidad mexicana. 
Las prácticas, repito, de muchos años de elaboración y resguardo de los documentos fundamentales del proceso propician la fuga, falsificación y uso indebido de estos como un elemento más de corrupción e ineficiencia. 

Perdimos el propósito central de la investigación y lo tuvimos que cubrir con medidas extraordinarias que han producido un efecto perverso al convertirse en mecanismos casi únicos de consignación, violentando con frecuencia derechos fundamentales; situación que nos muestran claramente las dramáticas estadísticas sobre el tema. 

El Presidente de la República ha ordenado revisar este tipo de figuras, a la mayor brevedad, para darles consistencia, capacidad y moldearlas conforme los recursos modernos y jurídicamente adecuados para que el respeto a los derechos humanos, a la integridad de la persona y a la implantación de un auténtico sistema de derecho se apliquen en forma inmediata y corrijamos las figuras que esto propicia. 

Siendo la averiguación un instrumento que requiere de salvar con la reserva la presunción de inocencia y los derechos de terceros, esto no impide que la actuación de la autoridad deba ser transparente, pública y medible; aunado a todo esto, el sistema penitenciario, además de insuficiente, perdió la característica, por más utópica que parezca, de la reinserción social; y hoy a los centros de rehabilitación social, esto no se le da la suficiencia para poderlo atender. 

Finalmente, al hablar de utopías considero que los propósitos centrales de las instituciones que tienen que ver con la justicia, deben tener como meta, aunque sea ideal, la justicia plena, que consiste en esta materia en que no haya un inocente en la cárcel y que el delincuente tenga la sanción adecuada. Es así de simple y así de difícil, pero no es imposible. 

Muchas gracias.