Con la participación de más de 150 ponentes de diversos sectores de la sociedad y del gobierno en el Foro de Consulta Pública para la elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, organizado por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, se pudo avanzar en la consolidación de esa eventual legislación.

 

En el foro tomaron parte servidores públicos de la Federación, legisladores, magistrados, académicos y representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para perfeccionar la Ley que habrá de prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles y degradantes contra los seres humanos.

 

Fundamentalmente, en la consulta pública se destacó que con esa Ley se renovará el marco legal y normativo en la materia para combatir, de manera enérgica y definitiva, una de las prácticas más aberrantes que indignan y degradan a las naciones y que todos los días enfrentan los aparatos de procuración y administración de justicia de todos los países del mundo.

 

La consulta pública se desarrolló a través de cinco mesas de trabajo: gobiernos locales, Gobierno Federal, organismos de derechos humanos, sector académico y organizaciones de la sociedad civil. Las presidieron el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, y el Titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de esta institución, Juan Pablo Pampillo Baliño.

 

La mesa de trabajo de gobiernos locales contó con la participación de representantes y enlaces de todas las Entidades Federativas, a través de la Coordinación de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

 

Dentro de la mesa de Gobierno Federal participaron magistrados, legisladores y servidores públicos, entre ellos la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña; la senadora Martha Tagle; los diputados Luis de León Martínez Sánchez y Rafael Hernández Soriano; el presidente de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Magistrado Armando Maitret y los representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Policía Federal.

 

En la mesa correspondiente a Organismos Protectores de Derechos Humanos se dieron cita los representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Morelos, Distrito Federal, Guanajuato y Estado de México.

 

Asimismo, participaron académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el ITAM, la Universidad Anáhuac del Norte, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Pedregal y la American Bar Association, Rule of Law Initiative.

 

Finalmente se dio a conocer que cualquier persona interesada puede participar con su opinión vía correo electrónico a iniciativatortura@pgr.com.mx o a través del micrositio de la consulta accesible desde la página Web Institucional.