Durante la primera mitad del siglo XX, la participación de las mujeres en los procesos electorales fue prácticamente nula, sin embargo, existían activistas cuyo fin principal era el de conseguir el derecho femenino al voto.
Uno de los primeros antecedentes se dio en 1924, cuando el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales.
Sin embargo, no fue sino hasta el 24 de diciembre de 1946 que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán para reformar el artículo 115 Constitucional, que logró que de manera legal se hiciera patente el derecho de la mujer como ciudadana.
El 12 de febrero de 1947, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de adición al artículo 115 para permitir la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, quedando establecido que: “En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.
Como fruto de la lucha emprendida por muchas mujeres por alcanzar la igualdad política, esta reforma significó un gran avance en la democratización del país. También significó un gran antecedente de la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que otorgaría los mismos derechos de votar y ser candidatas en las elecciones, pero a nivel federal.
La mujer tiene gran relevancia en la política mexicana, no solo para poder votar, sino para tener la posibilidad de ser votadas y ganar una elección municipal.
Actualmente hay en el país 563 alcaldías gobernadas por mujeres, incluidas las de la Ciudad de México, esto sin duda refleja el gran avance que ha obtenido este sector de la sociedad a lo largo de los años.
Son innegables los avances en torno a la igualdad en derechos políticos entre hombres y mujeres; sin embargo aún faltan retos por superar.
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