Es un mecanismo para que los beneficiarios de los programas sociales, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados, mediante actividades orientadas al seguimiento, supervisión y vigilancia de los servicios que se otorgan, con la finalidad de garantizar sus derechos y fomentar una cultura de participación y transparencia en el servicio público.