LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA ANUNCIA LA PRESENTACIÓN DE SU PRIMER LITIGIO ESTRATÉGICO EN EL EXTRANJERO, PARA RECUPERAR ACTIVOS RELACIONADOS CON ACTOS DE LAVADO DE DINERO PROCEDENTE DE CORRUPCIÓN POLÍTICA POR PARTE DEL EXSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA GENARO GARCÍA LUNA

El día de hoy, el Gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo del Dr. Santiago Nieto Castillo, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anuncian la presentación de la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna y otras personas.

Según se alega en la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex Secretario de Seguridad Pública; esta primera acción judicial se ha presentado en las cortes de Miami, Florida, en los Estados Unidos, ya que es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.

La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.

La presente demanda, se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por Garcia Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.

Con acciones como ésta, el Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia financiera, reitera su compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Lo anterior remarca la posición del Estado mexicano de cero tolerancia frente a actos de corrupción.

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