El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá remitir a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Fiscalía General de la República, la estadística sobre los cursos de capacitación impartidos en materia de derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y métodos de detención, así como los resultados del diagnóstico en materia de tortura, elaborado por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Lo anterior, como parte de los acuerdos tomados en las reuniones de seguimiento al proceso de elaboración del “Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Estas reuniones se han celebrado con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y han sido presididas por Eduardo Poletti Vega, encargado de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, instancia que, de acuerdo con lo establecido en la ley, posee la facultad de coordinar a nivel nacional, el diseño, elaboración, instrumentación y aplicación del Programa Nacional en la materia.
Los objetivos específicos propuestos por la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura para el Programa son los siguientes:
1. Prevenir los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Impulsar la efectiva investigación y persecución de los delitos en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
3. Establecer instrumentos de coordinación, cooperación y colaboración para combatir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y
4. Fortalecer la atención y asistencia de manera integral a las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Durante las sesiones, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil asistentes, indicaron que es necesario incorporar en los objetivos la reparación del daño, la efectiva sanción y judicialización de los delitos en la materia, así como el establecimiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento que permita contar con sistemas de información y bases de datos.
De acuerdo a lo previsto en la ley, una vez que la Fiscalía Especializada difunda y publique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la tortura, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán remitir al citado Centro Nacional de Prevención su programa correspondiente.
En las reuniones han participado representantes e la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos y la Dirección General de Política Pública de la Secretaría de Gobernación; del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la Unidad de Igualdad de Género y la Oficina del Fiscal General de la República; de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud; así como del CNPDyPC.
Asimismo, se ha contado con la asistencia de miembros del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional (USAID, por sus siglas en inglés); de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de asociaciones civiles, tales como Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Boletín 456/19
