Con su permiso, senador presidente.

Integrantes de la mesa directiva.

Coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias.

Senadoras y senadores:

Permítanme reconocer en primer lugar el apoyo unánime que recibió la creación de la Guardia Nacional de parte del Senado de la República.

Apreciamos y reconocemos la visión de Estado que hizo posible tal consenso.

Aquí el Estado no representó una abstracción jurídica sino un punto de encuentro político en el que predominó el interés superior de la nación.

Aspiramos a continuar transitando con ustedes este camino. 

La inseguridad y la violencia han lastimado por décadas a la sociedad mexicana, como no había sucedido en nuestro país desde la época de la Revolución.

Nuestra patria está dolida, exhausta por tantos años de violencia.

Hablamos de una crisis mayor a una responsabilidad sexenal.

Dicho con franqueza, padecemos una inseguridad crónica e histórica.

Una fría, desapasionada y objetiva evaluación nos lleva a la conclusión de que estamos frente a una crisis estructural de seguridad que trasciende responsabilidades sexenales, incluye a cada administración sexenal que nos ha precedido pero las trasciende.

Es mi valoración que todas las fallas estructurales de nuestro sistema político, económico y social se expresan precisamente en la inseguridad, son las consecuencias de un modelo económico, sectario y excluyente. 

Por eso tenemos generaciones perdidas a causa de la violencia o se habla con naturalidad de una cultura de la muerte.

Las cifras valen por sí solas, citaré sólo dos: en unos cuantos años la tasa de homicidios nacional pasó de 13 a 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, según reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El costo de esta espiral de violencia es más que crítico, alrededor de 5.16 billones de pesos en 2018, cifra equivalente al 24% del Producto Interno Bruto, si hemos de hacer nuestras las estimaciones del Instituto de Economía y Paz de México; 21.6% del PIB según el Foro Económico Mundial.

Detrás de estos fríos datos están miles de robos, secuestros y homicidios, pero también los huérfanos, y la estabilidad y salud destrozadas de familias completas.

Estas cifras nos hablan de un orden social descompuesto e históricamente excluyente.

Esta es la naturaleza y la dimensión del desafío que tenemos como país en materia de seguridad.

En ese contexto, cabe considerar a la seguridad pública como un espacio de neutralidad política e ideológica que facilite la construcción de consensos, tal y como sucedió con la creación constitucional de la Guardia Nacional.

Esta neutralidad no pasa por la supresión de las diferencias democráticas sino por buscar una convergencia superior para alcanzar la paz con la eficacia, legalidad y urgencia que reclama nuestra gente.

En estas circunstancias de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social.

Pero si la marginación y la falta de opciones de sobrevivencia económica se encuentran en la base del auge delictivo que enfrenta el país, la corrupción prevaleciente es la razón primaria de su descontrol, de su crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo. 

De las reflexiones anteriores se desprende la necesidad de un cambio sustantivo de estrategia, una estrategia que debe ir a las causas económicas y sociales profundas que generan la inseguridad.

Presento ante ustedes una síntesis de la estrategia propuesta en la materia y que ya fue entregada a esta cámara:

1. Erradicar la corrupción y establecer un auténtico estado de derecho.

En materia de corrupción nadie se llamará a engaño en los cuerpos de seguridad. Pintaremos una raya clara entre la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad, y acabaremos con la delincuencia uniformada.

2. Garantizaremos empleo, educación, salud y bienestar.

La idea motriz del programa de seguridad es que la paz y la seguridad son fruto de la justicia.

Los objetivos de la seguridad no pueden alcanzarse solo por la vía de la fuerza. Las fuerzas del orden tienen tan solo un rol complementario en la seguridad.

Debemos tener claro que no habrá paz sin justicia, que no habrá una seguridad estable y permanente si no atendemos las causas profundas que generan la violencia.

Por ello, la política social es el telón de fondo de la estrategia de seguridad.

3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos.

Las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad.

Por ello, se incorporará el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares, y se difundirá la cultura de Derechos Humanos tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias de gobierno.

Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. Se dará seguimiento puntual a cualquier denuncia en este sentido.

4. Regeneración ética de la sociedad.

La crisis de valores y de convivencia constituye uno de los componentes del estallido de violencia y criminalidad que vivimos.

Ante este panorama, la regeneración ética es al mismo tiempo un medio y un propósito de la Cuarta Transformación.

Se impulsará esta regeneración ética de la sociedad mediante la acción ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables, y pendiente en todo momento del interés superior de la Nación. 

5. Reformularemos el combate a las drogas.

La prohibición de ciertos estupefacientes, particularmente de la marihuana, por parte del poder público es ya insostenible desde cualquier punto de vista.

Tal prohibición es ineficaz desde el punto de vista de la salud pública. En la mayor parte de los países las estrategias de la prohibición de diversos estupefacientes no se ha traducido en una reducción del consumo. 

La “guerra contra las drogas” ha escalado el problema de salud pública, que representan sin duda las sustancias prohibidas, hasta convertirlo en un asunto de seguridad nacional, y ha desembocado también en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en la medida en que su capacidad financiera, su poder de fuego, su capacidad operativa e internacionalización se ha incrementado de manera sostenida.

Aun y cuando esta medida no sería suficiente por sí misma y no resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas, la regulación de algunos de los estupefacientes actualmente prohibidos permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia y la inseguridad.

6. Recuperación y dignificación de las cárceles.

El sistema penal del país enfrenta graves distorsiones que lo convierten con frecuencia en un mecanismo contraproducente y que pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad. 

Nos proponemos recuperar el control de los penales, de las mafias que se enseñorean en ellos; combatir la corrupción de las autoridades carcelarias; establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos; separar a los imputados de los sentenciados; garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres y dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de las y los reclusos.

Finalmente proponemos una reforma radical del sistema de Seguridad Pública. Proponemos repensar la seguridad nacional y reorientar parcialmente los recursos de diverso tipo ahora destinados a las Fuerzas Armadas, para destinarlos prioritariamente a la seguridad pública, de tal manera que sin abandonar sus misiones constitucionales, las fuerzas armadas participen en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional.

Con la reforma constitucional se ha resuelto tanto el vacío legal en el que los institutos armados venían participando en las labores de seguridad pública, como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia.

Los efectivos iniciales de la Guardia Nacional, como ustedes saben, provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal; adicionalmente, se convocará a 50 mil nuevos reclutas  para que se integren de manera progresiva en el transcurso de los próximos años. Estos nuevos elementos contarán con prestaciones semejantes a los de las instituciones castrenses; los efectivos procedentes de las Fuerzas Armadas y Policía Federal conservarán su antigüedad.

Los planes y programas serán unificados de acuerdo a un plan de estudios que hará énfasis en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y control en el uso de la fuerza, entre otros conocimientos necesarios para su mejor desempeño.

Se desarrollará un programa progresivo para homologar al alza los ingresos y las prestaciones sociales de policías, militares y marinos. La Guardia Nacional iniciará las operaciones en 150 regiones este año, 200 para el siguiente y 265 para el 2021, fecha en la que estimamos concluir el reclutamiento de estos 50 mil nuevos elementos. 

Este año esperamos terminar la Guardia Nacional con 82 mil elementos, la Policía Federal tiene actualmente solo 36 mil, y el 2021 contar con 120 mil elementos, y el 2023 con 150 mil elementos para que el Estado mexicano cuente con un instrumento capaz de responder eficazmente a los desafíos de la seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Como es de su conocimiento se adecuó el Gabinete de Seguridad como instancia estratégica y de gestión de crisis. Su objetivo es garantizar la colaboración y perseverancia de todos los cuerpos de seguridad en el país y establecer diariamente las respuestas ejecutivas a los problemas de seguridad que se presentan.

El Presidente de la República coordina directamente el Gabinete de Seguridad, que sesiona diariamente en Palacio Nacional y en el cual participan los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta instancia da también seguimiento a las decisiones diarias correspondientes.

En cada región y en cada estado están teniendo lugar, también a temprana hora, reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales y estatales de seguridad pública y procuración de justicia. En las reuniones estatales están presentes las y los señores gobernadores o un representante del más alto nivel, en quien recae el mando de la mesa. Asisten invariablemente el comandante de la zona Militar o Naval correspondiente y el jefe del destacamento de la Policía Federal.

Rumbo al final les digo a ustedes que la inteligencia será la base de la eficiencia de los cuerpos del orden.

Esta estrategia no solo persigue la captura de objetivos criminales sino desmontar las estructuras criminales basadas en el flujo millonario de recursos y armamento. Para ello, la Unidad de Inteligencia Financiera se sumará a la estrategia de seguridad para atacar los esquemas financieros de manera paralela a la persecución de los líderes de las organizaciones criminales.

Como parte de todo ello, se promovió el perfeccionamiento de la figura de extinción de dominio y de los procedimientos para la declaratoria del abandono de bienes. 

Los bienes decomisados al crimen organizado se destinarán a la atención de las víctimas, a fortalecer los programas sociales y a mejorar las condiciones de los integrantes de los cuerpos de seguridad.

En esta estrategia es prioridad ya el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el feminicidio y el tráfico de personas, entre otros. La prevención es uno de sus ejes estratégicos.

Nos proponemos lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación, un punto de inflexión en la tendencia creciente, lograr niveles razonables de paz y tranquilidad en los primeros tres años y aprovechar los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar el 2024 un país estable y en paz.   

Senadoras y senadores:

Agradezco nuevamente su aportación, esfuerzo y compromiso colectivo para  recuperar la paz y la seguridad en nuestro país.

Es todo un desafío mantener el asunto en perspectiva.

Nuestro mayor problema está en el corto plazo. 

Esto no se descompuso de la noche a la mañana, ni se va a componer de la noche a la mañana. Sería irresponsable plantearlo en esos términos.

Sin embargo, nos esmeramos diariamente con el presidente Lopez Obrador a la cabeza, por dejar atrás, cuanto antes, los días más oscuros de la inseguridad.

La paz y la tranquilidad se sentirán en los hogares, en las escuelas y en la calle en general. Cuando la seguridad realmente llegue, no será necesario citar estadísticas.

Sólo entonces podremos decir: misión cumplida!

Mientras tanto, seguiremos haciendo un apostolado de nuestra responsabilidad de otorgar una adecuada seguridad a todas y todos los mexicanos.

Muchas gracias por su atención.