8 y 9 de Agosto de 2019
Distinguido Presidente del Comité, Sr. Noureddine Amir
Distinguidas expertas y expertos del Comité,
Estimadas y estimados representantes de la sociedad civil,
Señoras y señores,
Los saludo en náhuatl, una de las 68 lenguas indígenas en México. [Saludo en náhuatl]
Es una grata coincidencia para el Estado Mexicano que la sustentación ante este Comité coincida con la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que tendrá lugar el día de mañana, y que esta Delegación pueda dialogar con ustedes precisamente ese día.
Lo anterior porque el Estado mexicano reconoce el importante papel que desempeña este Comité de velar porque las políticas públicas de los Estados Parte estén dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación racial, en particular hacia grupos y personas que históricamente han enfrentado desventajas en el ejercicio de sus derechos.
A pesar de los esfuerzos de este Comité, desafortunadamente aparece de nuevo el discurso de odio inspirado en ideas basadas en la superioridad de una raza.
El pasado fin de semana, vimos una expresión más de ese odio racial en la Ciudad de El Paso, Texas en donde 22 personas, entre ellas 8 mexicanas perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas.
Condenamos esos deleznables actos, nos unimos al dolor de las familias de las víctimas y reiteramos el deber de los Estados Parte de la Convención de tomar medidas para eliminar toda incitación a la discriminación y al odio.
Señor Presidente y personas integrantes del Comité,
Nos honra mucho el inicio de este diálogo.
Quiero expresar que el Gobierno de México ha implementado una estricta política de austeridad con el fin de redistribuir el recurso de la burocracia y destinarlo a la mejora de las condiciones de vida de la población más desaventajada en nuestro país.
Por ello, somos una delegación pequeña pero sustantiva con representación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la presencia de la institución que genera las estadísticas del país, del Instituto especializado para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y la persona que encabeza la Política Nacional para la Eliminación de la Discriminación en México.
Destaco que la delegación está principalmente integrada por mujeres, en reflejo de las políticas de paridad que el Gobierno de México ha adoptado y promovido.
Desde 2012, última ocasión en que México sustentó su Informe de cumplimiento de la Convención, el país ha experimentado cambios relevantes para fortalecer las instituciones responsables de implementar la agenda nacional de derechos humanos.
Para el nuevo gobierno es de vital importancia la promoción y el respeto de los derechos humanos, y ese principio constituye uno de los ejes de la política exterior transformadora que refuerza el paradigma de sociedades incluyentes, respetuosas de derechos, garantías y libertades y brinda especial visibilidad a los grupos y personas afectadas por las brechas de desigualdad.
También, para este Gobierno es muy importante escuchar las voces críticas que permitan mejorar nuestras acciones de política pública.
Por ello, para este ejercicio de sustentación, tuvimos un diálogo interinstitucional con organizaciones de la sociedad civil y analizamos con atención los informes que presentaron, externando legítimas preocupaciones sobre la situación de mujeres y hombres indígenas, personas afrodescendientes y en situación de migración.
En esta intervención inicial, quisiera exponer los principales avances relacionados con los temas de preocupación e interés del Comité y las organizaciones de la sociedad civil, y externar los retos que tenemos como Estado Mexicano y las acciones que estamos tomando para enfrentarlos; en el siguiente orden temático:
Marco normativo e institucional para eliminar la discriminación racial;
Reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente y los programas específicos adoptados para la promoción de sus derechos;
Medidas para garantizar el acceso a la justicia por parte de pueblos indígenas y de afrodescendientes;
Información sobre miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes privados de libertad;
Derecho a la consulta;
Participación política;
Reconocimiento de derechos colectivos de pueblos indígenas, así como medidas para la preservación y protección de tierras, territorios y recursos naturales de pueblos indígenas;
Derecho a la salud, incluyendo salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas;
Derecho a la educación;
Difusión y respeto a las tradiciones y cultura;
Personas defensoras de derechos humanos;
Situación de las personas migrantes y refugiadas;
Reconocemos que partimos de un rezago de años de inacción y omisión por parte del Estado Mexicano y la adopción de un paternalista respecto de las poblaciones discriminadas por etnia y raza.
Por ello, estamos claros que las acciones futuras requieren de la participación plena de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, de una absoluta coordinación interinstitucional entre órdenes de gobierno y poderes, así como de la disponibilidad de recursos humanos y financieros suficientes para atender los rezagos. Sabemos que solo con estos mecanismos seremos capaces de enfrentar los retos.
Lo primero. México es un país pluriétnico y multicultural, con 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Sabemos, por los datos de la encuesta intercensal de 2015 que la población que se autoadscribe como indígena representa más del 20% de la población del país y que las personas afromexicanas suman el 1.2% de la población nacional total.
Reconocemos que la discriminación contra ambas poblaciones ha sido histórica, orgánica y estructural; arraigada culturalmente en la sociedad en general y presente en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana.
Tenemos datos de que las poblaciones discriminadas por etnia, raza, nivel socioeconómico u otras características personales enfrentan barreras sistemáticas y condiciones adversas para ejercer sus derechos.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 muestra que 2 de cada 10 personas en México declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal como tono de piel, peso o estatura, clase social, sexo y edad.
Al 42.6% de la población indígena que en el último año solicitó información sobre algún trámite, servicio o programa de gobierno, le negaron la información o no se la explicaron.
Casi el 30% señaló la negación de al menos un derecho en los últimos cinco años.
Por otro lado, el 49.3% de la población en México percibe que el derecho de las personas indígenas se respeta poco o nada.
El 75.6% está de acuerdo en la frase de que "las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente".
Con respecto a las personas afrodescendientes, el 26.9% declaró la negación de al menos un derecho en los últimos cinco años.
El 55.6% considera que en México se respetan poco o nada los derechos de las personas afrodescendientes y el 87.4% declaró que el gobierno debería tomar en cuenta mucho o en algo la opinión de las personas afrodescendientes.
Erradicar la discriminación es una tarea compleja en un país tan grande y diverso como México.
Su estructura administrativa federal implica mucho trabajo en materia de coordinación y homologación de políticas y requiere de acciones en el corto, mediano y largo plazo, en los tres órdenes de gobierno, así como de la participación activa de la sociedad civil y las empresas.
El Estado cuenta con una ruta de acción establecida en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, el Programa Nacional de Pueblos Indígenas, el Programa de Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Programa Nacional de Derechos Humanos, todos ellos para los próximos cinco años, que permitirán fortalecer la protección de los derechos y las libertades fundamentales, así como para hacer de la diversidad un valor y no un motivo de segregación y diferenciación injustificada.
Quisiera empezar señalando que, en materia legislativa, México tiene avances significativos. El artículo primero de la Constitución mexicana establece la prohibición expresa de cualquier tipo de discriminación, incluida la motivada por origen étnico o nacional.
Nuestro Código Penal Federal tipifica la discriminación para quien atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
Actualmente, el Senado de la República estudia una iniciativa para ampliar el tipo y penalizar la violencia contra cualquier persona por razones de origen, pertenencia étnica, religión, color de piel, lengua, origen nacional o social.
Las 32 entidades federativas cuentan con una ley antidiscriminatoria, 28 entidades federativas tienen una cláusula antidiscriminatoria en sus Constituciones locales y 29 estados incluyen en sus códigos penales alguna de las causales previstas en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
En 2014 se amplió la definición de discriminación en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en 2018 se reforzó el trabajo que realiza la agencia mexicana para Prevenir la Discriminación otorgándole atribuciones para prevenir y erradicar el discurso de odio.
Muy recientemente se aprobó la reforma constitucional que reconoce explícitamente a los pueblos y las comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural del país lo cual permitirá establecer políticas y acciones afirmativas focalizadas.
Quiero destacar también que institucionalmente nos hemos fortalecido para dar cumplimiento a nuestros mandatos constitucionales y convencionales.
En 2018, se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con el fin de atender la discriminación estructural que han vivido los pueblos indígenas y las personas afro-mexicanas, el cual cuenta con un Consejo Nacional como órgano de participación y vinculación con los pueblos indígenas y afro-mexicanos con participación igualitaria de hombres y mujeres.
Atendiendo la recomendación formulada por la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno impulsa consultas para recoger sus demandas y reflejarlas en una nueva reforma constitucional, la cual será amplia e integral abarcando temas como la libre determinación y autonomía; el derecho a la consulta, a la salud y a la medicina tradicional y este Instituto es el responsable de realizarlas.
En lo referente a las personas afrodescendientes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía incluyó por primera vez en 2015 una pregunta en relación con la autoadscripción de esta población y en el censo de 2020 incluirá una pregunta que ya ha sido consultada en 7 foros con organizaciones de personas afromexicanas para una medición más precisa.
Sabemos que una preocupación del Comité es el acceso a la justicia. Destaco que el artículo 2º de la Constitución consagra el derecho a que en todos los juicios y procedimientos en que las personas indígenas sean parte se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, señalando además que: "...tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura".
La Suprema Corte de Justicia ha establecido también que una defensa óptima requiere tomar en cuenta las especificidades culturales.
Para eso, se cuenta con más de 1,700 intérpretes certificados y 623 acreditados en 109 variantes lingüísticas, ubicados en 26 estados de la República para brindar la atención. Las demandas son amplias y es un hecho que falta garantizar este derecho a todas y cada una de las personas que se enfrenten a un proceso penal.
En el primer semestre de 2019, por ejemplo, el Instituto Federal de Defensoría Pública amplió la cobertura de atención en lenguas indígenas pasando de 39 a 90 personas hablantes de una lengua indígena con las cuales atendió a 1,750 personas indígenas, de las cuales 324 recibieron representación legal en materia penal en diversas etapas del proceso.
En relación con las personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad, en 2016, se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal que constituye una acción fundamental para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios y garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Así mismo, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario aprobó el “Protocolo de actuación en casos que involucren a personas indígenas privadas de la libertad”, a fin de que puedan preservar sus usos y costumbres, atendiendo a las limitaciones que impone el régimen de disciplina de los Centros Penitenciarios.
En lo referente a la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas y, en particular el derecho a la consulta, México es Parte del Convenio 169 de la OIT y tiene el compromiso de garantizar la consulta libre, previa e informada.
La Suprema Corte de Justicia reconoció en 2015 que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados previamente en aquellos casos en los que la actividad del Estado impacte significativamente en su entorno.
Actualmente, se cuenta con el registro de 122 procesos de consulta por parte de las instituciones federales en temas como planes de desarrollo, proyectos hidroeléctricos y por el uso de cultivos genéticamente modificados.
La Ley de Hidrocarburos y la Ley de Industria Eléctrica prevén que se tomen en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas con procedimientos de consulta necesarios para su salvaguarda.
Con respecto a la participación política, el Estado mexicano ha adoptado acciones afirmativas para propiciar una mayor participación de las personas indígenas.
En el proceso electoral de 2018, se estableció que en los 13 distritos indígenas federales con población indígena mayor al 60%, los partidos políticos debían postular a personas indígenas, que se adscribieran como tales y que mostraran algún vínculo con su comunidad. Además, la mitad debían ser mujeres.
En 2019, se aprobó una reforma para garantizar que el principio de paridad se aplique en los municipios con población indígena; consiguiendo garantizar el derecho al voto de comunidades indígenas desplazadas por la violencia interna.
Con respecto al reconocimiento de los derechos colectivos y la preservación de las tierras y territorio, la Suprema Corte de Justicia reconoció que el derecho a la libre determinación comprende la preservación de la integridad de sus tierras y para la resolución de las controversias, los tribunales agrarios consideran los usos y costumbres.
Así, el Tribunal Superior Agrario ha atendido más de 19 mil asuntos que involucran comunidades indígenas, de los cuales el 47% se han resuelto a favor de dichas comunidades.
En lo referente al tema de salud, la carencia por acceso a los servicios de salud de la población indígena ha disminuido significativamente, ya que pasó de 24.3% en 2012 a 15.1% en 2016. Es decir, una disminución de casi 10 puntos porcentuales.
De 2013 a 2018 se fortaleció la oferta de establecimientos médicos en localidades de alta marginación que no contaban con servicios de salud. Actualmente contamos con 31 Unidades Médicas Rurales en localidades predominantemente indígenas y 139 Unidades Médicas Móviles que dan atención a localidades predominantemente indígenas.
Con respecto al tema educativo, a fin de promover las oportunidades educativas de calidad para la población indígena en educación básica, se incrementó en 274% el número de escuelas indígenas beneficiadas con recursos federales al pasar de 3,700 escuelas en el ciclo escolar de 2012 a más de 10,00 en el ciclo escolar de 2016.
Datos de 2015 muestran que el promedio de escolaridad de la población hablante de lengua indígena fue de 5.7 años, cifra menor a la media nacional.
La Suprema Corte de Justicia sostuvo que para la debida satisfacción del derecho a la educación ésta debe adaptarse y responder a las necesidades del alumnado en contextos culturales y sociales variados; y los niños y niñas indígenas tienen derecho a una educación intercultural bilingüe.
Actualmente, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena busca contribuir a la permanencia y conclusión del grado académico de estudiantes de pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, otorgando becas a estudiantes de estas poblaciones que cursan educación superior y maestría; con ello, se logró que 84 mil 110 niñas, niños y jóvenes indígenas concluyeran sus estudios.
Finalmente, la reforma educativa del actual gobierno incluye la elaboración de una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, la cual establecerá acciones y etapas para su cumplimiento progresivo con base en los estándares internacionales.
La presente administración ha integrado al Programa Nacional de los Pueblos Indígenas la obligación de fortalecer y revitalizar las culturas, lenguas, valores, saberes y demás elementos que constituyen su patrimonio cultural y biocultural.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia documenta las expresiones culturales del patrimonio cultural tangible e intangible; desarrolla investigaciones y estudios que permiten conocer las dinámicas sociales y culturales en el país.
El estado mexicano cuenta con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas. Son 21 estaciones distribuidas en 16 estados que transmiten en 33 lenguas indígenas y cuya audiencia potencial es de 5.5 millones de personas indígenas.
Con respecto a las personas defensoras de derechos humanos, el Estado mexicano cuenta con un Mecanismo de Protección paradigmático pues provee protección a personas que por su trabajo de defensa de los derechos humanos ven amenazada su integridad. El Mecanismo ha incorporado 663 casos, de los cuales 50 corresponden a personas defensoras de derechos humanos de pueblos indígenas y personas migrantes.
El Estado mexicano ha buscado fortalecerlo mediante la evaluación de la sociedad civil sobre su desempeño y áreas de mejora. La semana pasada, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su diagnóstico el cual servirá de base para el fortalecimiento del mismo.
Quiero manifestar que el actual gobierno reconoce la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y repudiamos cualquier agresión que busque limitar sus derechos fundamentales o menoscabar su labor.
El último tema que quiero abordar es lo referente a la migración y las personas refugiadas. Al respecto, quiero expresar que la política migratoria del Estado mexicano se constituye sobre la base de un nuevo paradigma cuyo centro es la persona migrante y el desarrollo social y económico como sustento de la movilidad humana
Los flujos migratorios que hemos tenido en los últimos meses como país de tránsito y retorno han sido inéditos. La cantidad de personas que ha ingresado en nuestro país, en ocasiones de manera violenta, con el fin de arribar a los Estados Unidos de América ha trastocado a la sociedad mexicana e incluso generando el riesgo de avivar las expresiones discriminatorias contra personas migrantes.
Partiendo de esta realidad, se han emprendido acciones encaminadas a atender, disuadir y erradicar conductas de discriminación y xenofobia hacia la población migrante.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación elaboró la Guía para prevenir prácticas de Perfilamiento Racial, que es una herramienta para que las y los agentes federales de migración eviten tales prácticas en su trabajo diario.
Con ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones se les ha capacitado sobre los derechos humanos de las personas migrantes y de grupos vulnerables como la comunidad LGBTI.
Los Grupos Beta de Protección a Migrantes brindan apoyo en salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación.
De 2012 a 2019 se han atendido a más de 1 millón 290 mil personas migrantes ofreciendo ayuda humanitaria, alimento, agua, llamadas telefónicas y traslados a hospitales y albergues.
En cuanto a la asistencia legal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública atendió durante 2018 a casi 2000 personas migrantes, la mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. En lo que respecta al primer semestre de 2019, el Instituto ha atendido a 1,477 personas, de las cuales ha representado gratuitamente a 1,150 personas.
Desde esta tribuna quisiéramos hacer un llamado respetuoso a las agencias y mecanismos que conforman el sistema de Naciones Unidas a que se promueva rápidamente un esquema de responsabilidad compartida y cooperación internacional para atender integralmente la migración que atraviesa el país. Quedamos en espera de su respuesta.
Señor Presidente, integrantes del Comité
Las medidas descritas apuntan a un México que ha logrado impulsar reformas legislativas y políticas públicas para avanzar progresivamente hacia la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas.
Somos conscientes de que el reto consiste en pasar de la nominación legal a la acción concreta. El reconocimiento importa, pero también la redistribución y la representación.
Somos conscientes que tenemos enormes desafíos en términos de pobreza y acceso a servicios básicos, que exacerban las brechas de desigualdad entre la población. Los reconocemos y estamos trabajando en ellos a través de un nuevo esquema de programas sociales que permitan atender los rezagos más importantes en el ámbito rural y entre las personas más desaventajadas.
Somos conscientes de que solo con la participación activa de las comunidades discriminadas en términos étnicos y raciales se podrá incrementar su representación efectiva para poner en el centro de la agenda pública sus problemas y necesidades.
El Estado mexicano reitera su disposición para sostener un diálogo franco, constructivo y transparente, que nos permita implementar adecuadamente las recomendaciones que resulten de este y con ello alcanzar nuestros objetivos conjuntos consistentes en eliminar la discriminación y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas.
A nombre del Estado mexicano, les doy las gracias.