La 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se llevará a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Expo City, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La COP28 sucede en un momento crítico. A nivel internacional se requiere hacer mayores esfuerzos para dar cumplimiento derivadas del Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2°C y con una visión de no mayor a 1.5º C respecto a las temperaturas preindustriales, principalmente de una acción decidida de los países con mayor responsabilidad en las emisiones.
En los últimos años, el mundo ha sido testigo y víctima de la intensificación de los efectos adversos del cambio climático, en particular las regiones con menos recursos, que paradójicamente son las que menos contaminan. Las sequías se han vuelto más severas, las inundaciones catastróficas más frecuentes, y las tormentas cada vez más intensas, amenazan el desarrollo sostenible de las comunidades, así como la subsistencia de los ecosistemas que nos sustentan.
México contribuye solo con alrededor del 1.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero es altamente vulnerable ante los impactos del cambio climático. Tal como lo demostró el devastador impacto del huracán Otis en el estado de Guerrero. La rapidez de su transformación en categoría 5 en pocas horas hizo evidente la urgencia de atender esta crisis climática.
La crisis climática de los últimos años ha mostrado que es una responsabilidad global porque sus efectos están afectando a la humanidad y a ecosistemas en su conjunto. Ante esta urgencia, el Estado mexicano reconoce en el cambio climático uno de los retos más apremiantes del desarrollo en este siglo y promueve una acción climática ambiciosa y socialmente responsable, fundamentada en el principio de justicia ambiental y en el cumplimiento por los Estados de sus compromisos internacionales basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades, a la luz de las circunstancias nacionales.
En el contexto de la COP28, México considera el combate al cambio climático como un elemento esencial para el desarrollo, ya que sus efectos negativos ponen en juego la viabilidad de la humanidad y los ecosistemas e impacta directamente en la capacidad de todas las personas para disfrutar plenamente de sus derechos humanos.
Para avanzar hacia una sociedad justa y resiliente es imperativo reconocer que las mujeres y las niñas, y las comunidades vulnerables, son particularmente afectadas por los peores efectos del cambio climático, debido a las desigualdades estructurales e históricas de género y sociales que acentúan las amenazas a sus medios de vida, salud y seguridad. México aboga por la inclusión del enfoque de género en la acción climática, garantizando transiciones justas que beneficien a todas las mujeres y niñas, así como a lo más pobres y vulnerables así como un enfoque de justicia social que considere las brechas existentes con la finalidad de reducirlas.
En este tenor, México expresa su profunda preocupación por el impacto climático en las comunidades, obligadas a abandonar sus hogares, familias y culturas, y exacerba las condiciones de vulnerabilidad y movilidad humana a nivel mundial. Reforzar el compromiso de los Estados con una perspectiva de derechos humanos es esencial para crear condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales que permitan a las personas vivir de manera pacífica, productiva y sostenible en sus propios países.
México reconoce la necesidad de una acción climática efectiva y ambiciosa con una equidad intergeneracional basada en la educación y conciencia global sobre el cambio climático. La inclusión de las voces juveniles es esencial, y la Delegación mexicana celebra la visibilidad que la Presidencia emiratí ha otorgado a este grupo poblacional.
Por otro lado, México insta a todas las partes a actuar basándose en la evidencia científica. La ciencia no es negociable, y el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) es esencial para respaldar las decisiones climáticas adoptadas en la CMNUCC, sin dejar de lado las aportaciones de los conocimientos tradicionales y comunitarios.
El Sexto Informe de Evaluación (AR6) del IPCC refleja con preocupación las devastadoras consecuencias del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es urgente actuar ahora para evitar efectos negativos más peligrosos e irreversibles. México reitera su compromiso con el Acuerdo de París y toma en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo III del AR6 del IPCC. Este grupo insta a reducir las emisiones de GEI en un 43% para 2030 o un 60% para 2035 a nivel mundial, con el objetivo de no rebasar un aumento de 1.5°C en la temperatura mundial en comparación con los niveles preindustriales.
En cuanto a los temas de la agenda, México atribuye especial importancia al primer Balance Global del Acuerdo de París. Los países tenemos la obligación de utilizar este espacio para identificar las brechas y oportunidades para el cumplimiento de la plena implementación del Acuerdo de París, incluyendo la meta de limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo del 2°C y visualizar de 1.5°C, fortalecer las medidas de adaptación y resiliencia, y mejorar el acceso de los países en desarrollo a la tecnología y al financiamiento climático con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
México está comprometido a fortalecer la acción global para la adaptación al cambio climático, reconociendo la necesidad de aumentar la capacidad adaptativa, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos en todas las naciones. Este compromiso se extiende especialmente a los países en situación de vulnerabilidad debido a su condición económica, geográfica o social.
En la COP28, es crucial para México que se adopte un Objetivo Global de Adaptación centrado en las personas, la igualdad de género, los medios de subsistencia y ecosistemas. Este objetivo busca contribuir a la protección de los derechos de todas las personas y de las generaciones presentes y futuras. Deberá estar respaldado por la mejor ciencia disponible, incluidos los informes más recientes del IPCC.
Con la finalidad de construir políticas democráticas y horizontales basadas en principios de reconocimiento y fomento de la inteligencia colectiva, las políticas específicas de adaptación se deben realizar de manera participativa, respetando los conocimientos tradicionales compartidos por los Pueblos Indígenas, siempre que se observe su consentimiento libre, previo, significativo, culturalmente adecuado e informado. Todo ello enmarcado en un diálogo de saberes.
Para alcanzar las metas de mitigación, México considera fundamental visibilizar y potenciar los co-beneficios ambientales, sociales y económicos de la acción climática. Se destaca la importancia de soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque en los ecosistemas para reducir emisiones y recuperar el capital biocultural, los bosques y la biodiversidad.
México trabaja activamente para cumplir con las metas incluidas en su NDC con un enfoque de justicia ambiental, abordando áreas como el transporte, la industria, energía, petróleo y gas, la agricultura, la ganadería, el cambio de uso de suelo, la silvicultura, residencial y comercial y los residuos. Se reafirma el compromiso de llegar a la generación del 35% de energía limpia en 2024, siguiendo una estrategia clara para aumentar la participación de energía limpia en la matriz energética de manera ordenada y equilibrada. Esta transición energética soberana y justa tiene una visión humanista, colocando en el centro de las decisiones a las comunidades más vulnerables. El desarrollo técnico humano es esencial para su cumplimiento.
Por ejemplo, el Plan Sonora tiene como objetivo generar 5GW de energía fotovoltaica en ese estado. Además de contribuir a la generación de energía limpia, se espera desarrollar el talento humano, contar con infraestructura de punta e impulsar las industrias de semiconductores y electromovilidad. México también trabaja en fortalecer la energía eólica y las hidroeléctricas con la urgencia necesaria para diversificar y aumentar las fuentes de energía limpia.
En cuanto a los medios de implementación, se estima que los países desarrollados deben asumir su responsabilidad histórica y elevar la ambición. El financiamiento, la innovación, la transferencia tecnológica y la creación de capacidades nacionales son herramientas indispensables para que los países en desarrollo enfrenten los desafíos de la crisis climática.
Es imperativo repensar el sistema financiero climático internacional para equilibrar y acelerar los flujos financieros para la mitigación y la adaptación. Se requiere una reforma urgente de los bancos multilaterales de desarrollo para acceder al financiamiento climático de manera más flexible y menos burocrática.
En relación con el fondo para la atención de las pérdidas y daños, México se esforzará por adoptar las recomendaciones necesarias para asegurar la eficiencia operativa del fondo. Esto incluye reconocer la urgencia de garantizar un acceso ágil y justo al financiamiento por parte de los países en desarrollo, en particular de la región latinoamericana y del Caribe. Estos países demandan un cambio profundo en la gestión de la crisis climática y la reparación de los daños causados a las personas y comunidades más vulnerables. Este enfoque se fundamenta en el principio de justicia climática, con el objetivo de que los países históricamente responsables de las mayores emisiones de GEI asuman la responsabilidad correspondiente.
El fondo también deberá abordar tanto las pérdidas y daños económicos como aquellos de índole no económica provocados por eventos de evolución lenta o condiciones climatológicas extremas. Esto incluye acciones de ayuda, rehabilitación, reconstrucción y reubicación.
Es fundamental que el fondo cuente con contribuciones voluntarias no solo de países sin responsabilidad histórica, sino también de diversos actores como el sector privado, la banca internacional y donaciones. El financiamiento asignado debe ser nuevo y adicional a los fondos climáticos ya existentes.
Además, México reitera su llamado a la pronta operación de la Red de Santiago, destinada a brindar asistencia técnica necesaria para la atención de pérdidas y daños a los países más vulnerables al cambio climático. Se busca que la Red entre en funciones durante la COP28, eligiendo un anfitrión que facilite un acceso justo, geográficamente equilibrado y ágil a este crucial apoyo técnico.
México destaca los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para el acceso al financiamiento climático internacional. El Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales (FACRID) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), busca contar con recursos e implementar proyectos para la prevención, reducción, respuesta, mitigación y recuperación ante desastres en la región. El FACRID constituye un hito en la acción climática, reforzando el mensaje de urgencia para que los países desarrollados colaboren con las metas financieras globales e integren una visión compartida para enfrentar los desafíos del cambio climático y los desastres naturales que amenazan a las regiones más vulnerables, como lo es América Latina y el Caribe.
México aboga por la colaboración entre países, instando a la adopción de un programa de trabajo para la transición justa con un enfoque de género y derechos humanos. Este programa tiene como objetivo acelerar la acción climática en materia de mitigación y adaptación. El enfoque principal del programa debe ser compartir experiencias y conocimientos para sobre cómo implementar una transición justa a nivel nacional. Se propone que el programa tenga una duración inicial de dos a tres años.
Este programa debe situar en el centro de la acción a las personas trabajadoras, las zonas y las comunidades más afectadas por el cambio climático. Su objetivo es maximizar las oportunidades sociales y económicas derivadas de la acción climática, teniendo en cuenta las realidades específicas y las capacidades de cada región. El énfasis recae en la creación de trabajos decentes y justos, lo que implica la provisión de servicios esenciales como educación, salud, agua, saneamiento y protección social.
Para afrontar los retos, es esencial realizar un trabajo colectivo y multisectorial, donde las voces de todas las personas sean escuchadas sin dejar a nadie atrás. La Delegación de México está integrada por todos los niveles y órdenes de gobierno, la sociedad civil, la juventud, la academia y el sector privado.