De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos;
Que México se adhirió a la Organización de los Estados Americanos el 5 de mayo de 1948, y desde entonces ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos clave de la gestación y construcción del Sistema Interamericano, todo ello, ha llevado a México a suscribir diversos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua comprensión el respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho;
Que dentro del bagaje de tratados regionales, firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica “, (San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969), la cual sentó las bases de la creación del sistema regional de protección, promoción y defensa de los Derechos Humanos; asimismo como parte del multilateralismo, nuestro país respaldó la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1959 y la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 1979. Por otra parte, la Comisión emana de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, establecida en su artículo 106, y que tiene como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia;
Que el 2 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C., en la que se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos, por la masacre que el 22 de diciembre de 1997, habrían perpetrado grupos paramilitares que habrían actuado con aquiescencia del Estado, en contra de indígenas tsotsiles en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, y por la presunta falta de sanción de todos los autores materiales e intelectuales de la masacre;
Que el Estado mexicano firmó el 3 de septiembre de 2020, el acuerdo de Solución Amistosa, en el caso C-12.790, Manuel Santiz Culebra y Otros “Masacre de Acteal”, con base al principio de respeto de los derechos humanos y con la participación de las víctimas y su representación, a la luz del artículo 40 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
Que dentro del citado Acuerdo, se acordó entre otras medidas de reparación, la obligación de llevar a cabo la implementación de medidas de satisfacción, por lo cual, en sus cláusulas 3.3 y 3.4, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a publicar la versión estenográfica del Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad y la Disculpa Pública, así como el resumen de los hechos reconocidos por el Estado mexicano, del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros “Masacre de Acteal” por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación;
Que el artículo 27, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación, vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, así como la promoción y defensa de los derechos humanos, y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto, razón por la cual es competente para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Solución Amistosa, firmado para el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros “Masacre de Acteal”;
Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2, inciso A, fracción II y 6, fracciones XII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación, la persona Titular de esta Secretaría se auxiliará, para el desahogo de los asuntos de su competencia, de la persona Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien cuenta con la atribución para suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como ejercer y supervisar las facultades que correspondan a las unidades administrativas que tenga adscritas, y
Que es atribución de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de esta Secretaría, de acuerdo con el artículo 43, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, proponer a la persona Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración los mecanismos para el seguimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, así como las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL ACTO PÚBLICO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y DISCULPA PÚBLICA DEL ESTADO MEXICANO, ASÍ COMO EL RESUMEN DE LOS HECHOS RECONOCIDOS DEL CASO 12.790 MANUEL SANTIZ CULEBRA y OTROS “MASACRE DE ACTEAL”
Único. - Se pública la Versión Estenográfica del Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Estado Mexicano, así como el Resumen de los Hechos Reconocidos del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros “Masacre de Acteal”, que a la letra dicen:
Versión Estenográfica
Acto de reconocimiento de responsabilidad
3 de septiembre 2020
A 22 años de la Masacre de Acteal, Chiapas
Intervención del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
En primer lugar, saludo con aprecio y reconocimiento a las y los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas, a las autoridades que acompañan, a las familias de Acteal.
Les damos la bienvenida aquí, a la Ciudad de México, a la sede de la Secretaría de Gobernación y agradeciendo el esfuerzo que han realizado para estar presentes el día de hoy, en este acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano respecto a la lamentable tragedia que se vivió en la comunidad de Acteal.
Aprecio la presencia de sus representantes en esta mesa, de Fernando Luna Pérez; de Roselia Pérez Luna; de Vicente Gómez Ruiz; y por supuesto de su vocero, ante esta cita, el Licenciado Patrocinio Hernández, su representante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un gusto compartir este evento con la señora Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Maestra Martha Delgado; con el Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos; con Aarón Mastache de la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y contar con la presencia de la señora Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, , el señor Embajador de Canadá en nuestro país, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Defensa de los Derechos Humanos, y de todos y todas aquí presentes que compartimos la causa de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país.
Como aquí se ha rememorado, el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, fueron ejecutados 45 indígenas tsotsiles, entre los cuales se encontraban 4 mujeres embarazadas y 18 menores de edad. En esos actos de violencia resultaron heridas, además, 26 personas en un acto cometido presuntamente por grupos paramilitares que habrían actuado con la tolerancia del Estado y de sus autoridades.
A partir de entonces, las personas sobrevivientes y familiares de los fallecidos han demandado justicia y reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano sobre estos hechos.
Ante la falta de respuesta de las autoridades responsables de procurar e impartir justicia en nuestro país, las víctimas y sus familiares, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 responsabilizar al Estado mexicano por la masacre ocurrida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su Informe de Admisibilidad en 2010, a 45 víctimas fallecidas y a 26 víctimas sobrevivientes.
Por ello, desde el inicio de esta administración federal y con el acompañamiento permanente del gobierno del estado de Chiapas, se establecieron pláticas con un grupo de familiares víctimas de esta tragedia.
Hoy culmina este proceso de diálogo con la firma de este Acuerdo de Solución Amistosa entre las víctimas, familiares de las victimas fallecidas y el Estado mexicano, donde se manifiesta la suma de voluntades para aceptar el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano de los graves acontecimientos allí sucedidos y la aceptación de medidas de reparación integral, tanto de forma individual a los familiares directamente afectados, así como acciones de carácter colectivo destinados a la reconstrucción social de la comunidad.
Este Acuerdo de Solución Amistosa incluye a 18 víctimas fallecidas y a 12 víctimas sobrevivientes, respetando y dejando a salvo los derechos de otro grupo de víctimas que han asumido otras vías diferentes a este Acuerdo. Por lo que, quiero reiterar, que el actual gobierno de México ha manifestado su profundo respeto para aquellas víctimas que han decidido esperar a que se dicte el Informe de Fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Les reitero que nuestro propósito en todos estos casos es sumar a la unidad y al reencuentro de la comunidad de Acteal para emprender el camino de la paz y del progreso.
El día de hoy celebramos un acto de justicia en el que, a nombre del Estado mexicano, asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos ocurridos contra la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tsotsil por este profundo agravio.
Lo hacemos con convicción y sin condiciones.
Lo hacemos porque las omisiones y negligencias del Estado mexicano arrancaron la esperanza a 45 personas indígenas tsotsiles y a sus familias.
Asumo, a nombre del Estado mexicano, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a esa masacre.
Asumo la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia, alterando incluso, la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas.
Asumo la responsabilidad del Estado en reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia; de reparar integralmente a las víctimas y generar las condiciones para la reconciliación y la paz en esta importante región del país.
Asumimos este acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado como punto de partida para que junto con toda la comunidad de Acteal y las comunidades indígenas de Chiapas avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad en esa entidad.
Por ello, hacemos un llamado a todas las víctimas de Acteal, a todas las comunidades de Chenalhó y, en general, a todas las comunidades indígenas del estado de Chiapas para avanzar en este reencuentro.
Reconocemos su lucha, así como la lucha de miles de víctimas en todo el país y las de quienes tienen la labor de defenderlas como un esfuerzo colectivo por transformar a este país.
Reciban del Estado mexicano nuestra solidaridad con sus causas y nuestro compromiso para cumplir, no solo con el Acuerdo hoy suscrito, sino también con las responsabilidades que son inherentes a nuestro desempeño en la función pública.
Asumimos este reto como un imperativo categórico.
Agradezco a los representantes de las víctimas, al gobierno del estado de Chiapas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en particular, a la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería el apoyo que nos han brindado para concretar este Acuerdo de Solución Amistosa.
Reconocemos el acompañamiento y la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de todas y todos quienes se esmeran por proteger los bienes más preciados: la vida y la dignidad de las personas.
Agradecemos su contribución a este esfuerzo; a la construcción del acuerdo de entendimiento con el que el Estado mexicano, a casi 23 años de esta masacre, debe avanzar para atender la deuda que tiene con los pueblos originarios de Chiapas y de México.
¡Nunca más otro Acteal!
Queremos un México en paz donde podamos vivir dignamente y tener la oportunidad de prosperar.
Muchas gracias a todas y todos ustedes.
Intervención de Fernando Luna Pérez – Víctima
Bien, disculpen todos, no puedo mencionar los nombres, por los muchos que estamos, pero voy a leer el documento de los sobrevivientes.
Organización de la sociedad civil “Las Abejas”, tierra sagrada de los mártires, Acteal, Chenalhó, Chiapas, México, 3 de septiembre 2020.
A 22 años de Acteal llega la verdad.
En el pequeño rincón llamado Acteal decidimos en colectivo que sí se pudo; ¡lo logramos!
Triunfó nuestra palabra y encontró un lugar en las páginas de la historia moderna de México porque permaneció la verdad de los sobrevivientes, que sostenemos, la masacre de Acteal es un crimen de Estado de lesa humanidad y caducó la mentira de Ernesto Zedillo Ponce de León, que plantea la masacre de Acteal resultado de un conflicto intracomunitario, de la tierra y de religión.
Sin más, después de 22 años de lucha intensa, luego de muchos sobrevivientes fallecidos, compañeros nuestros, el Estado mexicano reconoció y asumió la responsabilidad internacional por acción y omisión de la masacre de Acteal.
Hermanos y hermanas, pueblo de México y del mundo, en la ermita de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, mientras desarrollábamos segundo día de jornada de ayuno y oración por la paz en Chenalhó, para todo México, un grupo de aproximadamente 100 paramilitares pertenecientes al Partido Revolución Institucional (PRI) y del Partido Frente Cardenista, todos armados y adiestrados por el Ejército mexicano, una lógica de contrainsurgencia, con alevosía y premeditación, ingresaron al campamento de desplazados “los Naranjos” ubicado en la comunidad de Acteal, disparando con armas de uso exclusivo del ejército mexicano y masacraron a 45 hermanos nuestros, dejando 26 heridos, quienes nos encontramos este día, todos indígenas tsotsiles, integrantes de la organización de la sociedad civil “las Abejas”.
Mientras ocurría la tragedia, a 200 metros se encontraba un destacamento de la policía estatal y no intervino para evitar la consumación de la masacre.
Lo sucedido ese día es de todos conocido.
Los sobrevivientes y familiares de las víctimas no tomamos venganza porque las Abejas somos una organización pacifista.
Sin embargo, para no dejar lugar a que reinara la violencia y la impunidad, recurrimos a las vías legales pacíficas.
Más de 15 sobrevivientes, testigos directos de los hechos, denunciamos, comparecimos ante las autoridades correspondientes y sin miedo señalamos firmemente que la masacre de Acteal es un crimen del Estado de lesa humanidad.
Los autores materiales, plenamente los identificamos cuando entraron a matar porque procedían de las mismas comunidades donde vivimos nosotros.
Los autores intelectuales implementaron la estrategia de contrainsurgencia, permitieron la consumación de la masacre, son los gobiernos en turno de ese año, Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México; Julio César Ruiz Ferro, ex Gobernador de Chiapas; Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de Gobernación; General Enrique Cervantes Aguirre, ex Secretario de la Defensa Nacional; Homero Tovilla Cristiani; Uriel Jarquín Gálvez, entre otros.
En su defensa, Ernesto Zedillo Ponce de León, para negar su responsabilidad intelectual de la masacre de 45 indígenas tsotsiles, acusó que los indígenas somos violentos: “lo que ocurrió en Acteal es el resultado de un conflicto intracomunitario, problema de tierra y religión”.
Esta versión gubernamental fue acuerpada por algunos intelectuales escritores, como Héctor Aguilar Camín de la revista Nexo, que a través de varios ensayos presentó la masacre de Acteal como producto de un conflicto intercomunitario.
Nosotros le preguntamos, si en realidad se tratara de un simple conflicto entre indígenas y entre comunidades, ¿habría renunciado a su cargo Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de Gobernación y de Julio César Ruiz Ferro, ex Gobernador de Chiapas?
Con nuestra denuncia fueron procesados 88 civiles paramilitares, 15 funcionarios públicos, de los cuales 14 son de la Secretaría Pública Estatal y uno es el expresidente municipal Jacinto Arias Cruz; además, 29 órdenes de aprehensión que no fueron ejecutadas, de las cuales 27 son civiles paramilitares y dos contra funcionarios públicos.
Los gobiernos, para protegerse, no iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades intelectuales de funcionarios públicos de alto nivel, tanto para el gobierno estatal y federal; tampoco agotaron las líneas de investigación para probar la inexistencia de una estrategia de contrainsurgencia.
Por eso, decidimos que sobre la masacre de Acteal siempre persistió una situación de impunidad.
Ante esta situación, en marzo de 2005, denunciamos la masacre de Acteal en el Sistema Interamericano para que una instancia internacional conozca y esclarezca lo ocurrido en nuestra comunidad de Acteal.
En nuestra denuncia, alegamos que el Estado mexicano es responsable por acción y omisión, por la violación de los artículos 1.1, 4, 5, 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
No obstante, el Estado mexicano había emprendido la máquina de impunidad.
El 12 de agosto de 2009, mediante un amparo presentado por el abogado del Centro de Investigación, Docencia Económica, CIDE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera irregularidades en el debido proceso; ordenó la inmediata liberación de 29 paramilitares, procesados por la participación de la masacre de Acteal y el gobierno de Chiapas los premió con terrenos en Villaflores, les otorgó vivienda y con remuneración semanal.
Con ese mismo recurso se ampararon los demás paramilitares que no fueron beneficiados en 2009, hasta salir todos en la cárcel.
Cuando parecía no tener fin la impunidad, se asomó una luz de esperanza por la verdad y la justicia.
El 1° de noviembre de 2010, la Comisión de Derechos Humanos CIDH admitió la petición registrada con el número caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros “Masacre de Acteal”- México y el 20 de octubre de 2015, en el marco del 176 Periodo de Sesiones, se llevó a cabo la audiencia del fondo del mismo donde el Estado mexicano volvió a negar su responsabilidad por la masacre de Acteal.
Asimismo, mientras que el caso sigue en trámite del fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegamos a este día; reconocemos que la voluntad política de esta Administración, encabezada por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que mediante un acuerdo de solución amistosa, el Estado mexicano reconoció y asumió la responsabilidad internacional por acción y omisión en la masacre de Acteal ocurrida hace más de 22 años.
Este nivel de responsabilidad que asumió el gobierno mexicano consideramos que no había sido posible lograr en administraciones pasadas.
Por ello, en nombre de las 163 víctimas que representamos, aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tsotsil tenemos un corazón enorme, somos un pueblo de paz y porque sabemos que sin un plan político del Estado mexicano no existiera paramilitares de las personas que asesinaron en Acteal, no hubieran quitado la vida a sus propios hermanos.
Desde el principio dijimos ya hemos perdonado a los asesinos porque no vengamos a la muerte de 45 hermanos, pero eso no significa olvido; quiere decir que nunca consideramos como una solución hacer la justicia con nuestras propias manos.
Aceptamos esta disculpa porque esta Administración no solo reconoce el Estado mexicano que fue incapaz de proteger y garantizar la vida y la seguridad de la población de Acteal, como sostuvieron en 2015 en la audiencia del fondo del caso Acteal los representantes del Estado mexicano en la administración de Enrique Peña Nieto, sino además reconoció y asumió una responsabilidad por acción que los paramilitares perpetraron a la masacre con la acción y la omisión de las autoridades mexicanas.
¡Exigimos que así sea, que se cumpla, que se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México, y toda su cadena de mando, señalándolos de actores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Acteal!
Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos.
También aceptamos esta disculpa porque nosotros desde siempre hemos venido trabajando la paz, la palabra y el diálogo; han sido nuestros medios, es lo que nos ha caracterizado a nosotros la organización “las Abejas”.
Estos 22 años de lucha, aceptamos esta disculpa porque este reconocimiento que hace el Estado mexicano suma el trabajo que hacemos nosotros en la construcción de paz.
No podemos los pueblos y comunidades estar peleados todo el tiempo.
El odio y el rencor que sembraron en nuestros pueblos los anteriores gobiernos deben terminar.
Es tiempo de reconciliación, es momento que haya paz; es hora que se construya una unidad porque la guerra y los conflictos no es propio de nuestros pueblos, es codicia de los gobiernos del capitalismo neoliberal.
Agradecemos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su compromiso con los derechos humanos y sobre todo con los pueblos indígenas.
Reconocemos y agradecemos su acompañamiento.
Fue posible lograr este acuerdo que el Estado mexicano reconoció y asumió su responsabilidad por los hechos ocurridos hace 22 años de Acteal, es gracias al respaldo que obtuvimos de dicho organismo internacional.
Pedimos y solicitamos de nueva cuenta a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos siga brindando su acompañamiento para que este acuerdo de solución amistosa sea efectivo y el gobierno mexicano cumpla con todos y cada uno de los compromisos con la responsabilidad que asumió para que la verdad, la justicia y la reparación integral sea una realidad para nosotros las víctimas.
Asimismo, los sobrevivientes de Acteal manifestamos nuestra preocupación y rechazamos interferencia de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), su abstención de avanzar con el proceso de renovación del mandato de Secretariado Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque vulnera la autonomía y la independencia de dicho organismo internacional.
Hacemos un llamado a los países Estados miembros de la OEA a defender y respetar las atribuciones de la CIDH para no dar lugar a cualquier presión que busca limitar el trabajo de la defensa y promoción de los derechos humanos de la honorable.
Hoy suscribimos un acuerdo, pero no termina aquí nuestra lucha porque la firma del acuerdo de solución amistosa apenas es un punto de partida para el esclarecimiento de los hechos y se juzgue conforme a la ley, y se lleve a juicio como cualquier ciudadano a los actores intelectuales de la masacre.
Vemos bien que en estos momentos hay una consulta pública en el país para juzgar a los expresidentes mexicanos, es símbolo, pero consideramos que independientemente de la consulta, sí se debe juzgar a Ernesto Zedillo y los demás expresidentes mexicanos, no solo por la corrupción, sino por los miles de muertos, la violencia y el despojo de la tierra a los pueblos indígenas. En fin, por todos los crímenes contra la humanidad que cometieron durante su gobierno.
Por último, invitamos a la sociedad civil en México y de otros continentes del planeta que estén atentos de este proceso que llevamos las propias víctimas.
Atentamente, representantes de los sobrevivientes de la masacre de Acteal.
HECHOS RECONOCIDOS POR LAS PARTES EN CASO 12.790
MANUEL SANTIZ CULEBRA “MASACRE DE ACTEAL”
1. El 22 de diciembre de 1997, en el campamento de desplazados en Acteal, Municipio de Chenalhó, Estado de Chiapas, 45 indígenas tsotsiles (4 de ellos mujeres embarazadas y 18 niños y niñas) más 4 no nacidos, fueron ejecutados por civiles armados que actuaron con la omisión de las autoridades mexicanas. También habrían resultado heridas 26 personas.
2. Desde el 18 de diciembre de 1997, el grupo civil armado que actuaba en la zona realizó reuniones para acordar un ataque contra personas que habrían sido identificadas como presuntos seguidores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habitaban en la zona y contra los miembros de la Sociedad de Las Abejas.
3. El 22 de diciembre de 1997, mientras se desarrollaba en la Ermita de Acteal -Municipio de Chenalhó- una jornada de ayuno y oración por la paz en la cual estaban participando aproximadamente 325 personas –todas integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, quienes en su mayoría habrían llegado al campamento de desplazados en busca de refugio-, un grupo de aproximadamente 100 hombres armados con machetes, cuchillos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, rodearon la Ermita y dispararon en contra de las personas que allí se encontraban. Los hechos sucedieron sin que el personal policial que se encontraba en la sede de la Policía de Seguridad Pública ubicada a 200 metros de la Ermita hubiere intentado impedir la masacre o ayudar a quienes estaban siendo atacados. Una vez cesado el fuego, los agresores saquearon las casas del lugar, para luego retirarse.
4. Las víctimas fatales de la masacre son: 1) Manuel Santiz Culebra; 2) Daniel Gómez Pérez; 3) Victorio Vázquez Gómez; 4) Miguel Pérez Jiménez; 5) Ignacio Pucuj Luna; 6) Alonso Vázquez Gómez; 7) Lorenzo Gómez Pérez; 8) Antonio Vázquez Luna; 9) María Pérez Oyalté; 10) Marcela Capote Ruiz; 11) Marcela Pucuj Luna; 12) Catalina Luna Pérez (embarazada); 13) Manuela Pérez Moreno (o Manuela Paciencia Moreno); 14) Margarita Méndez Paciencia; 15) Marcela Luna Ruiz; 16) Juana Pérez Pérez (o Florinda Pérez Pérez, embarazada); 17) María Gómez Ruiz (embarazada); 18) Verónica Vázquez Luna; 19) Paulina Hernández Vázquez; 20) Susana Jiménez Luna; 21) Rosa Pérez Pérez (embarazada); 22) Antonia Vázquez Pérez; 23) Marcela Vázquez Pérez; 24) Juana Luna Vázquez; 25) Juana Gómez Pérez; 26) María Capote Pérez; 27) Marcela Capote Vázquez; y a los niños y niñas: 28) Martha Capote Pérez; 29) Rosa Vázquez Luna; 30) Loida Ruiz Gómez; 31) Micaela Vázquez Pérez; 32) Josefa Vázquez Pérez; 33) Sebastián Gómez Pérez; 34) Juana Pérez Luna; 35) Roselina Gómez Hernández; 36) Lucía Méndez Capote; 37) Graciela Gómez Hernández; 38) María Luna Méndez; 39) Silvia Pérez Luna; 40) Vicente Méndez Capote; 41) Micaela Vázquez Luna; 42) Juana Vázquez Luna; 43) Alejandro Pérez Luna; 44) Juan Carlos Luna Pérez; y 45) Guadalupe Gómez Hernández.
5. Las 26 personas que resultaron heridas son: 1) Erasto Ruiz Pérez; 2) Catarina Pérez Pérez o Pérez Quin; 3) Efraín Gómez Luna; 4) Lucía Vázquez Luna (o Lucía Vázquez Gómez); 5) Rosa Gómez Pérez; 6) Martha Oyalte Vázquez (o Martha Pérez Pérez); 7) Jerónimo Vázquez Pérez (o Gerónimo Vázquez Pérez); 8) Hermelinda Ruiz Gómez; 9) Catarina Méndez Paciencia; 10) Ernestina Luna Vázquez (o Ernestina Vázquez Luna); 11) Pedro Pérez López; 12) Zenaida Luna Pérez (o Zenaida Luna Perez); 13) Mariano Vázquez Ruiz; 14) Manuela Pérez Pérez (o Manuela Pérez Ruíz); 15) Juanito Vázquez Pérez; 16) Emilio Luna Pérez; 17) Roselia Pérez Luna; 18) Javier Gómez Pérez; 19) Javier Luna Pérez; 20) Catarina Vázquez Pérez; 21) Manuel Gómez Pérez; 22) Catarina Vázquez Gómez; 23) Rosa Luna Ruiz; 24) María Pérez Luna.
6. En materia de investigación, el 22 de diciembre de 1997 se abrieron de oficio dos indagatorias, en una de las cuales la “Fe ministerial del lugar de los hechos, de cadáver y de levantamiento de los mismos” se realizaron de forma irregular y sin la debida diligencia. Tales indagatorias derivaron en la apertura de 13 averiguaciones previas, a partir de las cuales se sustanciaron 11 causas penales. En total, fueron procesados por la autoría material de la masacre de Acteal 88 civiles indígenas y 15 funcionarios públicos (14 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el ex Presidente Municipal de Chenalhó). En 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a 29 de los señalados autores materiales, ordenando su inmediata libertad, y otorgó amparos para efecto de que los tribunales competentes emitieren nuevas resoluciones sobre la responsabilidad penal de otros acusados por los mismos hechos. La Masacre se ha mantenido en la impunidad hasta la presente fecha.
7. El Estado es responsable por los hechos suscitados en Acteal el 22 de diciembre de 1997 por omisión, por la deliberada falta de intervención de la Policía de Seguridad Pública durante la consumación de la Masacre.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se instruye a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gobierno del Estado de Chiapas de la presente publicación, para los efectos conducentes.
Hoja de firma del Acuerdo por el que se ordena la publicación de la Versión Estenográfica del Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Estado Mexicano, así como el Resumen de los Hechos Reconocidos del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros “Masacre de Acteal”
Dado en la Ciudad de México, a 18 de marzo de 2022.
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS,
POBLACIÓN Y MIGRACIÓN
ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ