El mandato que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consiste en la protección integral de todos los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país, y esa protección conlleva a coordinar la forma en que se organiza y opera la administración pública a fin de transitar de una visión adultocéntrica y sectorial a una visión de derechos, articuladora e intersectorial, señaló la encargaduría del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Desde la Secretaría Ejecutiva se apuntó que una tarea del Sistema ha sido visibilizar la situación y desventajas acumuladas durante décadas que padecen niñas, niños y adolescentes, como lo son la pobreza, carencias sociales, múltiples discriminaciones, violencias, desnutrición, sobrepeso y obesidad, embarazo infantil y adolescente, trabajo infantil, falta de acceso a la justicia, rezago educativo, falta de servicios adecuados de salud y condiciones agravadas por la pandemia por COVID- 19, entre muchos otros.

Se subrayó que, por ello, el Sipinna definió un instrumento prioritario de política nacional, que es el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 3021-2024 (Pronapinna https://bit.ly/3ncIR7R), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2021, que fue elaborado con la participación de los sectores público, privado, social y por las propias niñas, niños y adolescentes, y que contiene acciones puntuales prioritarias para garantizar todos los derechos a las personas menores de 18 años.

La Secretaría Ejecutiva convocó a la Reunión de Coordinación de Enlaces del PRONAPINNA 2021-2024 con representantes de 54 entidades de la Administración Pública Federal, a fin de abordar tres propósitos principales: 1) Presentar las estrategias prioritarias, metas y retos del Programa, 2) Comentar la ruta de trabajo propuesta para este 2022 y 3) Lanzar una propuesta para la sensibilización y formación de la Red de Enlaces de los organismos señalados como responsables del cumplimiento de las acciones puntuales del Programa.

Desde la Coordinación  de Operación de la Secretaría Ejecutiva, se dijo a las y los enlaces que el PRONAPINNA fue elaborado con propuestas de niñas, niños y adolescentes y por representantes de los sectores público, social y privado, y agregó que más de 146 mil personas entre 8 y 17 años participaron en “OpiNNA: ¡Qué buen Plan!” y en foros estatales celebrados en 10 entidades federativas con 672 personas entre 6 y 17 años.

Se explicó que el Pronapinna incluye un diagnóstico de la situación de niñez y adolescencia, cuatro objetivos y 21 agendas prioritarias, 145 acciones puntuales a cargo de 54 instituciones ejecutoras, con diversas metas a cumplir a 2024, entre las que se encuentran mejorar mecanismos e instrumentos para garantizar supervivencia y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, protegerles integralmente cuando se ha violentado alguno de sus derechos o han sido víctimas de delitos y generar un cambio cultural para su reconocimiento como sujetos de derechos.

En su turno la Dirección del Programa Nacional de Protección de la SE del Sistema mostró la Ruta de Trabajo 2022 que contempla cuatro pasos: 1) Identificar y vincular a todos los actores institucionales; 2) Mapear y revisar los principales instrumentos que integran la política nacional de niñez y adolescencia; 3) Identificar en territorio la capacidad instalada de las instituciones y zonas de atención prioritaria y 4) Definir el plan de actividades (qué falta hacer, cómo se hará, quiénes lo harán, qué recursos se utilizarán y cuándo se hará).

El área de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la SE del Sipinna Nacional finalizó la exposición con una propuesta para la sensibilización y formación de la Red de Enlaces que impulse el cambio cultural con perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y la ruta de trabajo adaptada a las características específicas de los sectores representados y con acompañamiento permanente, para fortalecer los informes que los enlaces deben generar sobre sus acciones institucionales.