La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en noviembre de 2007, estableció el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de que los Estados Miembros promovieran acciones concretas para fomentar el respeto a los derechos humanos, el desarrollo, el pleno empleo, la igualdad entre géneros y el bienestar social.
El organismo ha reconocido que el desarrollo y la justicia sociales, son factores indispensables para la consecución y mantenimiento de la paz y la seguridad -entre naciones y dentro de ellas- y que no podrán alcanzarse si no se respetan los derechos básicos y las libertades fundamentales.
De igual forma, ha hecho un llamado a las naciones para que se comprometan a promover sistemas económicos nacionales y mundiales basados en los principios de la justicia, la equidad, la democracia, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión; con el fin de cumplir con el Objetivo 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que indica la necesidad de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
El año pasado, con motivo del 75.º aniversario de las Naciones Unidas, se presentó el informe Nuestra Agenda Común, que es una propuesta de acciones que pretende reforzar y acelerar los acuerdos multilaterales para lograr una mejora en la vida de las personas.
El reporte precisa que, como humanidad, nos encontramos en un punto de inflexión. Los retos que estamos enfrentando en la actualidad (la COVID-19 que trastoco la salud y las economías, los conflictos, los efectos catastróficos del cambio climático, la pobreza, la discriminación, la violencia y la exclusión) están privando a millones de personas de su derecho a las cosas indispensables.
Frente a este panorama se propusieron una serie de gestiones con la idea de avanzar hacia un futuro más justo, verde y seguro. En primer lugar, considera que es necesario apostar por la solidaridad mundial, que nos permita encontrar nuevos mecanismos de trabajo en conjunto por el bien común. La reciente pandemia del coronavirus, lo ha dejado más que claro.
Sugiere que es el momento para renovar el contrato social entre los gobiernos y la población, de tal forma que se restaure la confianza y se adopte una concepción amplia de los derechos humanos.
Apunta también, que se requiere corregir la manera en que se mide la prosperidad económica y el progreso. No es posible seguir manteniendo un modelo que obtiene ganancias a expensas de las personas y del planeta. Comprender las repercusiones de las actividades económicas, nos posibilitará gestionar iniciativas en beneficio de amplios sectores de la población, es especial de los menos favorecidos.
Asimismo, demanda mantener un consenso común y empírico en torno a los hechos, la ciencia y el conocimiento, que ponga fin a la infodemia. Regresar a las decisiones presupuestarias y sobre todo políticas, que se fundamenten en conocimientos especializados y datos científicos, será vital para hacer frente a riesgos inminentes.
Finaliza señalando, que es ineludible pensar a largo plazo, esto con el propósito de hacer más por la juventud y las generaciones venideras. Las medidas que hoy tomemos sobre cuestiones como el clima, la tecnología y el desarrollo alterarán enormemente los medios de subsistencia de las generaciones futuras. Es preciso, por lo tanto, generar los dispositivos para que los jóvenes encuentren las formas diversas y eficaces para participar en la toma de decisiones del futuro que les tocará vivir.
Consolidar la labor de los países y de la comunidad internacional en favor de la justicia social, es el único camino que nos puede conducir a erradicar la pobreza, conseguir la igualdad de género y promover el empleo pleno y el trabajo decente, en favor de todos.
