Por esta razón, se ejecutan acciones encaminadas a la afectación de los recursos económicos producto de presuntos hechos criminales previstos en tratados internacionales contra el lavado de dinero y la corrupción de los cuales México forma Parte, tales como la Convención de Viena; la Convención de Palermo y la Convención de Mérida.
Como parte de estas medidas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la facultad de “congelar o bloquear cuentas” como medida urgente, de carácter administrativo y provisional, que permite cumplir el objetivo de prevenir el lavado de activos y hechos de corrupción, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y una de sus Notas interpretativas.
Como resultado de los trabajos conjuntos, así como del intercambio de información realizados por la UIF de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América a través de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), se logró la identificación de objetivos comunes que dieron como resultado la designación y bloqueo de personas físicas y morales en las listas negras de ambos países.
Entre otras personas, se encuentran: un magistrado federal, un abogado ligado a un grupo criminal, dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación y un exgobernador, entre otros.
Con acciones como estas, la UIF de la SHCP combate al lavado de dinero y la corrupción, con el objeto de proteger el sistema financiero y las instituciones gubernamentales, así como el Estado Constitucional de Derecho y la paz social.