En los últimos años, la prevención y el combate al Lavado de Dinero (LD), al Financiamiento al Terrorismo (FT) y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM) han sido una de las principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales, por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros de los Estados.

México se ha sumado a estos esfuerzos mundiales, al ser parte de los principales organismos multilaterales especializados en la materia, como el Grupo de Acción Financiera. En ese sentido, nuestro país ha realizado importantes avances para fortalecer su régimen de prevención y combate al LD/FT, tales como: la penalización de estos delitos conforme a los más altos estándares internacionales; la creación y fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF); la emisión de diversas disposiciones en materia de prevención al LD/FT aplicables a las entidades financieras y actividades vulnerables no financieras; el fortalecimiento de las autoridades reguladoras y supervisoras, entre otros.

No obstante, tales medidas legislativas e institucionales obligan a las organizaciones delictivas a buscar nuevos mecanismos y métodos que les permitan disponer de sus ganancias ilícitas. Ante este contexto, es necesario un reforzamiento de nuestro sistema de prevención y combate al LD/FT/PADM que esté en línea con la situación actual de nuestro país, a fin de hacer frente a estos flagelos.

En ese sentido, la 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México que aquí presentamos, ha sido coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera, con la invaluable colaboración de todas las instancias que participan en el régimen nacional de prevención y combate al LD/FT/PADM, a fin de atender los más altos estándares internacionales diseñados para tales efectos.

Desarrollarla ha resultado un proceso complejo, toda vez que requirió de un alto grado de organización y coordinación por el número de participantes de los sectores público y privado, así como de una metodología determinada para poder recabar y analizar la infromación relevante de manera adecuada y así poder identificar cuáles son los riesgos, así como la probabilidad e impacto de los mismos en nuestro país.

No obstante, el Gobierno de México reconoce la importancia de contar ahora con la primera ENR que permita obtener como resultado un producto no sólo con legitimidad internacional, sino de utilidad real, lo cual es clave para poder diseñar e instrumentar una adecuada política pública de Prevención al Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo y destinar los recursos humanos y financieros de la manera más eficiente y capaz en la prevención y el combate a estos flagelos.