Con su venia, diputado Óscar González Yáñez, Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Apreciables integrantes de las comisiones referidas.

Es un gusto reunirme con ustedes, representantes de la Nación, en el marco de este diálogo entre poderes con motivo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno de la presente Administración.

Asisto a este recinto en atención a la convocatoria extendida, en términos de lo que establece la Constitución y, sobre todo, en congruencia con mi convicción de que la rendición de cuentas sobre la situación de la cosa pública es un ejercicio indispensable para el fortalecimiento de todo Estado democrático de derecho.

Esta intervención se centrará en los avances vinculados a las principales atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, sin dejar de lado, por supuesto, los retos que vislumbramos.

Inicio entonces con los asuntos propios del control interno y auditoría.

El control interno tiene como finalidad garantizar que los recursos públicos se administren y ejerzan de una manera eficiente, eficaz y oportuna, proporcionando una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas institucionales, así como prevenir desvíos y actos contrarios a la integridad.

La Secretaría a mi cargo es responsable de organizar, coordinar y supervisar el Sistema de Control Interno Institucional, que es un conjunto de procesos, mecanismos y elementos relacionados entre sí, aplicados por la Administración Pública Federal, para brindar certidumbre a la toma de decisiones.

En este sentido, y como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impulsamos diversas acciones para optimizar la operación de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las empresas productivas del Estado.

Entre otras, con el objeto de seleccionar a los mejores candidatos, la Secretaría de la Función Pública estableció un procedimiento imparcial para la designación de Titulares de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades.

Para tal efecto, se diseñaron cinco perfiles de puesto, correspondientes a los cinco grupos en los que se clasifican los Órganos de Control y posteriormente, se practicaron evaluaciones técnicas de conocimientos del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes correspondientes, entre otras.

Antes de esta acción, no existía un catálogo de perfiles para los titulares de los Órganos Internos de Control.

Destaco también que, ante la necesidad de homologar criterios y formatos para la integración de expedientes en el marco de los procedimientos de responsabilidades administrativas, se elaboró una guía que consta de 52 formatos. Esta guía ha permitido hacer más eficientes las actividades de los Órganos Internos de Control, además, se da certidumbre jurídica a los involucrados.

En línea con estos esfuerzos, se elaboró un diagnóstico del estado que guardaban las estructuras de los Órganos Internos de Control. Ello nos ayudó a identificar que, de un total de 211, había 175 que no cumplían con la separación de autoridades substanciadoras, resolutoras e investigadoras, como lo exige la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En razón de ello, la Secretaría promovió la adecuación de estructura de los Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades que no satisfacían dicho criterio y se logró que 156 hicieran las modificaciones necesarias; lo que abonará a la legalidad de las resoluciones que emitan.

Por su parte, la función de auditoría a los recursos públicos federales, que realiza la Secretaría de la Función Pública por conducto de sus áreas centrales de auditoría y de los Órganos Internos de Control, es un instrumento para prevenir y combatir la corrupción, así como contribuir a una gestión gubernamental transparente y eficiente.

En la presente Administración, en total se han realizado más de 15 mil 360 actos de auditoría a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Adicionalmente, en coordinación con las contralorías estatales, la Secretaría practicó mil 687 auditorías para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Derivado de ello, la Secretaría de la Función Pública promovió la recuperación de recursos para resarcir daños al patrimonio público y se rescató un monto de más de 19 mil 549 millones de pesos.

Con respecto al trabajo que se hace al interior del Sistema Nacional de Fiscalización, se impulsó la homologación de la práctica auditora en todas las entidades federativas del país, lográndose la ratificación de las Normas Profesionales de Auditoría de este Sistema, que constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes fiscalizadores y auditores.

Más aún, se aprobaron y publicaron 83 Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados, y se emitió la Política General en la materia, que contiene principios y directrices para su ejecución en la Administración Pública Federal.

En marzo de este año, pusimos en operación tres laboratorios móviles de verificación de la calidad de materiales en la obra pública cuya función es comprobar que las obras ejecutadas con recursos públicos federales correspondan con las especificaciones de los contratos.

Es la primera ocasión en que se cuenta con este tipo de equipos móviles, que nos permiten obtener muestras en campo de los materiales de construcción; realizar pruebas en el sitio de ejecución de los trabajos y, eventualmente, identificar vicios ocultos.

De hecho, uno de los laboratorios ha estado desplegado en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los esfuerzos en materia de vigilancia, control interno y auditoría, permean en el buen manejo de los recursos del Estado, la calidad del servicio público y el combate a la corrupción.

Prueba de ello son las diligencias llevadas a cabo por esta Secretaría en los últimos dos años, en el marco de sus atribuciones, relacionadas con una vasta variedad de asuntos, como:

  • Los lamentables hechos ocurridos en julio de 2017 en la obra pública denominada “Ampliación del libramiento de Cuernavaca”;
  • Las contrataciones y subcontrataciones entre entidades de la Administración Pública Federal y universidades;
  • Las actividades de rehabilitación o reconstrucción tras los sismos de septiembre 2017, así como
  • Los hechos relacionados en materia administrativa con la empresa Odebrecht y sus filiales.

En estos y otros casos, se realizaron las investigaciones conducentes de manera exhaustiva e insisto, conforme a las facultades de la Secretaría de la Función Pública, y se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo, como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos, tal como nos permite la ley.

Puedo garantizarles que hemos ido al fondo de todos los asuntos, sin importar cargos, en el caso de los servidores públicos, o el poder económico que representan, cuando se trata de empresas.

En total, durante la presente Administración, el número de sanciones emitidas superan las 58 mil, mientras que la cantidad de sancionados llegó a los 44 mil 046. Y el monto de las sanciones se elevó a 7 mil 161 millones 800 mil pesos.

El origen de dichas sanciones fue:

  • En su mayoría por omisión o presentación extemporánea de la declaración patrimonial;
  • Le siguen las auditorías de los órganos internos de control;
  • Denuncias de otros servidores públicos;
  • Denuncias o quejas de la ciudadanía, y
  • Gestiones de la Auditoría Superior de la Federación.

Es menester recalcar que, cualquier sanción debe estar respaldada por un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuyo espíritu es garantista.

De acuerdo a la Ley General en la materia vigente, dichos procedimientos deben apegarse a los principios de objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, al principio de presunción de inocencia.

Por ello, el procedimiento inicia con la investigación de la presunta responsabilidad, la cual continúa con la comparecencia del probable responsable, audiencias, periodo de pruebas, alegatos, cierre de instrucción y, se concluye con una resolución.

Con estas acciones relativas al control interno, vigilancia y auditoría, la Secretaría abonó a la consolidación de una gestión pública íntegra y efectiva.

Ahora, me permito dar paso al segundo punto, que es un objetivo que se articula con la mayoría de las funciones de la institución: el combate a la corrupción.

Comienzo haciendo mención del Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, presidido por la Secretaría a mi mando.

Éste se ha ocupado de atender las recomendaciones formuladas a nuestro país derivadas de las Convenciones Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y de las Naciones Unidas.

Así pues, de las 180 recomendaciones que dichas instancias internacionales formularon al Estado Mexicano, y que se encontraban pendientes hace dos años, ya fueron atendidas el 57 por ciento en su totalidad y las restantes están siendo atendidas por las 22 instancias que conforman el Grupo de Alto Nivel.

Habría que mencionar además que, se han constituido en las instituciones del Gobierno de la República 305 Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Ahora bien, en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción, puntualizaré las principales acciones de la Secretaría a mi cargo, como integrante de dicho Sistema.

La corrupción es un fenómeno que tiene múltiples causas, incentivos, actores y contextos.

Su gravedad incontestable y las exigencias plenamente válidas de la ciudadanía dieron pie a que, a inicios de este sexenio, el Poder Ejecutivo entablara un debate con los legisladores, academia y representantes de la sociedad civil respecto del modelo legal e institucional que debíamos adoptar para luchar contra este fenómeno.

Como resultado, con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, el constituyente permanente creó el Sistema Nacional Anticorrupción, no como un ente nuevo, sino precisamente como un sistema orgánico y autocorrectivo.

Se trata de una instancia que pone en el centro de las decisiones a la participación ciudadana, y que impulsa la coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno.

En este contexto, conscientes del enorme desafío que tiene en sus manos el Comité Coordinador de dicho Sistema, y aprovechando el expertise técnico de la Secretaría, generamos y presentamos siete propuestas para la emisión y construcción de, entre otros, la Política Nacional Anticorrupción, la Plataforma Digital Nacional, y los formatos de declaraciones Patrimonial y de Intereses.

Estas propuestas y las faltantes fueron entregadas al seno de estas comisiones en la instalación de las mismas, la semana pasada.

Nuestros esfuerzos estuvieron consagrados al cumplimiento de las responsabilidades que nos corresponden. Cada uno de ellos procuró la consolidación de una gestión pública íntegra y efectiva.

Ahora, como tercer punto, quisiera enfocarme en los temas relacionados con la calidad de la gestión gubernamental, siendo el más importante quizá de ellos el referente al Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas, iniciado durante mi gestión.

Durante nueve meses, trabajamos de la mano, sociedad civil, gobierno, cámaras empresariales, expertos y la OCDE en elaborar un diagnóstico y acciones puntuales, para la mejora de la plataforma CompraNet.

Este Grupo ha emprendido varias medidas relacionadas con las recomendaciones plasmadas por la OCDE en el Estudio sobre ese sistema electrónico; gracias a lo cual, el 100 por ciento de las recomendaciones de corto plazo ya fueron atendidas por esta Secretaría.

Asimismo, tenemos el “Historial de Cumplimiento de Proveedores y Contratistas”; al día de hoy se han evaluado 57 por ciento de la totalidad de los contratos, con lo que se obtuvo el grado de cumplimiento de 9 mil 460 proveedores y contratistas, aproximadamente.

De manera simultánea, se trabajó con la Secretaría de Hacienda, Coordinación de la Estrategia Digital Nacional y tuvimos la cooperación de organismos internacionales como el Banco Mundial, para lanzar la Plataforma de Contrataciones Abiertas. Una Plataforma más sofisticada, fundamentada, llamada EDCA MX.

Ésta se puede consultar en línea por cualquier persona interesada desde noviembre del año pasado. Contiene información en formato abierto relativa al ciclo completo de contratación pública.

En cuanto a los esfuerzos encuadrados en el rubro de gobierno abierto y la digitalización de servicios, la Secretaría participa en la política digital de la República, materializada en la Ventanilla Única Nacional como punto de contacto ciudadano en línea con el gobierno para acceder a información, trámites y servicios.

Sus casos más recientes de éxito son el acta de nacimiento y la cédula profesional en línea; trámites que benefician directamente a las y los ciudadanos.

También administramos sistemas electrónicos de gran relevancia, como el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC), el cual fue lanzado en 2016 y actualizado en noviembre pasado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el SIDEC se abrió, con motivo de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre, un apartado específico para poder presentar denuncias.

También tenemos, y vale la pena subrayar, el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), en nuestra opinión, tanto el SIRA como el SIDEC deben formar parte indispensable de la Plataforma Digital Nacional.

También, parte del trabajo de la Secretaría es asegurar que la transición del Poder Ejecutivo Federal se realice de manera transparente, homogénea y oportuna.

Es así que, se sentaron las bases para un proceso de entrega-recepción y rendición de cuentas metódico, organizado y sin precedentes, con un solo objetivo: dejar la casa en orden.

Tengan la seguridad que estos procesos culminarán en tiempo y forma, tal como lo establece la normatividad correspondiente.

Finalmente, me permito poner énfasis en algunos retos en materia legislativa, que comparto con ustedes.

En primer lugar, me referiré a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor desde julio de 2017, que forma parte del conjunto de nuevas leyes expedidas con motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este ordenamiento incluye cuestiones innovadoras en comparación con la Ley anterior; pero también debo decirles, existen limitaciones para la implementación adecuada de estas disposiciones. Limitaciones a las cuales la Secretaría de la Función Pública se ve sometida y de alguna manera está subsanando de forma temporal.

Por ejemplo, se omite determinar si las investigaciones administrativas iniciadas antes de la entrada en vigor de la ley que nos ocupa, y las que se abrieron posteriormente, por hechos acontecidos mientras estuvo en vigor la abrogada Ley qué trámite se le debe dar; y esto nos ha traído graves problemas con la habilitada sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa que la mayoría de las veces se declara incompetente.

En razón de lo expuesto y, sin perjuicio de otras inconsistencias encontradas, se requiere una reforma legislativa, a fin de garantizar certidumbre jurídica en la aplicación de dicha Ley.

Tengo la certeza de que, desde esta Soberanía, realizarán los ajustes necesarios al marco legal en materia administrativa.

Y si me lo permiten, entregaré un anteproyecto realizado en el seno de la Secretaría de la Función Pública que atiende las inconsistencias, lagunas y áreas de oportunidad, de la mencionada Ley.

Ahora bien, como último tema el Servicio Profesional de Carrera es una inquietud. Una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación donde la Secretaría de la Función Pública ya contiene una ley de este tema, la cual ya cuenta con la opinión favorable de las 16 dependencias de la Administración Pública Federal que son representadas en el Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera.

Ahora bien, el diálogo, voy a concluir, entre poderes es indispensable para la rendición de cuentas. Este tipo de ejercicios nos brinda la oportunidad de analizar, desde la corresponsabilidad, los retos y avances que tenemos como país.

Los resultados que he enunciado son consecuencia del compromiso de las y los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, a quienes reconozco y agradezco su entrega y trabajo perseverante.

Nuestro objetivo ha sido en todo momento la consolidación de una gestión pública íntegra y efectiva.

Muchas gracias por su atención.