Muy buenas tardes a todas y todos.

Saludo a la y los Señores Subsecretarios, señor Oficial Mayor, Coordinadores, Titulares de Unidad, Comisarios y Directores Generales de esta Secretaría de la Función Pública, señores Titulares de Órganos Internos de Control que se encuentran hoy con nosotros y miembros de esta dependencia que nos acompañan.

Saludo a todos los que nos siguen por redes sociales en vivo, muchas gracias.

Es para mí un gusto que estemos aquí reunidos esta tarde, todas y todos nosotros quienes cada día dirigimos con empeño y dedicación el trabajo de esta Secretaría.

El motivo de esta gran convocatoria es de gran trascendencia, como saben, el día de hoy entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un instrumento jurídico de la mayor relevancia para nuestra dependencia.

Su relevancia radica no sólo en que nos aplica como sujetos de ella, al ser miembros del servicio público, sino que nos compete también como entidad responsable, en muchos aspectos, de su efectiva implementación y vigilancia.

En este sentido, quisiera contextualizar esta Ley y el trabajo de nuestra dependencia en el marco más amplio del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya Ley entró en vigor hace exactamente un año.

En mi periodo como Senadora, tuve la oportunidad y el privilegio de participar en el proceso de diálogo y diseño de este Sistema, cuya creación representa, sin duda alguna, uno de los  acontecimientos más importantes en la historia política y gubernamental de los últimos años.

Desde el poder legislativo, fui testigo de la naturaleza inédita del proceso de diseño del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tanto en los principios que rigieron el proceso, como en la arquitectura institucional en la que devino, se encuentra inscrito el principal objetivo de esta reforma: consolidar un Estado basado en una relación de sólida confianza de la ciudadanía frente a su gobierno.

La sociedad civil confió en las instituciones públicas al participar en el diseño del Sistema, confió en ellas al establecer un diálogo abierto e incluyente, de respeto, propositivo y constructivo, y a la fecha podemos decir que sigue confiando en la vía institucional, como lo deja claro la labor comprometida y corresponsable del Comité de Participación Ciudadana, parte fundamental del Sistema.

Nosotros, como encargados tanto del control interno como de la política general en materia de mejora de la Administración Pública Federal, somos, además del representante del Gobierno Federal, el pilar de todo el Sistema.

Estando familiarizada con el Sistema Nacional Anticorrupción y atendiendo el encargo del Presidente Enrique Peña Nieto al confiarme la titularidad de la Secretaría de la Función Pública, desde que asumí el cargo, la mayor prioridad de mi gestión ha sido la correcta implementación del Sistema desde las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública.

Tanto desde el punto de vista técnico, como por medio del diálogo y la cooperación con los demás integrantes del Sistema y cualquier organización o ciudadano interesado en el tema.

Desde el primer día, además, descubrí con gusto en cada una y cada uno de ustedes el mismo compromiso.

Me encontré con su apertura y disposición para poner toda su experiencia y capacidad al servicio de este gran reto.

Durante los 179 días hábiles que he tenido el privilegio de encabezar esta dependencia, ese compromiso ha rendido frutos de profunda trascendencia.

Como todos saben, cumpliendo un compromiso asumido durante mi ratificación como Secretaria de la Función Pública ante el Senado de la República, presenté un Plan de Trabajo Institucional que todos ustedes conocen, y que ha guiado nuestra labor estos últimos meses.

En este plan definí un objetivo general para mi gestión: fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones gubernamentales, lo que estamos logrando a través de tres objetivos prioritarios: la consolidación de un gobierno moderno, el impulso al gobierno abierto y la garantía de integridad en la acción gubernamental, todo ello enmarcado en el combate a la corrupción como principal asignatura.

En cada uno de estos rubros, gobierno moderno, gobierno abierto y gobierno íntegro, hemos alcanzado importantes resultados.

En materia de gobierno moderno, por ejemplo, hemos avanzado en el diseño de una nueva ley para el servicio profesional de carrera, e incrementado los programas de capacitación en todas las dependencias de la administración pública federal.

Asimismo, hemos elaborado el proyecto de reformas a los reglamentos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, incorporando indicadores y mecanismos precisos para su monitoreo y control.

El segundo objetivo prioritario, la consolidación de un gobierno abierto, revierte particular importancia en el combate a la corrupción, ya que implica mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de transparencia y de rendición de cuentas.

Mecanismos que permitan, por un lado, contar con controles ciudadanos de la acción gubernamental, y por el otro fortalecer la confianza de la ciudadanía, al hacerlos partícipes de los procesos de las políticas públicas.

En este rubro, hemos realizado, juntos, un trabajo inédito de diálogo y colaboración con organizaciones de la sociedad civil que han participado con nosotros en temas como la profesionalización del servicio público, esquemas de contraloría y testigos sociales, así como en la optimización de la plataforma digital CompraNet.

En prácticamente todos los ámbitos en los que nos desempeñamos, participan organismos como Transparencia Mexicana, Fundar, el Centro de Investigación para el Desarrollo, el IMCO, Observatorio Nacional Ciudadano y la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, por mencionar algunos.

Trabajamos, además, dentro de una alianza estratégica con el Banco Mundial, con el que desarrollamos un programa específico para la mejora de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública Federal.

También en materia de gobierno abierto, creamos, desde el inicio de mi gestión, una Dirección General de Transparencia y reformamos la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, fortaleciendo el compromiso y el trabajo de esta dependencia en estos rubros. Hoy, ambas áreas se encuentran operando al máximo de sus capacidades y dando ya importantes resultados.

Finalmente, dentro del tercer objetivo, la consolidación de un gobierno íntegro, hemos redoblado los esfuerzos, por ejemplo, para el pleno cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de diversas convenciones internacionales anticorrupción.

Esto lo estamos logrando, particularmente, a través de la creación del Grupo de Alto Nivel, que incorpora la participación de instituciones públicas, organismos autónomos y representantes de la sociedad civil y el sector privado.

Hemos también establecido convenios y acuerdos de colaboración de trascendencia, como el firmado con el Observatorio Nacional Ciudadano, para el diseño e implementación de una estrategia de promoción de la integridad en el servicio público.

Mención especial merece, en este aspecto, el acuerdo que firmamos con la Auditoría Superior de la Federación para promover el intercambio de programas de auditoría, y poder así incrementar la cobertura de la fiscalización.

Quiero además hacer referencia al trabajo que estamos realizando dentro del Sistema Nacional de Fiscalización, uno de los pilares, como saben, del Sistema Nacional Anticorrupción.

Desde la presidencia conjunta con la Auditoría Superior de la Federación, hemos tenido la oportunidad, como Secretaría de la Función Pública, de impulsar acuerdos y definir planes de trabajo de amplio alcance, que van más allá del control interno y externo de la administración pública federal.

A través de nuestra participación en este Sistema Nacional de Fiscalización, estamos consolidando un liderazgo real y tangible en todas las entidades federativas, en particular en el intercambio de ideas y experiencias encaminadas a la mejora en las capacidades de fiscalización de los recursos públicos.

Otros rubros en materia de gobierno íntegro en los que hemos logrado importantes avances son, por ejemplo, los de ética pública e integridad, con la instalación de más de 290 comités de ética y la creación del Programa de Integridad Empresarial.

También tenemos la política de igualdad de género, con la creación de la Dirección General de Igualdad de Género de la Secretaría, la campaña mujeres contra la corrupción y la próxima entrega de un premio de igualdad de género en la Administración Pública Federal.

Asimismo, se creó la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción.  Esta unidad, cuyo objetivo es garantizar la debida implementación, coordinación y seguimiento de las políticas establecidas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, ha logrado resultados tangibles a 100 días de su creación y ha preparado el escenario para una participación protagónica de la Secretaría en el Comité Coordinador.

Cada una y cada uno de ustedes ha tenido bajo su cargo y responsabilidad algunas de estas acciones. Por ello, he querido presentarles un panorama general de nuestro trabajo como Secretaría de la Función Pública, para que podamos hoy reconocernos como equipo en nuestros logros.

Como dije, todo el plan de trabajo y cada una de las acciones que hemos realizado desde el inicio de mi gestión, han estado enmarcadas en el papel que nos corresponde dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ello, el reconocer los importantes avances que hemos realizado nos permite hoy decir con orgullo que hemos estado siempre un paso adelante en la implementación de este Sistema.

Quiero, como muestra, compartir con ustedes una de las conclusiones del diagnóstico que está realizando a la dependencia el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE:

La Secretaría de la Función Pública, concluyeron, cuenta ya con la estructura y los procesos necesarios para atender cada una de sus responsabilidades dentro del Sistema.

Esto es fruto de su trabajo diario, del compromiso y la dedicación de las y los servidores públicos cuya labor ustedes coordinan. Gracias a esto, me llena de orgullo decir que estamos preparados para la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas

Esta ley perfecciona el marco jurídico anterior e incorpora nuevos elementos que se ajustan a la realidad que vivimos y a los objetivos y arquitectura del Sistema Nacional Anticorrupción.

Partiendo de los principios de eficiencia, honradez, imparcialidad, lealtad y legalidad, la ley detalla las obligaciones generales de los servidores públicos, enfatizando, en comparación con la antigua ley, el tema del conflicto de intereses y la honestidad de las y los servidores públicos respecto al mismo.

En el caso de las responsabilidades administrativas, además, define conductas graves y no graves, a través de una tipología que debemos conocer a detalle, estudiar y promover, para su prevención, garantizar su detección e investigación, y procurar siempre, la sanción de los casos que se presenten.

Debemos trabajar por la difusión, con/cien/ti/za/ción y apropiación de esta ley por las y los servidores públicos de toda la Administración Pública Federal; garantizar la continuidad y mejora de los mecanismos de auditoría y control, de sistemas de transparencia, rendición de cuentas y participación, así como de investigación y seguimiento dentro del Gobierno Federal.

Para el logro de estos objetivos que nos plantea la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, contamos ya con el Plan de Trabajo Institucional al que hecho referencia, que fue diseñado, además, con base a todo el nuevo aparato normativo que acompaña al Sistema Nacional Anticorrupción.

Prueba de ello, es que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo es dar a esta institución el andamiaje jurídico para lograr cumplir con la demanda ciudadana de prevenir y combatir la corrupción.

Hemos logrado importantes avances, sin embargo, tendremos que estar alertas y preparados para enfrentar los retos y desafíos que supondrá la implementación y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Un primer reto que deberá asumir la Secretaría es promover de mejor manera una cultura de integridad en el servicio público.

Sabemos que unos uno de los elementos fundamentales que incluye la Ley General de Responsabilidad Administrativas es el de la prevención.

Es por ello, que los conmino a redoblar esfuerzos para promover acciones preventivas, de manera permanente, con el objetivo de inhibir eficazmente la corrupción.

Otro reto supondrá la adecuación estructural de las diferentes unidades de la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en la Ley General.

Un claro ejemplo de ello, es la reestructuración orgánica  de todos los Órganos Internos de Control, para hacer frente a las disposiciones normativas, que establecen diferencias muy específicas respecto del procedimiento administrativo y las partes que intervienen en él.

Otro reto fundamental será consolidar el Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual habrá que homologar los criterios de auditoría, incrementar y hacer más eficiente el intercambio de información, así como coordinar a las diferentes instancias de control y auditoría para evitar duplicidades y mejorar su funcionamiento.

Ayer venció el plazo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las legislaturas locales expidieran las leyes e hicieran adecuaciones normativas para dar vida sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción.

Debe de ser prioridad para los congresos locales   finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los Sistemas Locales Anticorrupción, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, con el propósito de dar un paso decisivo para prevenir y combatir la corrupción en todo el país.

Es por ello, que hago un llamado a todas las áreas de esta Secretaría, para a continuar con el apoyo y asesoría técnica a todas las entidades que así lo soliciten, pues desde la Federación, no solo debemos ser ejemplo, sino coadyuvar efectivamente para que el Sistema Nacional Anticorrupción llegue a todos los rincones de nuestro país.

Es por estos y por todos los retos que tenemos por delante por lo que los exhorto a realizar un ejercicio crítico, con el objetivo de identificar y atender los desafíos que se presenten.

Y en este sentido, les instruyo a todos los presentes, pero en especial a la y los señores subsecretarios, al Oficial Mayor, al Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, así como a los titulares de Unidad dependientes de mi oficina, en especial a la Unidad de Asuntos Jurídicos; a que realicen las acciones necesarias con el propósito de dar un seguimiento permanente de evaluación y diagnóstico.

Este seguimiento tendrá que hacerse de tal forma, que nos permitan tener en tiempo real, soluciones a los retos que se vayan presentando en la implementación de este nuevo marco normativo, y para la correcta implementación y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Nos encontramos a poco más de un año del cierre de esta administración. Muchos de ustedes han sido testigo de los cambios que ha sufrido esta dependencia, que estuvo hace algunos años, a punto de desaparecer.

Hoy, sin embargo, la Secretaría de la Función Pública posee un papel estratégico en la operación de todo el Gobierno Federal, trasciende en su influencia a otros niveles y órdenes de gobierno, y cuenta con las facultades normativas y las capacidades para hacerlo.

Se trata de un voto de confianza que depositan en nosotros el Señor Presidente Enrique Peña Nieto, el Poder Legislativo, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan todos los días con nosotros, y finalmente, un voto de confianza de la ciudadanía.

Esa confianza implica una alta responsabilidad, a la que debemos responder y lo estamos haciendo.

Quiero, pues, reiterar mi reconocimiento al trabajo de todas y todos ustedes, y a través de ustedes, al de cada una y cada uno de los servidores públicos que, en todos los niveles, dan su máximo esfuerzo en esta nuestra casa, la Secretaría de la Función Pública.

Es gracias a este trabajo que estamos listos, con la estructura, los procesos, la experiencia, capacidad y compromiso, para la entrada en vigor de esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Nuestro trabajo diario fortalece la legitimidad de las instituciones, salvaguarda la democracia, consolida la confianza de la ciudadanía en su gobierno, e impulsa el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad.

La Secretaría de la Función Pública, como integrante del Comité Coordinador del SNA, refrenda su compromiso, en el ámbito de sus competencias, para lograr establecer, evaluar y articular la política para la prevención y el combate a la corrupción.  

Nuestra misión y la trascendencia de nuestro trabajo no es menor, pero estoy segura de que contamos con las capacidades institucionales y el compromiso para estar a la altura de lo que México espera y requiere de todas y todos nosotros.

Muchas gracias y sigamos adelante.