• Afirmó que la Función Pública abrió expedientes a farmacéuticas y directivos de hospitales por falso desabasto de medicamentos contra el cáncer.
  • Subrayó que México mejoró ocho posiciones en el ranking mundial del Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, en el que subió del lugar 138 al 130.

La Función Pública investiga a directivos de distintos hospitales y a empresas farmacéuticas que, presumiblemente, habrían ocasionado un falso desabasto de medicamentos para atender a la población, afirmó esta mañana la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control en esa institución, inició un expediente de investigación desde el 20 de agosto de 2019 en la jefatura de Hemato-oncología del Hospital Infantil de México desde donde se habría generado el supuesto desabasto de medicamentos para atender a niñas y niños con cáncer.

Subrayó que las investigaciones son también al Grupo Pisa, sobre la cual se prevé una posible inhabilitación. La secretaria Sandoval Ballesteros lamentó que, pese a este proceso, el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Hospital Infantil de México ampliaron el contrato de distribución para dicha empresa en un 20 por ciento. Advirtió que, no obstante, el contrato tiene una fecha de término y, debido a la investigación que realiza la Función Pública, podría rescindirse esa asignación.

Refirió que, en este mismo sentido, la dependencia avanza en la inhabilitación de cuatro empresas de distribución de medicamentos en las instituciones de salud pública. Abordó el caso de Grupo Fármacos Especializados, sancionado con una inhabilitación de dos años y una multa resarcitoria de caso de un millón de pesos.

Afirmó que la Función Pública también sancionó a Clínicas Periféricas y Ambulatorias con una inhabilitación de tres años y una multa de más de un millón de pesos; a Octeo Sen con inhabilitación de dos años y multa por 999 mil 440 pesos; a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, con inhabilitación de dos años tres meses y multa por 1 millón 88 mil 100 pesos, y a Aviso Medical, inhabilitada por dos años y multada con 876 mil 480 pesos.

Además, la Función Pública tiene seis expedientes abiertos a Laboratorios Pisa; cuatro de Dimesa; seis de Grufesa; cinco de Maypo y uno de Lomedic, todos ellos por violaciones a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Puntualizó que todas estas empresas “son parte de las corporaciones que han monopolizado la distribución de medicamentos y han participado en el entramado de complicidades para la asignación de contratos”.

En este sentido, refirió que hay siete líneas de investigación de empresas vinculadas al ex delegado federal de Bienestar en Jalisco, de las cuales se culminaron dos, concernientes a contrataciones públicas y se inhabilitó a las empresas Lomedic y laboratorios Solfran. Expuso que, en este caso, como en todos los que investiga la Función Pública, se ha actuado con absoluto respeto al debido proceso ya los derechos de defensa de los implicados.

En otro punto, indicó que, por actos de corrupción vinculados al Seguro Popular, en el periodo de 2007 a 2016, la Función Pública detectó más de 7 mil 812.4 millones de pesos no comprobados, y en 2018 se utilizaron 6 mil millones de pesos indebidamente en unidades médicas no acreditadas.

La secretaria Sandoval Ballesteros inscribió estas investigaciones en la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el Gobierno de México a través de la Función Pública y que dio a nuestro país un punto más en los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, de Transparencia Internacional, en el que México sube del lugar 138, en el que estaba en 2018, al lugar 130 en 2019.

Se trata de “un redireccionamiento y un punto de inflexión en el primer año de este nuevo gobierno hacia el crecimiento de la percepción favorable que genera la estrategia anticorrupción”, consideró tras recordar la medición divulgada a finales del año pasado por la misma organización internacional que hoy da a conocer el IPC y que reconoció a México un crecimiento de casi 40 puntos con respecto al último año del gobierno anterior.

Afirmó que aun cuando es un buen signo, debido al periodo que abarco el estudio, los resultados del IPC no consideraron políticas públicas de la más alta importancia como la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana que se adelanta e integra recomendaciones de la propia Transparencia Internacional con relación a los conflictos de intereses al establecer una veda de 10 años para cerrar el paso a la subordinación del interés público a los intereses privados.

Aseveró que tampoco se toman en cuenta nuestros programas de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, que es también una de las recomendaciones de Transparencia Internacional y de las mejores prácticas anticorrupción a nivel mundial, además del Padrón de Integridad Empresarial que, junto con otras acciones similares, ponen a México a la vanguardia al haber implementado estas recomendaciones desde hace mucho tiempo. “Tenemos una visión diferente de combate a la corrupción, combatiéndola desde un enfoque estructural”, abundó.
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