Uno de los factores que más contribuyen a la impunidad en México es el bajo nivel de denuncia de delitos, causado tanto por la falta de atención adecuada por parte de las autoridades como por la limitada cantidad de casos que se investigan. Aunque el marco legal obliga a las policías a recibir denuncias y auxiliar a las víctimas, muchas no cumplen con esta responsabilidad, generando saturación de los agentes del Ministerio Público y sus policías ministeriales, desmotivando aún más la denuncia ciudadana.
La escasez de recursos en las instituciones encargadas de la procuración de justicia también ha contribuido a la falta de cultura de denuncia y a la pérdida de información sobre la comisión de delitos.
Los policías municipales y estatales tienen una ventaja significativa en la investigación delictiva debido a su constante patrullaje en las calles, conocimiento de las infracciones y detenciones más comunes, así como su relación cercana con la comunidad. Esto les permite identificar a personas que delinquen de forma recurrente y los principales lugares de actividad delictiva. Sin embargo, si bien las policías locales, en sus atribuciones de primer respondiente, son las que más arrestos realizan y atienden la mayoría de las escenas del crimen, su facultad para investigar se ha subutilizado.
Para fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio Público, es esencial que las policías municipales, estatales y de las fiscalías trabajen de manera coordinada, garantizando un enfoque profesional que permita esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Modelo de Unidades de Investigación del Delito
El Modelo de Unidades de Investigación del Delito, publicado en enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recupera las mejores prácticas de estados y municipios que han logrado investigaciones exitosas en coordinación con las fiscalías locales.
Este documento tiene como objetivo impulsar la creación o fortalecimiento de un modelo unificado de Unidades de Investigación del Delito en la Policía (de la policía estatal o municipal), estableciendo las bases mínimas con las que debe cumplir dicha Unidad, así como los niveles de madurez que puede alcanzar derivado de la profesionalización bajo un modelo basado en competencias policiales, los requerimientos mínimos para asegurar el equipamiento y la infraestructura policial óptimos con las áreas de Inteligencia y las fiscalías.
El Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ratificado el 18 de diciembre de 2023 en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y publicado el 22 de diciembre de 2023 en el DOF, es producto de una colaboración entre el Secretariado Ejecutivo, la Embajada del Reino Unido en México, el College of Policing del Reino Unido, máximo órgano de profesionalización policial de ese país, y de diversas instituciones de procuración de justicia y seguridad pública municipales, estatales y de la Federación.
Este protocolo establece los principios y estándares que deben guiar cualquier investigación criminal, dirigido a todas las autoridades involucradas en el proceso, desde el primer respondiente hasta quien asuma la investigación en su totalidad.
El objetivo de este documento es proveer un estándar para las investigaciones criminales llevadas a cabo por todas las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia a lo largo del territorio mexicano.
Al ser un documento con aplicación a nivel nacional, dicho Protocolo no indica qué autoridad debe realizar cada uno de los actos o en dónde inicia o termina la participación de cada una, ya que no limita los diferentes modelos que existan en las entidades federativas y municipios. Depende de cada Procuraduría o Fiscalía definir los alcances y límites a la participación de las instituciones de seguridad pública.