Un suceso estremecedor del siglo XVIII dio la pauta para instaurar, hace 34 años, el Día Internacional de la Mujer Indígena en memoria de Bartolina Sisa, indígena aymara boliviana que se levantó en 1782 a la cabeza de su etnia aymara y de la quechua contra la opresión española en Perú, Bolivia, Chile y Argentina, por lo que fue cruelmente asesinada.
Su ejemplo de lucha lo siguen las mujeres de muchas etnias del continente y del mundo por la defensa de los pueblos originarios, contra la discriminación y los abusos cometidos a lo largo de la historia.
Según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población indígena de México sumaba hace dos años 12,025,947 personas, es decir, el 10.1% de la población nacional. De ese universo, 6,146,479 son mujeres (el 51.1%) y 5,879,468, hombres (el 48.9%). No obstante, el sector femenino de esa población presenta los niveles más altos de analfabetismo y baja escolaridad, según registros del Banco Interamericano de Desarrollo (2006).
El Instituto Nacional de las Mujeres (Mujer y Medio Ambiente A.C. Género y Sustentabilidad: Reporte de la Situación Actual, Inmujeres, México, 2008) advierte que aunque existe ya un cuerpo sustancial de leyes nacionales, regionales e internacionales que procuran abordar las cuestiones cruciales del medio ambiente, sigue sin registrarse un avance global sistemático, especialmente el que concierne a la participación de las mujeres y la transversalización de género.
Reconoce que las mujeres organizadas en torno a proyectos de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, así como las redes sociales de organizaciones de la sociedad civil, han colocado en la agenda pública el tema de la relación femenina con el medio ambiente, aunque “aún no se concreta la articulación género-medio ambiente en la formulación de planes, políticas y programas de las instituciones públicas y se mantiene como un asunto lateral de las políticas de desarrollo”.
El pasado 4 de septiembre, Alejandra Hass Puic, presidenta del Consejo General para Prevenir la Discriminación, indicó que en México las mujeres indígenas rurales constituyen el grupo poblacional más discriminado, ya que 85 de cada 100 de ellas se encuentran en pobreza. Lamentó que “este grupo de la población es el que va a pagar el precio de un desarrollo que no es incluyente”, pues si bien “en los últimos cuatro años han mejorado algunas de las condiciones de algunos sectores, en las mujeres indígenas está empeorando. Esto es discriminación estructural: saber cuál es el grupo que siempre va a estar impedido de ejercer sus derechos.”
Desde marzo de 2014, cuando se instala la Mesa Interinstitucional Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y CONAGUA trabajan en el desarrollo humano de las mujeres rurales, indígenas y campesinas teniendo como puntos de partida la identidad jurídica de las mujeres y el acceso a la tenencia de la tierra.
En voz de las mujeres, en todo el mundo los pueblos originarios reclaman su derecho a participar y hacer sugerencias en los planes nacionales de evaluación del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como aseguró en la sede de la ONU el pasado mes de julio Tarcila Rivera, líder indígena quechua, integrante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
