El Berrendo Peninsular, ícono de la conservación nacional

Símbolo de la conservación de México, la población de berrendo peninsular (Antilocapra americana peninsularis) se recupera paulatinamente ya que, de 164 individuos que se contabilizaban en 1993, la cifra actual es de 427, equivalente a un aumento de 260%.

Hoy el hábitat del berrendo son los territorios protegidos Reserva de la Biósfera El Vizcaíno y Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, en Baja California. En este último refugio nacieron cuatro crías en la temporada de reproducción enero-marzo de 2017, dos hembras y dos machos, y en la misma zona ha crecido la población a partir de un hato reproductor de 45 ejemplares silvestres viables genéticamente.

Catalogado como especie en peligro de extinción en la Norma NOM-059-SEMARNAT-2010, este mamífero de un metro de altura y pelo rojizo, que puede pasar meses sin beber agua y vivir en condiciones extremas, poblaba densamente las planicies de Norteamérica. Algunos autores cifran en 50 millones los ejemplares que hasta mediados del siglo XIX recorrían esos territorios en el siglo pasado.

Los esfuerzos gubernamentales para frenar la cacería del berrendo peninsular tuvieron poco éxito. Incluso la prohibición que en 1924 se dictara en México no impidió su descenso poblacional alarmante, según los censos de los ochenta y los noventa. El rescate del único antílope del Nuevo Mundo, comenzó al aplicarse el Programa de Acción para la Recuperación de Especies (PACE) del berrendo peninsular, a partir de 2009.

Actualmente, la CONANP desarrolla el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) con el fin de recuperar al berrendo peninsular y, en coordinación con Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C., opera en tres estaciones biológicas: La Choya, Llano del Berrendo y Juárez, las cuales son unidades de reproducción donde se cría y protege a esta subespecie en una superficie de 54,000 hectáreas, donde ejidatarios de El Costeño y Benito Juárez, entre otros, se benefician directamente mediante el pago por servicios ambientales que la Comisión Nacional Forestales otorga desde 2011.