El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, elaboró el informe de acciones realizadas de octubre de 2016 a junio de 2017 –publicado en la página: www.gob.mx/sesnsp , el cual señala  que de octubre de 2016 a junio de 2017 se capacitó a 247 mil 403 operadores, y de 2013 a 2016 se destinaron 18 mil 705 millones de pesos, lo que representa 89.2% de los recursos programados dentro de los ocho años de implementación.  

Dichos recursos fueron destinados a capacitar operadores, contar con la infraestructura y el equipamiento necesarios, emprender campañas de difusión y hacer los ajustes normativos en las entidades federativas.  

Lo anterior, significa que nueve de cada 10 pesos de los recursos federales destinados a la implementación del Sistema de Justicia Penal fueron asignados durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Tan solo en 2017, el monto de recursos federales para impulsar el Sistema de Justicia Penal asciende a más de mil millones de pesos. 

Sin embargo, después de la etapa de implementación, ahora el Sistema de Justicia Penal se enfrenta a uno de sus mayores retos, la etapa de consolidación.  

Con el propósito de cumplir con lo instruido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo desarrolló un Plan de Trabajo para 2017 con base en 10 acciones focalizadas que corresponden a puntos prioritarios que requieren de atención urgente, con metas que tienen una factibilidad real de poder atenderse satisfactoriamente en un corto y mediano plazo.  

El Sistema de Justicia Penal requiere de planeación integral con objetivos y metas a mediano y largo plazo, lo cual, de manera paralela se está trabajando en una Estrategia Integral de Consolidación, pero sin dejar de atender los requerimientos que de manera inmediata demanda el sistema. 

Como parte de los esfuerzos realizados destacan los siguientes resultados: se desarrolló el Modelo Homologado de Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; el Modelo Homologado de Policía en Funciones de Seguridad Procesal; se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral Justicia Penal para Adolescentes y se construyó las Bases de Datos del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Suspensión Condicional del Proceso, Medidas Cautelares y Procedimiento Abreviado, así como la actualización del Programa Rector de Profesionalización. En ese último se reincorporan 44 programas de formación inicial y especialización en materia del Sistema de Justicia Penal. 

En materia de recursos, para el 2017, a través de los fondos FASP y FORTASEG, se convinieron 452.9 millones de pesos para capacitar a 155 mil 455 elementos policiales en talleres relativos a la actuación del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos, la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación, la investigación criminal conjunta y la actuación del policía en juicio oral.  

En cuanto a los subprogramas especializados del Sistema de Justicia Penal, se convinieron recursos orientados a equipamiento, infraestructura y capacitación para el fortalecimiento de las Unidades de Atención Temprana y Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 30.2 millones de pesos; para la creación y fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, 36.2 millones de pesos; para el fortalecimiento a las Unidades de Policía en Funciones de Seguridad Procesal, 37.1 millones de pesos y para el fortalecimiento de la Figura del Asesor Jurídico de Víctimas, 30.2 millones de pesos. 

Por otra parte, se trabaja permanentemente en la suma de esfuerzos coordinados entre los diferentes responsables de la operación del Sistema de Justicia Penal, quienes el pasado 9 de diciembre de 2016, se dieron cita en la Ciudad de México para celebrar la Primera Reunión Nacional Conjunta de Secretarios Ejecutivos Estatales, Órganos Implementadores y Red Nacional de Voceros. También, se celebró el Tercer Foro Nacional de las Unidades de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso con verificativo los días 6, 7 y 8 de marzo de 2017 en Zacatecas y el Congreso Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal que se realizó el 11 y 12 de mayo de 2017 en la Ciudad de México. 

Este cúmulo de acciones y eventos han permitido, entre otras cosas, estrechar lazos de colaboración con el Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo, las entidades federativas, las Embajadas de los Estados Unidos de América y Canadá, la representación de la Unión Europea, así como con representantes de la sociedad civil como México Evalúa, CIDAC, Causa en Común, Alto al Secuestro, México SOS y la Red Nacional de Juicios Orales. 

Es importante que en la etapa de consolidación del Sistema de Justicia Penal se continúe trabajando de forma coordinada entre los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, así como con la sociedad civil. Es necesario acabar con vicios heredados del viejo sistema y garantizar el respeto a los derechos humanos. 

El informe fue presentado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, a organizaciones de la sociedad civil relacionadas por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Boletín No. 225/17