Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, ciudadanos diputados de este Congreso de la Unión.

Diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, muchas gracias por su anfitrionía.

Y agradezco de manera especial al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, al señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, que nos haga favor de estar presente en esta, la comparecencia de uno de los secretarios de Estado del Ejecutivo Federal.

Lo mismo a integrantes de la Mesa Directiva, como es el señor diputado Marco Adame, quien se encuentra también aquí presente.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Diputada Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres.

Señoras y señores diputados, integrantes de esta Sexagésima Cuarta Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados.

Acudo a esta soberanía para ampliar la información sobre las políticas, acciones y resultados en materia de política interior, incluidos en el Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Lo hago con apego al Artículo 69 de la Constitución General de la República, y con el convencimiento de que el diálogo entre Poderes fortalece nuestra democracia.

La pluralidad que se vive hoy en esta honorable Cámara, es reflejo del México diverso y plural de hoy, así como resultado de la elección más concurrida y compleja que ha tenido nuestro país.

Una elección que transcurrió en paz y demostró la madurez y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.

La jornada electoral del pasado primero de julio es resultado de una reforma política surgida del diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en el denominado Pacto por México.

Una reforma que permitió, entre otras cosas, tener prácticamente paridad de género en el Congreso de la Unión. Por primera vez en la historia de México, contar con una autoridad electoral más fuerte y con mayores capacidades y atribuciones.

Gracias a esta reforma, ahora también el trabajo de presidentes municipales y legisladores puede ser calificado y reconocido por la ciudadanía a través de la reelección.

Más allá de la reforma, la renovación ordenada del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo Federal fue también posible gracias a que se garantizaron las condiciones de gobernabilidad necesarias para llevar a cabo una elección con paz, con certeza y copiosa.

Precisamente ese ha sido un objetivo prioritario de la política interior que tengo el privilegio de encabezar: garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social.

Para ello, este gobierno ha privilegiado ante todo la política, el diálogo con los distintos sectores y actores de la vida pública del país y la construcción de acuerdos como la vía para la transformación del país.

Garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y paz social es un asunto del Estado, que exige corresponsabilidad de los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y, desde luego, la sociedad en su conjunto.

Lo anterior, en el marco de las instituciones, que con el trabajo de muchas generaciones han construido los mexicanos, y que gracias a la vocación institucional del Presidente Peña Nieto, se ha fortalecido.

En este marco, durante este gobierno se ha vigorizado la autonomía de los Poderes de la Unión, asegurando un efectivo contrapeso y distribución de responsabilidades del Estado.

También se ha respetado e impulsado el Pacto Federal, que ha permitido la coordinación y colaboración entre órdenes de gobierno para hacer frente de mejor manera a los retos, y desde la convicción democrática, se está llevando a cabo una transición de la Administración Pública Federal de manera pacífica, ordenada y respetuosa.

A través de las instituciones y aprovechando todas las capacidades y recursos a nuestro alcance, se han puesto en marcha políticas públicas para fortalecer el Estado de Derecho y hacer frente a diversos desafíos, entre ellos dos de enorme complejidad, como son la seguridad nacional y la seguridad pública.

Reconocemos que a pesar de intensos esfuerzos de muy distintos órdenes de gobierno, los problemas en materia de seguridad pública siguen siendo graves y que los niveles de violencia alcanzados en algunas zonas del país exigen seguir reforzando las acciones para devolver la paz, la seguridad a las familias de todo nuestro país.

En todo momento se ha sido sensible a la exigencia ciudadana de mayor seguridad y se ha actuado con decisión para combatir la inseguridad que nos preocupa y nos ofende a todos los mexicanos.

La violencia en sí, tiene causas multifactoriales, muchas de ellas asociadas con algunos factores externos, como la expansión y diversificación de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con el crimen transnacional, que aprovechan la porosidad de las fronteras y han sofisticado sus métodos gracias a avances tecnológicos, lo que incrementa, sin duda, los retos existentes.

Y otros de carácter interno, como son los procesos de urbanización que el país ha tenido en los últimos 60 años, fundamentalmente, y la debilidad de algunas corporaciones de seguridad locales.

Ante ello, se ha destinado casi 25 por ciento más que en la administración anterior, de recursos, es decir arriba de 82 mil millones de pesos para el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad, mejoramiento y modernización de instalaciones, capacitación y dignificación de la labor policial.

Las tareas de seguridad han sido asumidas de manera subsidiaria y temporal por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, en aquellos municipios que no tienen la capacidad de cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad.

Soldados, marinos y policías federales han actuado con valentía, con lealtad y arriesgando su vida para auxiliar a las comunidades más afectadas por la delincuencia. Para ellos, el mayor reconocimiento del Gobierno de la República.

Destaco la labor de servicio que los integrantes de la Policía Federal han desempeñado durante estos seis años, dando muestra de valor, de rectitud, en todo momento.

La participación de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública requiere, no obstante, definir el marco legal para la convivencia de militares y civiles en tareas de seguridad en tiempos de paz, como lo dice la Constitución, siempre con irrestricto apego a los Derechos Humanos.

También en materia de seguridad a nivel federal, se realizaron acciones significativas de fortalecimiento institucional a través de la capacitación y la profesionalización de las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales.

Destaco, entre otras, la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y el fortalecimiento de las Unidades Especializadas de Combate a ese delito en entidades federativas.

Tienen por objeto coordinar y dar seguimiento a las acciones para hacer frente a este flagelo.

El resultado de esas acciones, ha permitido reducir la incidencia de secuestros en 54 por ciento, al comparar agosto de 2018 contra el mes de octubre de 2013, cuando este delito alcanzó su máximo histórico.

Con ello surgen nuevos retos, como el de la extorsión.

También, se puso en operación el número único de atención a llamadas de emergencias, el 911, que hoy tiene cobertura en todo el país, y que permitió que pasáramos de más de 600 números de emergencia en la nación, a solo uno, mejorando con ello operación y atención.

Se creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que concentra información y define estrategias, y cinco centros regionales para mejorar el intercambio de datos, la coordinación y la implementación de soluciones locales.

En esta materia hemos sido puntuales para informar y rendir cuentas al Congreso, en su atribución de poder revisor de las tareas de inteligencia y seguridad nacional, como lo hice en abril pasado al reunirme con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Además, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ha encabezado un esfuerzo nacional para construir una política intersectorial en la materia.

Se puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como un complemento a la estrategia de seguridad.

Se trata del primer programa transversal a nivel nacional para reducir factores de riesgo y crear, a su vez, factores de protección para la población más vulnerable. En él participan conjuntamente, dependencias federales y gobiernos locales.

Además, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito, el PRONAPRED, se destinaron ocho mil 500 millones de pesos a 121 polígonos de atención prioritaria en todo el país, con lo que se desarrollaron 13 mil acciones en materia preventiva.

Por otra parte, se ha consolidado el Sistema Nacional de Protección Civil con protocolos, con normas, con sistemas de monitoreo y de comunicación de vanguardia, de manera que hoy es reconocido a nivel mundial como un modelo a seguir.

Tareas en las que también la Comisión de Protección Civil y de Prevención de Desastres de esta Honorable Cámara ha dado un acompañamiento extraordinariamente valioso.

Este sistema se ha puesto a prueba con los huracanes Ingrid y Manuel de 2013, Odile de 2014, y Patricia en 2015, y hoy mismo está en marcha ante los meteoros que han azotado al país.

En 2017, el mayor desafío que se enfrentó en el país, como sociedad en su conjunto, fueron los sismos del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, y del 19 de septiembre en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y nuevamente Oaxaca.

Frente a estos fenómenos naturales y sus consecuencias, el país ha demostrado lo mucho que se ha avanzado en protección civil, en sistemas de monitoreo y en respuesta ante emergencias.

Gracias a ello, y a pesar de la magnitud destructiva de estos fenómenos, los sismos en particular, la lamentable pérdida de vidas que se ha dado en menor proporción a la que podría haber sucedido, sin los avances en materia de protección civil no hubiera sido posible y se hubieran lamentado, sin duda alguna, mucho más pérdidas de vidas humanas.

Otro tema fundamental que recae en la Secretaria de Gobernación es el de los Derechos Humanos.

Durante esta administración se impulsó una política integral en la materia que amplió y fortaleció el entramado institucional para su protección, promoción y defensa.

Así lo acredita, entre otras cosas, la política nacional de igualdad, que ha permitido avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente su derecho a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación por razones de género.

Por ello, se han construido más de 30 Centros de Justicia para las Mujeres, casi la totalidad de los 40 centros que están en operación al día de hoy.

Con respecto a la atención y protección de los derechos de las víctimas, se dio cumplimiento a uno de los primeros compromisos del Presidente de la República, al emitir la Ley General de Víctimas, con la que se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, constituyéndose y asignándose los recursos federales correspondientes.

Para mejorar la atención de las personas menores de edad, el Ejecutivo Federal presentó como iniciativa preferente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con lo que entró en operación el Sistema Nacional para su protección, de la cual resalta la reforma constitucional al Artículo 123, que prohíbe trabajar a los menores de 15 años, y que permitió que se ratificara un Convenio ante la Organización Internacional del Trabajo, cumpliendo casi con ello los convenios fundamentales de dicha organización.

De la misma manera, con opinión y acompañamiento de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, se aprobó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que mandata la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ya está funcionando y dando resultados.

A este marco jurídico se suma la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, aprobada el pasado mes de abril, la cual facilita gestiones a familiares para recibir beneficios que no se tendrían por no contar con un documento que acredite que su familiar está desaparecido o está en calidad de desaparecido.

En 2017, se aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para investigar y perseguir de oficio este grave delito.

Se ha fortalecido la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, a través de la coordinación y colaboración entre dependencias federales, los Poderes Legislativo y Judicial y los otros órdenes de gobierno. Así, se pusieron en marcha campañas de visible y concientizan sobre este grave delito.

Además, para atender las demandas de pueblos y comunidades originarias del país, se creó en 2013 la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, que ha realizado más de mil 700 foros de consulta con comunidades indígenas de todo el país.

En esta administración se concluyó con la fase de implementación y se está avanzando en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio.

Para ello, este gobierno invirtió cerca de 18 mil millones de pesos, esto representa el 90 por ciento del total de recursos federales asignados al proceso de implementación, desde que este arrancó hace más de 10 años.

Gracias al nuevo modelo, se han reducido los días que toma resolver un proceso penal, de un promedio de 263 días en el fuero federal y 185 días en el fuero común. En 2006, a solo 30 días en el 77 por ciento de los casos, hoy en el 2018.

El nuevo sistema coloca como eje la reparación del daño a las víctimas, la protección de los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia de las personas.

Sin embargo, reconocemos que aún hay retos que debemos atender, especialmente para eliminar la llamada “puerta giratoria”.

A todo ello se suma la reducción en 14 por ciento del número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal, con respecto al sexenio pasado.

Menos del uno por ciento de las quejas que se presentan por actos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos por la Administración Pública Federal, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resultan en una recomendación.

Para proteger a los mexicanos que viven en el exterior y vuelven al país, se fortaleció el Programa Paisano; y para facilitar la reinserción social y económica de los mexicanos que retornan de forma definitiva, se puso en marcha la estrategia Somos Mexicanos.

Con estas acciones, se ha dado apoyo a cerca de un millón de compatriotas desde el 2014.

Para garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes que ingresan al país por nuestra frontera con Centroamérica, se puso en marcha el Programa Frontera Sur, se han entregado casi 90 mil Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo y más de 500 mil Tarjetas de Visitante Regional.

Desde el 20 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación ha expedido cerca de 100 mil CURP a extranjeros solicitantes, garantizando así su derecho a la identidad y acceso a diversos trámites que le favorecen.

La CUPR que se ha entregado, para poderlo centrar en el tema, es el primer documento que puede empoderar a una persona que carece de documentos en el país y que le permite su identificación.

Estos y otros temas, por respeto al tiempo asignado, estaré en plena disposición para que puedan ser platicados, discutidos y desde luego escuchar sus agudas y convenientes críticas.

Estoy a sus órdenes.