Conferencia: “La Política de la Tenencia de la Tierra del Estado Mexicano”
Ciudad de México, jueves 26 de mayo de 2016.
Agradezco muchísimo esta invitación.
Desde chiquita pasaba por aquí enfrente y siempre tuve las ganas de entrar, y miren, por fin estoy aquí atendiendo esta reiterada invitación; debo reconocer ya de varias ocasiones y por fin tenemos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes.
Me da muchísimo gusto estar aquí esta mañana con ustedes para impartir esta Conferencia “La Política de la Tenencia de la Tierra del Estado Mexicano”.
En primer lugar vamos a pasar un video…
Pues empezamos precisamente con este spot que certifica y ratifica el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con dar esta certeza jurídica, esta seguridad a miles de familias mexicanas que aún no tenían o no contaban con el título que acreditara su titularidad sobre la tierra, a propósito del tema de la tenencia de la tierra que hoy estamos abordando y que es una de las prioridades del Presidente de la República.
Yo le agradezco mucho al general Armando Montaño Ponce, subdirector del Colegio Defensa Nacional de la SEDENA que nos invite el día de hoy con una intervención no tan larga y me gustaría más que pudiéramos interactuar, hablar, preguntar, responder, cuestionar, porque creo que después de los 20 minutos nos empezamos a agotar cuando escuchamos a una persona y mejor estoy abierta a sus preguntas a sus dudas, inquietudes que me parece más importante.
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con la finalidad de propiciar condiciones de armonía y orden en todos los ámbitos del desarrollo territorial del país, reconociendo la naturaleza de nuestro territorio y la dinámica de su población.
De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Secretaría se encarga de diseñar, evaluar e implementar políticas públicas en los rubros del desarrollo agrario, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda.
Para tal efecto, en la SEDATU se agruparon a los organismos enfocados a la materia agraria, tales como la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Nacional Agrario (RAN), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y, en materia de desarrollo urbano y vivienda, se agrupó a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (el FOVISSSTE).
Como cabeza de sector en materia de vivienda, la SEDATU también trabaja de manera coordinada con otras instituciones del gobierno federal, particularmente con la Sociedad Hipotecaria Federal, perteneciente a la Secretaría de Hacienda.
Una de las prioridades de la SEDATU, que se hereda de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, como todos ustedes saben precisamente la SEDATU crece o se genera o se crea a partir de lo que era antiguamente la Secretaría de Reforma Agraria, el Presidente Peña no desaparece la parte agraria, la incorpora a una visión mucho más amplia partiendo de un elemento fundamental y de una perspectiva que es muy precisa, que hoy tres de cuatro mexicanos vivimos en las ciudades, que ya 80% de nuestro territorio es fundamentalmente urbano y que 60% de los mexicanos viven en las 59 zonas metropolitanas del país.
México ya no es rural, México es urbano y el reparto agrario dejó de ser una realidad hace mucho tiempo. Entonces sin desconocer lo rural, sin desconocer lo agrario, sabiendo que es todavía una partes muy importante de nuestro país porque hay conflictos pendientes, resoluciones pendientes, y sobre todo, porque lo rural alimenta lo urbano, porque ahí nuestro campo alimenta a las ciudades y se considera importantísimo mantener lo agrario como una parte de esta nueva gran Secretaría que está vinculada a todo el territorio y que tiene que ver con todo el territorio nacional en sus interconexiones, pero en donde ya lo urbano pasa a jugar un papel trascendental por su importancia en el país.
Sin embargo, parte de las tareas que se heredan son precisamente la regularización y el ordenamiento de la tenencia de la propiedad agraria en todas sus variantes para orientar y vigilar la aplicación de las leyes y reglamentos agrarios, procurando incorporar a sujetos y organizaciones agrarias en la solución pacífica de controversias.
Tenemos la tarea de promover una nueva cultura agraria, ahora que la tienen que asumir hombres y mujeres del campo tanto en lo individual, ejidos y comunidades en lo colectivo, tienen la oportunidad de decidir su propio destino, respecto al derecho, goce y disfrute de sus tierras.
Con la nueva Ley Agraria y la creación de autoridades jurisdiccionales con autonomía para resolver los conflictos agrarios, con una Procuraduría Agraria para asesorar y representar a los sujetos agrarios, respondemos con modernidad al campo mexicano.
Nuestro compromiso para regularizar la tenencia de la tierra, la organización campesina y la capacitación es irrenunciable.
Las aspiraciones de los campesinos fueron recogidas en la primera Ley Agraria de 1915 y quedaron confirmadas en la Constitución de 1917, desde entonces se han reconocido los derechos de los ejidatarios y de los comuneros sobre la tenencia de la tierra.
Concluido el reparto agrario en 1992, la prioridad del gobierno se orientó a ordenar la propiedad rural, a resolver los conflictos por la tenencia de la tierra y a fomentar el desarrollo agrario.
La estructura de la tenencia de la tierra en México está integrada en tres grandes rubros:
- La Propiedad Social abarca 52.8% de nuestro territorio nacional, es decir, más de la mitad de nuestro territorio es propiedad de ejidatarios y comuneros.
- La Propiedad Privada, que es el 43.5%
- Federal con 3.7%
De la superficie total de nuestro país, que asciende a 196 millones de hectáreas, 103 millones de hectáreas fueron entregadas a los campesinos durante el reparto agrario.
Por su parte, la propiedad social está organizada en 31,992 núcleos agrarios, de los cuales casi el 93% son ejidos, y el 7.5% restante son comunidades que en su mayoría, como ustedes saben, son comunidades indígenas de nuestro país.
De los casi 32 mil núcleos agrarios, aproximadamente 8 mil son indígenas, 63% de ellos ejidos indígenas y el 37% restante se conforma por tierras comunales.
Durante el proceso de certificación de la tierra, los núcleos agrarios delimitan su superficie de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Agraria. El Gobierno Federal los apoya mediante el Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR).
Se ha delimitado la superficie de 100.1 millones de hectáreas, de las cuales 82.9 millones de hectáreas en ejidos y 17.2 millones en comunidades.
A más de 20 años de concluido el reparto se han regularizado casi 963 mil hectáreas en más de 30 mil núcleos agrarios, y se han entregado 9 millones 447 mil documentos beneficiando a más de 4 millones 661 mil familias.
El reparto agrario logró redistribuir la propiedad de la tierra, pero también fue origen en algunos casos de conflictos entre ejidos, comunidades o particulares, propiciado por errores, intereses y posesiones históricas.
Si bien se han regularizado la mayoría, aún persisten otros conflictos con origen multifactorial y en los que el común denominador o fue durante mucho tiempo la desatención histórica.
Las controversias presentan características comunes, como una antigüedad promedio de 40 años, involucran a ejidos y comunidades con población indígena, reportan enfrentamientos violentos con pérdida de vidas humanas, se ubican en micro regiones con mayor pobreza y marginación y se complicaban por la incidencia de factores sociales, agrarios, políticos, religiosos y económicos.
Durante los últimos ocho meses se han resuelto 31 conflictos en varios estados del país. La superficie liberada en conflicto presenta alrededor de 70,000 hectáreas a favor de más de 10,000 beneficiarios.
Algunos ejemplos emblemáticos de conflictos resueltos está el del Ejido Casas Grandes, en Chihuahua, que tenía 89 años sin ser resuelto y que al final de cuentas encontramos una solución para 571 familias.
Otro ejido también en este mismo estado de Chihuahua, Huahuacherare, que tardó 64 años en resolverse y que benefició a 220 familias Rarámuri con una inversión del gobierno de 16 millones de pesos.
Para poder culminar las controversias o para entregar los documentos de propiedad, quizás se tuvieron que dirimir conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones, por ejemplo.
Sin olvidar conflictos por la sucesión de derechos, la reparación de perjuicios a comuneros campesinos o las controversias de contratos, a veces solo de palabra.
Todos ellos hemos venido resolviéndolos para dar paso a la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto de Justicia Cotidiana tratando de llegar a una conciliación entre las partes para que sea en ese ámbito donde puedan resolverse, y si no es posible en ese terreno, pues desde luego dar cuenta a los juzgados y tribunales que conforman el Tribunal Superior Agrario con el que hemos estado trabajando.
Con estas acciones se hace patente la decisión del Gobierno de la República de impulsar todas aquellas políticas que permitan sacar de la marginación y la pobreza al campo en México y convertirlo en motor de desarrollo y fuente de paz social.
Desde luego que la certeza jurídica es un elemento fundamental para incentivar la inversión, sobre todo ahora que pensamos que buena parte de esta propiedad social es ya parte de nuestras zonas urbanas del país.
Desde Luego, el Estado mexicano en este caso de obras tiene instrumentos, como es el caso de la expropiación que finalmente es un acto de autoridad, porque no puede ponerse el interés particular muchas veces en una visión desmedida por encima de un interés público, como es el hecho de que exista un nuevo aeropuerto moderno que tenga la capacidad de atender y responder a los nuevos requerimientos del país, porque no estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando del aeropuerto que es entrada a México, es el punto de llegada, y desde luego de salida, y desde luego desde hoy debemos, y todos lo sabemos es absolutamente insuficiente para las necesidades actuales.
Podemos decir que 4,818 núcleos agrarios han optado por el dominio pleno, aproximadamente el 15% de los núcleos agrarios existentes. Qué se dijo en la Reforma de 1992, se está privatizando la tierra, se está privatizando el ejido; la noticia es que después de tantos años, estamos hablando de más de 20 años de esta reforma que solamente el 15% de los núcleos agrarios ejidales han pedido el dominio pleno para poder en su caso vender sus parcelas, es decir, todavía una gran parte de la tierra, de los núcleos agrarios siguen siendo dueños de sus tierras, siguen siendo dueños de sus parcelas, este porcentaje señalado alcanza apenas 2.5% del total del reparto agrario. Esa idea de que se iba a privatizar se rebasó con estas cifras tan elementales, solo el 2.5% del reparto agrario ha sido parte de este dominio pleno y por consecuencia la inmensa mayoría de esta superficie sigue estando en manos de sus dueños.
Hasta hace muy poco, el Registro Agrario Nacional es el que registra todos estos trámites de certificados agrarios y el que expide títulos de dominio pleno; tenía un enorme rezago en la expedición de los documentos que acreditaban la propiedad de la tierra, un rezago de más de 153 mil expedientes.
El 6 de enero, el Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la conmemoración de la Ley Agraria, en Veracruz, giró instrucciones a la SEDATU para que se eliminara ese rezago y se agilizaran los trámites. Homologando criterios de actuación, sistematizado los procesos y realizando evaluaciones periódicas se logró que en sólo tres meses se eliminara el rezago de estos trámites.
Ahora, más de 124 mil familias cuentan con documentos que acreditan la propiedad de sus tierras, otorgándoles certeza jurídica y patrimonial.
Y algo aquí muy importante, porque estaba viendo el dato del INEGI que en México creció el tema de la corrupción; el INEGI señala que el 90 por ciento habla de que hay corrupción en México, tal vez porque muchas veces no sabemos comunicar lo que estamos haciendo.
Nosotros abatimos el rezago en los trámites agrarios en estos 153 mil en tres meses, lo hicimos de manera gratuita y yo cuando llegue a la SEDATU y cuando el Presidente me dio esta instrucción, pregunté por qué hay este rezago, y nos dimos cuenta que en muchos escritorios estaban los papeles porque liberar una hectárea muchas veces estos títulos de dominio pleno son promovidos para el desarrollo urbano y precisamente esta tierra va a adquirir un gran valor.
El que tiene en sus manos la potestad de firmar o emitir el documento tiene un poder y sabe lo que eso vale, y nos encontramos, y hay que decirlo, con gente que guardaba el documento, que no lo expedía, que no lo entregaba porque sabía que podía obtener una contraprestación por esta regularización. Qué hicimos, que a nivel central, el director general tomó el procedimiento e hizo todas estas evaluaciones cada semana y que logramos pactar con la Secretaría de la Función Pública y lo que se decía en el video, este operativo de usuario simulado, entonces tomamos y emprendimos este proceso y empezamos en una entidad de la República empezando donde teníamos denuncias y logramos que el operativo fuera exitoso, actuó el ministerio público junto con Función Pública se llevó a la gente en el acto mismo, al ministerio público, fueron consignados y ese simple hecho de que nos encargamos en comunicárselo a todas nuestras delegaciones y a todo personal de las delegaciones generó una situación de que no vaya a caer yo en la próxima y más vale sacar los papeles y darle curso, y en tres meses regularizamos 153 mil expedientes.
Pero además, el Presidente Peña nos pidió que precisamente por eso de la justicia cotidiana la gente no tuviera que pasar más de 60 días para obtener una resolución positiva o negativa, y desde entonces, desde el último día de marzo, todos nuestros trámites en el Registro Agrario Nacional no pueden exceder los 60 días, así que mantenemos ese no rezago como parte de esta seguridad patrimonial, esta justicia cotidiana, y gracias a estos hechos hemos entregado escrituras, títulos y certificados en todo el país en beneficio de la población, y es muy satisfactorio cuando a veces ya son los nietos de quienes fueron los dueños originales de sus tierras, que lucharon por años en regularizarlas, quienes reciben estos documentos y la satisfacción y la enorme alegría que le da a la gente tener esa certeza, esta seguridad porque además estamos en todos los casos del patrimonio de sus hijas y de sus hijos. Entonces este es un proceso muy importante.
Asimismo, para liberar el potencial creativo de los jóvenes emprendedores que ya no se vinculan directamente a la tierra, que ya su futuro no lo relacionan con la tierra, aunque son hijos de ejidatarios, aunque son hijos de comuneros y que es importante arraigar, muchos de ellos tienen un nivel escolar mucho mayor que sus propios padres y sus propias madres, y entonces hemos impulsado, impulsamos desde la creación de la Secretaría un programa de apoyo para que estos jóvenes pudieran aprender proyectos productivos y pudieran encontrar una razón de ser en el campo y en sus tierras y de sus propios padres, de esta manera se apoyó a miles de jóvenes, de los cuales son mujeres, un proyecto que empezó en SEDATU y que ahora con base en el presupuesto base cero se pasó precisamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Como parte de todo este proceso le corresponde a la SEDATU tener intervención en dos aspectos fundamentales, que tienen que ver con la tenencia de la tierra en el medio agrario, pero que no están vinculado a los desarrollos urbanos ni a la producción agropecuaria; estamos hablando de que son dueños de la tierra, campesinos y comuneros, pero en el subsuelo tenemos minerales, metales, y hoy son dos proyectos estratégicos del Presidente Enrique Peña Nieto, qué ha pasado con las comunidades mineras durante más de 500 años porque nuestra actividad minera está relacionada con la conquista y nuestra actividad minera, que es una actividad económica muy importante para el país que le genera empleo y genera ingresos por la extracción de oro y plata, por decir algo, pero teníamos una gran injusticia, minera rica pueblo pobre. No es gratuito que muchas comunidades, sobre todo indígenas del país, se resisten a la entrada de empresas mineras porque señalan y siempre la conexión o vínculo con la tierra temen que la empresa depreda el medio ambiente, que llega y explota la mina y en cuanto se acaba la mina se van y se quedan pueblos fantasmas y no genera desarrollo más que en lo que corresponde a la actividad de la mina y la gente se niega. México tiene un gran potencial minero y sin embargo no se puede desarrollar muchas veces este potencial porque los dueños de la tierra dicen que no ven ningún beneficio de que, si bien eso que está abajo como propiedad de la nación, yo soy dueño arriba, y si yo no te doy el consentimiento no puedes explotar esos minerales y esos metales.
Entonces qué hizo el Presidente Peña, pensó en un acto de justicia social, y por primera vez, gracias a la Reforma Hacendaria, se estableció un derecho, que es por decirlo de otra manera, un impuesto a las empresas mineras, esa Reforma Fiscal controversial, discutida, que sectores empresariales de nuestro país señalaron que estaban en contra, que lo más fácil era poner IVA a los alimentos y medicamentos, en lugar de una reforma, como dijo siempre el Presidente Peña, que pague más quien más tiene, el IVA en alimentos y medicinas hubiera generado más pobreza en los estamos más pobres de nuestro país, uno de esos impuestos fue el impuesto a las minas, las empresas tienen que pagar ahora un porcentaje por la extracción que hacen por el oro y la plata, el zinc y otros metales y minerales y ese recurso del 100 por ciento que se recauda, 50 por ciento se va al municipio, el 30 por ciento se queda en la entidad, siete estados concentran la gran parte, y el 20 por ciento se queda en la Federación bajo el concepto lógico de que estamos hablando de recursos de la nación y ese impuesto le corresponde en parte a todos los mexicanos y no sólo ahí en donde se está haciendo la labor de extracción, pero por primera vez y en un marco de ajuste presupuestal, en donde más bien nos están quitando dinero estamos yendo a los municipios y estamos llegando a los estados a entregar dinero a toda la República.
La semana pasada estaba en Sonora, que es el estado que ocupa el primer lugar en el Fondo Minero, tan solo por el Fondo Minero tiene más de 600 millones de pesos, y le entregué el recurso a un municipio y le pregunté usted cuánto tiene al año para obra pública y me dijo 22 millones de pesos y le estaba entregando un cheque de 122 millones de pesos para obras en su municipio, gracias a este Fondo Minero, y entonces los dueños de la tierra y las comunidades se ven ahora beneficiadas por esa actividad minera.
Hay que reconocer que muchas de las minas para granjearse a la población construían escuelas, hacían una obra social y con eso tratan de conciliar muchas veces la situación. Sin embargo, eso era discrecional ahora el recurso se decide en qué se va aplicar a través de un comité que está presidido por la SEDATU, en el que participan los municipios, el estado y un representante de las empresas mineras para verificar que los recursos que ellos están pagando, como derechos, realmente se están traduciendo en obras y en acciones a favor de las comunidades; un representante de los núcleos agrarios y esto le da mucha transparencia porque ahí se deciden los proyectos y las obras que se van a realizar; por ejemplo, señalaba la gobernadora Pavlovich que se va a construir una carretera, no recuerdo los nombres porque son muy complicado, en la sierra de Sonora, que va a costar más 150 millones de pesos y que era una carretera largamente esperada por todas esas comunidades y pueblos que están prácticamente incomunicados.
O en el caso de Chihuahua que esté recurso no se va a invertir en la gran obra, sino se va a invertir en electrificar comunidades que existían antes de que Chihuahua fuera un estado y que son originarias, comunidades indígenas que ya estaban ahí antes de Chihuahua, afuera Chihuahua y que en pleno Siglo XXI no tenían energía eléctrica; ahora ya las estamos electrificando, gracias a este Fondo Minero.
Entonces, el ser comunidades dueñas de esas tierras están viéndose beneficiadas de lo que se extrae del subsuelo y lo mismo pasa con la inversión eólica en el caso de Oaxaca, seguramente conocen de que muchas veces impiden el asentamiento de este tipo de inversiones porque dicen en primer lugar hay un gran debate al que yo también me pregunto, el aire de quién es porque tenemos mucha claridad de quién puede ser el subsuelo y de quién puede ser la tierra, pero no tenemos claridad del aire de quién es, y eso es lo que nos argumentan el aire es nuestro porque aquí está nuestra parcela y se tiene que llegar, incluso ha habido hasta consultas, a veces hablamos de comunidades indígenas, y los tratados internacionales nos obligan hacer una consulta cuando se van a realizar inversiones en comunidades indígenas que son dueñas de sus tierras para que se puedan asentar estas inversiones.
Pero vamos al punto de que en muchas veces se asienta una inversión multimillonaria en dólares pero ellos que son los dueños de esa superficie no ven traducida esa gran inversión en un desarrollo regional, y este es la gran paradoja que tenemos que resolver.
¿Qué hizo el Presidente Peña en el caso de la Reforma Energética? Pensó que va a venir con toda la reforma que se hizo una gran inversión en materia de hidrocarburo; de hecho, ha habido unas rondas, la última, la mitad aproximadamente es propiedad social, varios de los pozos que se van a explotar, estamos hablando de propiedad social.
Qué se hizo para que los dueños de la tierra permitan esta inversión y esta explotación buscando hidrocarburo, o lo que sea que se sientan socios, partícipes, del proyecto, es decir, que no se les pague una miseria por ser dueños de la tierra en donde se va a ser una explotación y en donde probablemente va a generar inversiones multimillonarias en dólares; ellos siguen siendo pobres y llegan las grandes inversiones. Entonces, la Reforma Energética, considero, creó algo que es un giro muy importante para darle mayor atractivo para que los dueños de la tierra, cuando se trata de propiedad social, sí estén realmente con la intención de poner sus tierras a esta disposición de esta inversión por qué porque recibirán un porcentaje de las utilidades.
Si eso hiciéramos en el caso minero o en el eólico pues estoy absolutamente segura de que habría mucho más inversión en estas dos grandes empresas económicas, porque en el momento de que el campesino ya es socio, no solo va recibir un dinero por la renta de su tierra sino además una utilidad por lo que ahí se extrae, pues evidentemente que ya es un recurso mayor, y entonces se le está dando más sentido a su poción, su tenencia y a su propiedad sobre la tierra y esto es muy importante, es algo que apenas inicia, vamos a ver el desempeño de todo este proceso porque apenas se han dado pasos en las licitaciones de la Ronda Uno, la tres de la Ronda Uno.
Hemos identificado porque a nosotros nos toca como la SEDATU donde hay propiedad social que se van hacer estas inversiones y el poder convencer nos toca a nosotros a través de la Procuraduría Agraria decirle a estos campesinos lo atractivo que será ahora para ellos desde el punto de vista económico el que sus tierras, a lo mejor de estar produciendo nada ahora tendrán una utilidad mayor, generarán una riqueza y que ellos serán parte de esa riqueza que se va a generar.
Y si no hay un acuerdo entre los inversionistas y los propietarios, también le toca a la SEDATU por Ley ser mediadora durante seis meses para tratar de llegar a un acuerdo. No teníamos mediadora en materia energética, se requiere pues toda una capacitación para mediar entre dos partes que tienen intereses muchas veces encontrados y hay que llegar al punto de conciliación sin estar a favor de una de las partes, sino conciliar con las dos partes, tener esa capacidad de ser neutrales y conciliar.
Estamos iniciando un amplio proceso de capacitación de servidores públicos porque no pueden ser mediadores que vengan del sector privado porque aquí debe de prevalecer el interés público por encima de cualquier otro interés, el interés de la Nación de que se realice esa inversión, pero con justicia para los propios servidores, uno que venga con la óptica privada a lo mejor se entiende con el inversionista y no logra conciliar.
Tiene que haber personas con una gran visión, compromiso, mística que entienda que su labor es conciliar las dos partes y que su labor es lograr que esas inversiones que son muy importantes para el crecimiento del país y que son la gran apuesta de la Reforma Energética se desarrollen, pero al mismo tiempo con justicia para los propietarios sociales de la tierra para que a ellos también se traduzca en un mayor desarrollo de sus familias y sus zonas.
Donde los campos van a pasar por propiedad privada pues ahí no hay problema porque es un arreglo entre particulares. Desde luego, la Ley ha dado un último recurso en caso de que no haya una conciliación, pues podemos nosotros aplicarla a la servidumbre de paso, podemos prácticamente decirle al campesino ahí te va.
Nosotros no queremos llegar a ese extremo, queremos llegar a la conciliación y que todas las partes se sientan contentas porque aunque tengamos la servidumbre de paso, si los campesinos deciden tronar ese pozo ahí no hay inversión, y lo hemos visto en muchas partes del país, tenemos que conciliar.
También tenemos que actuar con la Ley porque quiero decirles que tenemos casos como ese del gasoducto que va de Tepeji del Río a Tula, no de Atotonilco de Tula a Tula un gasoducto que va alimentar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que va a lograr que sus costos sean más baratos, y por lo tanto más barata la luz que se genere, la energía eléctrica que se genere y pasa por pura propiedad social, y muchos de los ejidatarios han estado de acuerdo y ha pasado y se ha construido el gaseoducto, pero le falta un kilómetro y medio para concluir y si no hay ese kilómetro y medio pues lo demás que se construyó no sirve de nada porque es justamente lo que conecta con la CFE, la CFE está en Tula, qué es lo que pasa ahí.
Estamos hablando de un reclamo legítimo, sí de la mayoría de las comunidades que incluso lograron llegar a acuerdos con la empresa que es una empresa canadiense que pues les ha construido escuelas, les ha invertido y les ha pagado, y eso es importante también decirlo, no muchas veces los líderes ejidales son líderes que piensan en la comunidad, muchas veces se aprovechan de sus circunstancias para enriquecerse ellos mismos.
Tenemos un líder que por ese último kilómetro y medio pide 60 millones de pesos, no para la comunidad y no lo podemos permitir. Ahí se tiene que imponer la Ley porque además esta empresa canadiense que es pública nos dice nosotros podemos construir 60 millones de pesos de escuelas, pero no le podemos dar un centavo absolutamente a nadie que sea motivo de una extorsión o chantaje porque somos una empresa pública y que además tiene un Código de Ética.
Y ahí el único recurso es la Ley, la autoridad y para eso somos Gobierno, y no podemos pensar en pueblo bueno y empresarios malos, sería una visión o mala idea del asunto; en su gran mayoría los mexicanos y los campesinos son gente buena, gente trabajadora, pero traemos un problema de representación, muchas veces a nivel del medio rural de núcleos agrarios o de comisionados ejidales que ya no son representativos y que ven por sus propios intereses en muchas de comunidades y que este tipo es un mecanismo para enriquecerse, y esto no lo podemos permitir porque además estaríamos poniendo en jaque todo el proyecto de la Reforma Energética porque cualquiera en el último milímetro de un gaseoducto o de una explotación nos va a impedir en aras de dinero que se hagan estos procesos y aquí sí yo retomaría la frase del Secretario de Gobernación muy reciente tener la mano firme, no dura, pero firme, porque tenemos a la Ley y la Ley no da todos los instrumentos para evitar que haya personas que se aprovechen de estas circunstancias, se aprovechen de todas estas situaciones.
Con estos dos grandes temas insisto nos permitirá trabajar en los 25 estados, en 199 municipios y con el tema de la Reforma Energética, y todo el desafío que esto nos plantea en materia de propiedad social, desarrollo energético.
También el tema de crecimiento de nuestras ciudades, la manera en cómo ha crecido, de manera desordenada, desenfrenada, la población en muchas ciudades ha crecido dos veces y el territorio se ha multiplicado por siete, es decir, la población sólo por dos y el territorio de la ciudad por siete, qué quiere decir, que nos hemos extendido y haya andamos construyendo a horas de donde trabaja la gente o en donde están las casas que después se abandonan porque son totalmente inviables para las personas porque tienen que hacer dos horas para el trabajo y más para las mujeres que les significa dejar todo, a sus hijos e hijas, y seguimos construyendo más lejos de los servicios del equipamiento urbano, cada vez nos cuesta más dinero llevar los servicios hasta allá porque crece la ciudad y crece sobre la propiedad social y crece sobre la propiedad social, como decíamos muchas veces, sin datos jurídicos de por medio.
Entonces, es la realidad de esta zona periurbana que es además en donde se asienta la pobreza en nuestras ciudades, que tienen esta característica de ser profundamente desiguales, ustedes las conocen, tenemos los grandes centros urbanas residenciales y tenemos estas zonas periurbana donde la gente ha autoconstruido; sus casas son de un cuartito, zonas grises, sobre la propiedad social, sobre los ejidos, sobre las comunidades sin que existan actos jurídicos que den certeza a quienes ahí viven.
Entregábamos con el Presidente Peña el otro día escrituras a concesionarios de más de 40 años, en colonias en Altamira, Tamaulipas, establecidas hace 40 años, pero sobre ejido, en donde los dueños al final de cuentas de esa tierra siguen siendo de los ejidatarios, ante cualquier acto jurídico ellos siguen siendo los dueños, y tuvimos que llegar a una conciliación y pagarle a los ejidatarios y se pudo hacer este proceso de escrituración de más de 30 mil familias que vivían en esta condición de incertidumbre porque el asentamiento era en propiedad social y esto pasa en muchas partes del país.
Y lamentablemente no tenemos los recursos suficientes para resolver todos estos conflictos porque todos significan recursos, pagarle al ejidatario, pagar a los propietarios sociales de la tierra, escriturar, pues estamos avanzando poco a poco con los recursos que tenemos pero queriendo si cumplir con este compromiso de que la tenencia de la tierra sea clara, contundente y que no dé pie a más conflictos agrarios en nuestro país.
Es lo que yo les podría decir desde nuestra visión, de lo que estamos haciendo y de cómo estamos contribuyendo a que la tenencia de la tierra de ser un conflicto social pase a ser un proceso de certeza jurídica, de seguridad patrimonial y de consecuencia de paz.
En la medida que esto esté regularizado y con certeza sabremos que será motivo de paz y de no enfrentamiento como todavía sucede en muchas partes del país, sobre todo en la zona sur de ejidos con ejidos se enfrentan por interposición de hectáreas, de límites, de ejidos con ejidos se enfrentan con ejidos y comuneros se enfrentan por la propiedad de la tierra, tenemos el caso de los Chimalapas y de Oaxaca y Chiapas en donde dos comunidades se confrontan por saber de quiénes son dueños de los Chimalapas o una parte de esta propiedad.
Sí estamos hablando de paz social. Sí estamos hablando de un ejercicio que tiene que ver con la tranquilidad del país, además con la justicia social que es uno de los grandes principios que animan al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Muchas gracias.