México presenta un acelerado proceso de urbanización y metropolización. En 1950 el 43 % de los habitantes vivía en localidades urbanas, en 970 aumentó a un 59 % de la población, en 1990 el porcentaje se incrementó al 71%, y para el año 2020, del total de 126,014,024 habitantes el 79% vive en ciudades. Su sistema urbano para el año de 1950 comprendía 84 ciudades, que se elevaron a 174 urbes en 1970 y a 304 ciudades en 1990. Para 2018, se tenía 401 ciudades, de las cuales 74 correspondían a zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos. Al año 2020, se han delimitado e identificado 92 metrópolis, de las cuales 48 corresponden a zonas metropolitanas, 22 a metrópolis municipales y 22 a zonas conurbadas.
Se estima que para 2040 sea el noveno país más poblado del mundo y donde alcanzará los 145 millones de habitantes, con un nivel de urbanización de hasta 85 %de la población nacional.
Esta vertiginosa transformación, aunado a políticas de planeación y gestión poco eficientes, ha propiciado una “expansión urbana desordenada e insostenible de los asentamientos humanos”. Asimismo, ha ocasionado desequilibrios en cuanto a la configuración espacial de la mayoría de las ciudades mexicanas, produciéndose desigualdades en los patrones de ocupación del suelo, insuficiente mezcla de actividades, falta de conectividad y una marcada segregación socioespacial, donde las actividades económicas y de servicios se han concentrado principalmente en las zonas centrales y la oferta de viviendas económicamente asequibles se han ubicado en la periferia. Se ha restringido el acceso a los servicios, equipamientos, y sistemas de transporte público, con redes viales que no incentivan los viajes a pie, en bicicleta o micromovilidad, donde la mayoría de los traslados de los habitantes son por transporte privado, con la consecuente generación de emisiones de gases de efecto invernadero que para 2019 representó 18,5 % del total, así como el aumento en los niveles de ruido y riesgo para la salud pública.
Por lo tanto, pensar en la planeación de ciudades orientadas hacia medios de transporte más sostenibles, representa hoy una de las principales formas de construir y transformar el territorio hacia espacios más sostenibles e inclusivos para los ciudadanos.
En este sentido, las estrategias y proyectos de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) propone acciones que articulan componentes urbanos como el uso y ocupación del suelo, la distribución de espacios públicos y la promoción de actividades económicas, con los sistemas de movilidad, para lo cual se busca que las viviendas y la oferta de servicios se encuentren a distancias cortas, así como que sean accesibles fácilmente mediante transporte público colectivo. De esta manera, se reduce el tiempo de viaje y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), optimizando el uso de recursos y servicios, promoviendo mejoras en la urbanización y proporcionando la integración al transporte colectivo.
Para llevar a cabo estrategias y proyectos DOT se debe tomar en cuenta el marco normativo general y específico del territorio donde se implemente el proyecto DOT, en las materias de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, movilidad y seguridad vial y, ambiental, así como los instrumentos de planeación y de gestión del suelo que permitan definir el contexto para su desarrollo y ejecución adecuada, cumpliendo con los lineamientos y requerimientos establecidos.